Borrador de declaración de las organizaciones
sindicales ante la “Cumbre del G20 sobre la crisis”
1. Los líderes del G20 se reúnen con el telón de fondo de una economía mundial al borde del precipicio. El drástico empeoramiento de la crisis financiera, con las quiebras de importantes bancos en septiembre de 2008 seguida por el colapso de los mercados bursátiles en octubre, está afectando de manera dramática a la economía real. Está previsto que el PIB caiga en Estados Unidos y en Europa; el desempleo se va a disparar y estos efectos negativos se propagarán a las economías emergentes y en desarrollo. La economía mundial se enfrenta a una recesión gravísima, cuya duración e intensidad dependerán de si las acciones de los gobiernos son oportunas y están correctamente dirigidas. Esta crisis sistémica viene a sumarse al incremento sin precedentes de los precios de la alimentación y las materias primas de principios de este año, y a la crisis alimentaria resultante de los países en desarrollo. También se produce sobre un panorama de cambio climático acelerado que, si no se toman medidas con rapidez, afectará a los más pobres de todo el mundo con la máxima gravedad.
2. La crisis económica actual se ha iniciado en Estados Unidos como resultado de la combinación de una crisis de la vivienda, una crisis del mercado del crédito y una crisis del empleo. Cada una de ellas es lo bastante grave por sí sola, pero su interacción está creando una dinámica especialmente compleja y peligrosa. Los precios de la vivienda se han hundido, se han producido ejecuciones hipotecarias y se han perdido billones de dólares en riqueza neta de los hogares. Los consumidores contienen el gasto a medida que su riqueza disminuye, lo que ralentiza la economía y fuerza a las empresas a destruir empleo y a reducir los sueldos y las prestaciones. El continuo descenso de los precios de la vivienda agrava también la crisis crediticia, puesto que el valor de los activos hipotecados sigue socavando los balances de situación de las firmas financieras, ya descapitalizadas. Este círculo vicioso se está repitiendo ahora en otros países, industrializados y no industrializados.
3. Con la entrada forzosa de los gobiernos en los mercados financieros para nacionalizar bancos, garantizar depósitos, comprar deudas incobrables e inyectar capital a los sistemas bancarios de Estados Unidos y Europa, esta crisis, la más grave desde la Gran Depresión de los años 30, debe marcar el final de una ideología de mercados financieros sin control alguno donde se ha permitido que la codicia sustituya al criterio racional sobre el valor del trabajo y la inversión en la economía real. Debe crearse una arquitectura legislativa nacional y mundial que haga que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la economía real. Sin limitarse a esta función, las instituciones gubernamentales e internacionales deben establecer un nuevo orden económico que sea económicamente eficaz y socialmente justo: una tarea tan ambiciosa como la que hubo que abordar en la reunión de Bretton Woods en 1944.
Los líderes de las principales economías que se reúnen en Washington deben:
- En primer lugar, iniciar un plan de recuperación a gran escala para estabilizar los mercados de capitales mundiales, sacar a las economías de la recesión rápidamente, prevenir los riesgos de una depresión mundial y volver a las vías de creación de trabajo digno. Deben producirse tantos recortes coordinados de los tipos de interés como sea necesario. Los gobiernos deben presentar programas de inversión en infraestructuras capaces de estimular el aumento de la demanda a corto plazo y que ejerzan un efecto transformador del incremento de la productividad a medio plazo. Ahora es el momento de avanzar con un “Green New Deal”, un nuevo paquete de medidas sostenibles que cree puestos de trabajo a través del desarrollo de energías alternativas, así como del ahorro y la conservación de la energía. Deben introducirse medidas fiscales y de gasto público para respaldar el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas. Es preciso mantener presupuestos de asistencia al desarrollo para los países menos desarrollados, a fin de contribuir a alcanzar los Objetivos de desarrollo del milenio.
En segundo lugar, garantizar que nunca vuelva a producirse una crisis de esta envergadura. Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales han fomentado la “nueva arquitectura financiera” casi carente de regulación que ha caracterizado los mercados financieros responsables de esta crisis. Han animado la innovación financiera que ha generado productos financieros complejos que se negocian en mercados opacos “extrabursátiles” y contaminan el sistema financiero mundial. Como resultado, lo que debería haber sido una crisis contenible de las hipotecas sub-prime en Estados Unidos ha provocado una crisis financiera mundial con un enorme coste económico y social. Los gobiernos se han visto obligados a intervenir para salvar el sistema bancario, pero es inaceptable que los gobiernos nacionalicen las pérdidas del capital financiero y privaticen los beneficios. El justo medio deben ser unas instituciones financieras debidamente reguladas.
En tercer lugar, ha llegado el momento de establecer una nueva estructura de gobernanza económica para la economía global: se necesita un nuevo Bretton Woods. Los gobiernos deben empezar a trabajar en las estructuras necesarias, pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual: estamos perdiendo nuestras viviendas, perdiendo empleos cuando las empresas despiden personal, y viendo cómo se evaporan nuestras pensiones con el colapso de los mercados bursátiles. Exigimos un sitio en la mesa.
En cuarto lugar, la explosión de la desigualdad en la distribución de la riqueza que subyace en esta crisis debe confrontarse, y el sistema del nuevo Bretton Woods debe abordar también la crisis de la justicia distributiva que ha destruido la economía mundial. Debe garantizarse un crecimiento más equilibrado no sólo en la economía mundial, entre las regiones, sino también dentro de los propios países, entre capital y mano de obra, entre rentas altas y bajas, entre ricos y pobres.
II. Plan de recuperación coordinado para la economía real
El creciente caos financiero está cebándose en la economía real, con un descenso acusado del empleo en Estados Unidos y Reino Unido, que ahora se hace extensivo a la Eurozona y amenaza con una recesión mundial. Se han previsto caídas en el PIB en Estados Unidos y la Eurozona durante la mayor parte de 2009. Se estima que las tasas de desempleo aumenten nada menos que un 20% en los seis próximos meses en la OCDE, pero es muy posible que se hayan quedado cortos. La OIT prevé que el desempleo mundial se incremente de 190 millones en 2007 a 210 millones en 2009 y que el número de personas pobres que trabajan por menos de un dólar al día ascienda en 40 millones, y por menos de 2 dólares al día, en 100 millones.
Los líderes gubernamentales y los bancos centrales no deben repetir las calamidades de los años 30 con esfuerzos por equilibrar presupuestos, reducir salarios y aplicar políticas de tipos de cambio y divisas consistentes en “fastidiar al vecino”. En lugar de ello, los líderes del G20 deben poner en marcha un plan de recuperación coordinado dirigido a estimular la economía real en los ámbitos nacional y mundial.
En Europa y Estados Unidos se necesitan más reducciones coordinadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Deben fortalecerse los mecanismos fiscales de estabilización, tales como planes de prestaciones de desempleo, y reforzarse con planes de creación directa de puestos de trabajo cuando sea necesario. Los incentivos fiscales deben estar dirigidos a aumentar la demanda global y tener la suficiente envergadura para revitalizar la economía real: crecimiento del empleo, los salarios y la renta disponible para el hogar. Las medidas fiscales y de gasto público deben estar dirigidas a las familias de renta media y baja que más sufren con la situación actual, y que al aumentar su índice de consumo alimentarán el consumo, la producción y, por ende, el empleo con la máxima celeridad.
También es el momento de poner en marcha un nuevo “Green New Deal”, como lo denominan el PNUMA y la OIT en el informe Green Jobs sobre empleo sostenible. Es el momento de ayudar a la recuperación económica por medio de inversiones medioambientalmente responsables diseñadas para crear puestos de trabajo a corto plazo y reducir al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero a medio plazo. Convertir la lucha contra el cambio climático en una oportunidad para la creación de puestos de trabajo y para el desarrollo sostenible debe constituir el núcleo de las acciones emprendidas. Las medidas para promover el ahorro energético mediante la reforma de edificios, en particular, generará gran cantidad de puestos de trabajo, que vendrán a reforzar al sector de la construcción, tan afectado por la actual situación. La inversión pública en infraestructuras, transporte colectivo y fuentes de energía alternativas también estimulará la creación de puestos de trabajo sostenibles.
La nueva Administración estadounidense deberá introducir un plan exhaustivo que combine el aumento de los ingresos de los trabajadores de renta baja y media con el refuerzo de los mecanismos de seguridad, incluidas las prestaciones de desempleo, un programa ampliado de cupones para alimentos, ayuda a los gobiernos estatales y locales, y un gasto federal ambicioso en educación e infraestructuras . Japón, aunque no se ha visto afectado de manera tan inmediata por la crisis, será especialmente vulnerable en caso de que ésta se agrave en las economías asiáticas emergentes.
Las autoridades deben tomar medidas para reequilibrar la economía en favor de su demanda doméstica, ya que el crecimiento actual se basa casi exclusivamente en las exportaciones. En este momento son vitales los aumentos en los salarios reales, para aumentar la demanda, y deben estar respaldados por políticas fiscales que propicien el consumo de los hogares.
En la UE, la coordinación de las distintas iniciativas de políticas fiscales por parte de los Estados miembros debe mejorar drásticamente y reunirse bajo un mecanismo mejorado de gobernanza económica. Las organizaciones sindicales europeas han solicitado la creación de un fondo de inversiones europeo que promueva la inversión en energías renovables, ahorro de energía, innovación y redes de infraestructuras europeas.
Los paquetes de recuperación también deben diseñarse para corregir los desequilibrios económicos fundamentales subyacentes que han dado lugar a la actual crisis. Se trata, en especial, de los desequilibrios entre Estados Unidos y otras partes de la economía mundial, del desequilibrio entre finanzas y economía real, y del desequilibrio del poder de negociación entre trabajadores y empresarios. Los superávits de las economías emergentes deben redirigirse dentro de cada país a inversiones productivas a largo plazo, educación, seguridad social, salud, al sector privado formal y al desarrollo rural.
III. Nueva regulación de los mercados financieros mundiales
El ojo del huracán financiero que ha provocado ahora una crisis del empleo tiene sus raíces en la liberalización irresponsable de los mercados financieros que ha promovido un apalancamiento excesivo por parte de las instituciones financieras, burbujas en los precios de los activos e innovación financiera que ha exportado la deuda de mala calidad bajo el disfraz de “productos estructurados”. Este sistema opaco ha funcionado mientras los tipos de interés y los niveles de morosidad crediticia eran bajos. Pero se ha venido abajo con la primera caída del mercado de la vivienda estadounidense a finales de 2006. El auténtico riesgo crediticio de los activos de los hogares y las empresas, que es fundamental para el buen funcionamiento de la economía real, no preocupaba a los promotores de los productos estructurados, lo que hacía imposible que los inversores (entre los que se incluyen los fondos de pensiones de los trabajadores) entendiesen qué estaban comprando ni supieran a qué se exponían. La incertidumbre resultante con respecto a cuáles eran los riesgos crediticios y las pérdidas ha desencadenado quiebras de bancos y pérdida absoluta de la confianza. Los riesgos sistémicos que plantean los fondos no regulados y con un alto índice de apalancamiento, en particular los fondos de cobertura y la renta privada todavía no se han dejado sentir en su totalidad. El coste resultante para la economía real va a revestir particular gravedad para las partes más expuestas, entre las que se incluyen las sociedades de cartera de renta privada, con un alto índice de endeudamiento, en las que trabajan millones de trabajadores en todos los países industrializados.
Las intervenciones de los bancos centrales y los gobiernos a lo largo de las últimas semanas para intentar restaurar la confianza y estabilizar los mercados crediticios son necesarias para salvar el sistema bancario. Dado que gran parte del sistema financiero está respaldado por los contribuyentes, las organizaciones sindicales insisten en que los gobiernos adquieran participaciones en el capital, que actúen como inversores activistas para proteger el interés público y que garanticen que, con el tiempo, los contribuyentes recuperarán su dinero. Ya lo hicieron incluso antes de que los gobiernos dieran pasos en esta dirección. Aún así, estas medidas sólo “apagan fuegos” y por sí solas no restaurarán la confianza pública en la gobernanza económica ni nos protegerán contra una recesión mundial.
Los gobiernos siguen sobrevalorando las recomendaciones de abril de 2008 del Foro para la estabilidad financiera (FSF, Financial Stability Forum) en su informe “Enhancing Market and Institutional Resilience” (Mejora de la capacidad de reacción de los mercados y las instituciones). El FSF aboga por reforzar los requisitos de capital de los bancos para los productos crediticios estructurados y las exposiciones fuera del balance, de los procedimientos de gestión de riesgos de los propios bancos, por una nueva valoración contable de los productos estructurados, por una mayor vigilancia de las agencias de clasificación y, más extensamente, por la cooperación internacional para “instar a las instituciones financieras a mejorar la calidad de la información divulgada” sobre “productos de inversión complejos o ilíquidos”. Por bienvenidas que puedan resultar estas recomendaciones, muchas de las cuales dependen de la cooperación voluntaria del sector privado, se consideran hoy por hoy enormemente inadecuadas.
La cooperación internacional debe ir mucho más lejos de lo que se está estudiando en este momento, revisar las reglas de vigilancia prudencial de los bancos e “instar” a que haya más transparencia. Es la arquitectura de regulación nacional y mundial lo que hay que restaurar para que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la economía real. Los líderes deben autorizar el inicio del trabajo en un borrador para la nueva regulación de los mercados financieros, que debe incluir:
Refuerzo de las medidas de protección y de la colaboración internacional:
• Asegurarse de que los bancos centrales dispongan de las herramientas necesarias para detectar y disuadir las burbujas financieras de carácter especulativo;
• Prohibir todas las formas de operaciones fuera del balance y revisar las reglas de vigilancia prudencial para los bancos y otros servicios financieros, incluidas las normas contables, a fin de evitar los efectos que propicien la creación de ciclos y garantizar un riesgo justo compartido con los clientes;
• Someter las inversiones extranjeras y los flujos de capital a normativas domésticas adecuadas e intensificar la supervisión de los centros financieros en paraísos fiscales
• Establecer un régimen para gravar impositivamente las operaciones financieras internacionales;
Protección de los objetivos de desarrollo social:
Promover políticas de vivienda activas y servicios financieros basados en la comunidad (sistemas de cooperativas y mutualidades), y proteger los hogares contra los préstamos predatorios;
Reconocer la función social de los fondos de pensiones, tanto para la financiación de las pensiones como en las normativas de inversión;
Extensión de la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de inversión:
- • Reforzar los requisitos de transparencia y gobernanza de las agencias de clasificación crediticia;
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- • Lograr la cobertura total y fiable de todas las formas de transferencia de riesgos crediticios;
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- • Regular las firmas de inversión privadas, incluidos los fondos de cobertura y la renta privada, y los contratos de sociedad de responsabilidad limitada que rigen los fondos con los que operan;
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- Reforzar los regímenes de gobernanza empresarial que se aplican a los paquetes de remuneración para altos ejecutivos, consejos de administración, gestión de riesgos y distribución de beneficios de sociedades.
IV. Un nuevo Bretton Woods
Ha llegado el momento de remodelar la arquitectura financiera y económica mundial mediante un nuevo “Bretton Woods”, pues ninguna de las instituciones existentes goza de alcance ni de credibilidad suficientes para poner en marcha la estructura reguladora mencionada. Los gobiernos deben empezar a trabajar en las estructuras necesarias, pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual: es a nosotros a quienes nos están ejecutando las hipotecas sobre nuestras casas, nosotros somos los que estamos perdiendo el trabajo cuando las empresas despiden personal, y nosotros somos quienes vemos cómo se evaporan nuestras pensiones con el colapso de los mercados bursátiles. Exigimos un sitio en la mesa.
La reforma institucional no debe limitarse a la regulación financiera, sino que debe incorporar la gestión económica capaz de reducir los desequilibrios en la economía mundial. La persistencia de desequilibrios estructurales en cuentas corrientes y tipos de interés dentro de la OCDE (en particular entre Estados Unidos, la Eurozona y Asia) y los desequilibrios con las economías emergentes también han contribuido a esta crisis, con enormes burbujas que han aparecido en sus mercados de valores que, al explotar, han generado efectos desestabilizadores. La acumulación de participaciones en dólares en las economías emergentes (y la creciente inversión de los fondos soberanos) ha proporcionado una vía para recuperar capital a los bancos y las instituciones financieras más castigados. Sin embargo, amenaza el riesgo de ajustes desordenados, una reversión drástica de los flujos de capital fuera de la zona del dólar ante la continuada incertidumbre en Estados Unidos. Los gobiernos de las economías emergentes también deben ser una parte fundamental del nuevo Bretton Woods.
V. Combatir la crisis de la justicia distributiva
La congelación salarial y la falta de poder adquisitivo de las familias trabajadoras son el resultado de políticas perjudiciales y, en sí mismas, constituyen un factor principal para la caída del ahorro en los hogares y la emergencia de la deuda insostenible que ha desembocado en la crisis hipotecaria en Estados Unidos. La liberalización financiera ha permitido que las entidades de crédito promuevan el préstamo avalado por la vivienda como sustituto de los ingresos. Las burbujas financieras de los precios de los activos, estimuladas por un apalancamiento excesivo y la laxitud de la normativa, han sustituido al crecimiento sostenible basado en las ganancias compartidas.
En los informes recientes de la OCDE y la OIT se han identificado cuotas salariales en descenso y un aumento de las desigualdades en dos terceras partes de los países de la OCDE. Los gobiernos de los países industrializados deben empezar a fomentar y reconstruir las instituciones que ayudan a distribuir las rentas y la riqueza de una manera más justa, en lugar de seguir abogando por la liberalización de los mercados laborales y el desmantelamiento de la protección de los trabajadores. La crisis de la justicia distributiva resulta más aparente si cabe fuera de los países de la OCDE, y el empeoramiento de la situación económica va a incrementar el déficit de trabajo decente, ya identificado por la OIT, en el mundo en desarrollo. Todo ello viene a sumarse a la explosión de los precios de los alimentos durante el pasado año. El coste humano se está reflejando en un aumento del hambre en el mundo. Instamos a los gobiernos del G20 a desarrollar más la ayuda de emergencia del FMI para los países que se enfrentan a crisis inmediatas que superan sus recursos para resolverlas. Esta ayuda no debe ir aparejada a condiciones de austeridad. En lugar de ello, deben fijarse “condicionantes positivos” que ayuden a los países a restaurar su crecimiento a corto plazo, una distribución justa de los costes y los beneficios, y sostenibilidad a largo plazo. Las propuestas se deben acordar con las organizaciones de trabajadores en los países afectados. Los gobiernos también deben acordar respuestas de emergencia ante la continua crisis alimentaria, que incluyan medidas para contrarrestar las acciones especulativas en los mercados alimentarios, y ampliar la ayuda de emergencia a los más pobres junto con acciones a medio plazo destinadas a expandir la producción de alimentos sostenible y volver a acumular existencias reguladoras. Además de todo ello, los gobiernos deben utilizar las reuniones para identificar qué hay que hacer para respetar los compromisos adoptados de aumentar la ayuda al desarrollo y cumplir los Objetivos de desarrollo del milenio.
VI. Conclusión
En nuestra declaración respecto a la cumbre del G8 de Hokkaido celebrada en julio, la Agrupación Global Unions denunciaba la “creciente divergencia entre los mercados financieros no regulados e imposibles de gestionar, por un lado, y las necesidades financieras de la economía real para proporcionar trabajo digno, por otro”. Según la OCDE, la arquitectura financiera internacional debe juzgarse por su capacidad para “mantener la estabilidad financiera garantizando la solvencia de los participantes en el mercado”, para “proteger a los inversores” contra las quiebras y los fraudes, y para “garantizar mercados financieros eficaces y eficientes”. Durante las últimas semanas ha quedado claro que el sistema no ha conseguido cumplir ninguno de estos tres objetivos. Sin limitarla al encuentro del G20, la cooperación se debe hacer extensiva a todos los niveles: G7, G8, Europa, OCDE e instituciones financieras internacionales, a fin de evitar la arbitrariedad reguladora y garantizar el alcance mundial de la nueva arquitectura. Los trabajadores tienen que sentarse a la mesa en estas reuniones e instituciones. No confían mucho en que los banqueros y gobiernos, reunidos a puerta cerrada, lo hagan bien esta vez: debe haber plena transparencia, divulgación y consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar su función en este proceso.
GUAC Grupo de trabajo sobre política económica París, 29-31 de octubre de 2008
