La ampliación de los 420 euros desde el 1 de enero entrará en vigor en noviembre

Nuevamente nos incorporamos para celebrar la ampliación de los 420 euros y de subsidio de desempleo a 700.000 personas desempleadas, que habían perdido su prestación desde el mes de enero de 2009.

Desde Comisiones Obreras se valora el acuerdo como muy positivo, destacando que, de acuerdo con los cálculos del sindicato, retrasar la retroactividad de esta medida al 1 de enero permitirá incluir entre los beneficiarios a más de 500.000 parados que, de otra manera, no habrían podido cobrar esta ayuda temporal.

Aunque para CCOO lo deseable es que esta ayuda extraordinaria se hubiera universalizado, pudiendo percibirla todo aquel parado que hubiera agotado la protección y no contara con ingresos, el hecho de que el umbral de acceso a la misma se vaya a situar en el 1 de enero hará que sólo un pequeño porcentaje se quede fuera, quedando protegidos la mayoría de los parados que no cobran prestaciones.

Comisiones reivindicaba que la medida fuera un derecho subjetivo, a través de mecanismos como la Renta Activa de Inserción, pareciendo positivo que se haya retrasado ese plazo al 1 de enero, sobre todo porque es una decisión que cuenta con un amplio consenso parlamentario y porque pone en el centro a las personas, por encima de otras consideraciones. En una reunión celebrada la noche del pasado lunes, los sindicatos plantearon al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que si no universalizaba la ayuda, lo menos que podía hacerse era establecer el plazo a contar para acceder a esta subvención en el 1 de enero, frente al 1 de agosto que establecía el decreto ley que la regula.

Corbacho ofreció, en cambio, retrasar la retroactividad de la medida hasta el 1 de junio, oferta que fue considerada insuficiente tanto por los sindicatos como por la mayor parte de la oposición, que exigieron la fecha de 1 de enero como mínimo.

El conste de la medida será de 700 millones adicionales, según explicó la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Rojo recordó que cada mes que se amplíe la retroactividad de la medida tiene un coste de 100 millones de euros, por lo que a los 642 millones de euros iniciales que calculaba el Ejecutivo (aplicando la ayuda desde el 1 de agosto) hay que añadir ahora los 700 millones correspondientes al periodo enero-julio, lo que arroja un total de 1.342 millones de euros.

En cuanto a los beneficiarios potenciales de la ayuda de 420 euros, Rojo adelantó que la ampliación de la retroactividad al 1 de enero supondría ampliar esta cifra en 250.000 o 300.000 desempleados, lo que, unido a los 340.000 que preveía inicialmente el Gobierno, hace que la cifra final supere los 600.000 beneficiarios.

Rojo recordó además que el principal requisito para acceder a esta ayuda es tener voluntad de reinserción en el mercado laboral y que además hay que haber agotado todas las prestaciones sociales y contar con rentas que no superen el 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Poe su parte el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció que el acuerdo con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para la ampliación de las ayudas de los 420 euros a los parados sin subsidio a aquellos que se encuentran en esta situación desde enero de 2009 se materializará de la manera "más urgente posible", para que entren en vigor "a principios de noviembre".

Poe su parte el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho está "absolutamente de acuerdo" con el aumento de estas prestaciones que beneficiará a 700.000 personas, quien explicó que la voluntad del Gobierno es que se beneficien "todos aquellos que lo necesiten".

El portavoz parlamentario del PSOE no explicó los motivos del cambio del umbral para ampliación de las ayuda, fijado por Trabajo el lunes en el 1 de junio, si bien destacó el papel activo que han tenido en la negociación los sindicatos, a los que agradeció su "esfuerzo y racionalidad".

El acuerdo es fruto del pacto alcanzado con las formaciones de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai), se han sumando los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria.

Por este acuerdo, estos grupos se comprometen a no presentar otras enmiendas al texto más allá de las pactadas sobre ampliación de las ayudas, un extremo que confirmó posteriormente el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

La medida tardará en entrar en vigor, pues los parados y paradas tendrán que esperar un mínimo de dos meses para empezar a cobrar las ayudas, siempre que no se pongan problemas en el trámite parlamentario la aplicación de la medida se puede retrasar un mes más.

Otro de los cambios que sufrirá la medida aprobada por el Gobierno en agosto, es la eliminación del artículo que condiciona el mantenimiento de estas ayudas a la existencia de una tasa de paro del 17%.