Traigo a este foro la intervención del Secretario General de CCOO, en la Conferencia de presidentes de CCAA, celebrada el 14 de diciembre e 2009 en el Senado español.
Quisiera empezar mi intervención haciendo un reconocimiento de la importancia de la celebración de esta conferencia. Si siempre es aconsejable establecer, dentro del respeto al marco competencial, estrategias comunes, más lo es en los momentos actuales en los que debemos enfrentar una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de España.
Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer la oportunidad que se nos brinda de darles a conocer nuestras preocupaciones y propuestas ante una situación económica tan delicada.
Esta Conferencia se celebra en una coyuntura económica que puede llamar a engaño: de una parte, empiezan a aparecer síntomas de recuperación en algunos de los países centrales de Europa (también en otras áreas del mundo); de otra, todas las previsiones apuntan a que se va a seguir destruyendo empleo.
La incertidumbre en el entorno internacional, acompaña graves debilidades de nuestro tejido productivo que necesitan soluciones específicas.
A todos nos preocupa cómo enfrentar la crisis y uno de sus efectos sociales más perniciosos, cual es la pérdida de puestos de trabajo, y cómo salimos de ella mirando a la España que deseamos en las próximas décadas.
Porque estas son nuestras principales preocupaciones, consideramos que debemos actuar para atender a las personas que más crudamente están sufriendo los efectos de la crisis, para estimular la actividad económica y para cambiar nuestro patrón de crecimiento. En este sentido, deben articularse políticas eficaces que formen parte de una estrategia global con la adopción de medidas que tengan efecto en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Esta estrategia debe ser fruto del más amplio consenso social, político e institucional.
Para lograrlo, la mejor manera es recuperando el diálogo social, tanto el que sindicatos y empresarios debemos llevar acabo en nuestro genuino campo de acción, como aquel en el que participa también el Gobierno.
Todo ello sin menoscabo de la necesaria complementariedad del dialogo social en los ámbitos autonómico, local y sectorial que ha ido cobrando una relevancia cada vez mayor con el paso del tiempo y el creciente traspaso de competencias a las CCAA.
En este sentido me permito señalar en qué dirección considera CCOO que se debe intervenir:
Para hacer frente a la actual coyuntura:
1.- La primera preocupación deben ser las personas, particularmente las que están perdiendo el empleo o no pueden acceder a él.
Una parte significativa de ellos son jóvenes, mujeres e inmigrantes que tenían contratos temporales con bajos salarios y escaso tiempo de cotización.
El riesgo de incremento de la exclusión social es evidente y para evitarlo se ha regulado una “paga” de 420 euros que aun siendo insuficiente viene a satisfacer, en parte, este objetivo, pero debemos ampliar la acción a otro tipo de medidas como: las mejoras en la Renta Activa de Inserción, coordinar con las CC.AA. medidas para mejorar los subsidios que éstas dispensan, conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo, reorientar y fortalecer, dotándoles de medios, la actuación de los Servicios Públicos de Empleo, reformar la Legislación Concursal,…
2.- Estimular la actividad económica.
Si la primera responsabilidad es atender a las personas que más directamente están sufriendo los efectos de la crisis, simultáneamente hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo y para que se generen nuevos puestos de trabajo. Actuar en esa dirección requiere de una decidida iniciativa privada y pública. Iniciativa pública para favorecer las condiciones en las cuales el sector privado encuentre los estímulos y garantías suficientes para mantener las actuales iniciativas empresariales o iniciar nuevos proyectos. Hoy el capital privado se ha refugiado en el ahorro ante las incertidumbres que arroja la situación económica y eso hace más necesario que nunca impulsar las políticas públicas para dinamizar la economía.
De ahí que propongamos:
Acometer nuevos programas de inversión pública,tanto en lo que se refiere a la dotación de infraestructuras físicas como tecnológicas, que vertebren el territorio y establezcan una red transversal de comunicaciones. Asegurar el mantenimiento integral del stock de infraestructuras existentes, tan importantes como los grandes corredores para el transporte de mercancías resultan los ramales ferroviarios que faciliten el transporte hacia y desde las grandes concentraciones industriales.
Apostar por una política pública de vivienda donde predominen las medidas encaminadas al uso del alquiler.
Abordar un Plan de rehabilitación urbanay de vivienda residencial, con especial atención al aumento de la eficiencia energética. Acelerar la construcción de los centros educativos y sanitariosnecesarios para la mejora de estos servicios esenciales.
Desarrollar la aplicación de Ley de dependencia
Como ustedes bien saben la puesta en marcha de la citada norma está siendo muy desigual y con frecuencia el resultado es insatisfactorio. Coordinar más y mejor su aplicación es una responsabilidad ineludible, para lo cual incluso pueden ser necesarias modificaciones en la actual normativa.
Alguna de estas propuestas ya se han ensayado en las medidas adoptadas por el Gobierno en los sucesivos “planes E” y otras, se anuncian en el marco de la Ley de Economía Sostenible, sea como fuere, se debe garantizar un diseño global con un mayor nivel de concreción y de imbricación entre unas iniciativas y otras, para que, en su conjunto, deparen los efectos perseguidos.
Promover medidas como las antes apuntadas requiere de recursos financieros suficientes con los ojos puestos en no disparar el déficit público,para lo cual es preciso repensar el sistema tributario español con la responsabilidad desde todos los niveles de gobierno,pero partiendo de que hoy la prioridad es la reactivación económica y el empleo, de ahí que consideremos indispensable adoptar las medidas necesarias para que el crédito fluya y, al mismo tiempo, incrementar de manera equitativa la capacidad de recaudación del Estado.
Para ello consideramos indispensable:
3.- Revisar el funcionamiento del sistema financiero, más allá de lo contemplado en el FROB.
La diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000 millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con ellos los agentes económicos españoles (plazo medio superior a los veinte años), el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas y los fallidos provocados por la crisis (en una proporción y cuantía elevada corresponde a promotoras inmobiliarias), complican bastante la generación de nuevo crédito.
La garantía de crédito de las pequeñas y medianas empresas es un elemento muy importante para mejorar el funcionamiento de la economía española pero la amplitud y el volumen de recursos de las medidas aprobadas hasta la fecha ponen en evidencia la capacidad de un organismo tan pequeño como el ICO para poner en práctica un número tan elevado de expedientes con un criterio adecuado de eficiencia.
En estas condiciones cabe plantearse que las distintas autoridades (Gobiernos y Banco de España) fijen objetivos concretos de recapitalización de entidades; condicionen las ayudas públicas al sector a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus reservas; promuevan la creación de sistemas de cooperación o integración estables entre las cajas de ahorros y cooperativas de crédito; defiendan la naturaleza jurídica de las cajas y en este sentido parece justificado abordar una nueva Ley de Cajas, apuesten por reforzar el papel del ICO y sus relaciones con el sistema crediticiomediante el incremento de líneas de crédito y favoreciendo que éstas tengan efectividad real.
4.-Replantear globalmente las políticas impositivas.
Lamentablemente en España, los sucesivos Gobiernos, han practicado una política fiscal procíclica sustentada en una bajada de impuestos, en especial, los que giran sobre la capacidad económica de las personas y sociedades, que al agotarse los efectos extraordinarios de las operaciones inmobiliarias, ha debilitado nuestro sistema tributario, con una caída significativa de nuestra capacidad recaudatoria. Todo ello a pesar de que España mantiene un diferencial negativo en esta materia con respecto a la media europea que nunca fue menor de 3 puntos del PIB (7 puntos en 2008).
Necesitamos más recursos públicos para afrontar las políticas sociales comprometidas, para dinamizar la actividad económica en un momento en el que el capital privado se muestra excesivamente temeroso y para contener y reducir nuestro abultado déficit público, y necesitamos más recursos recaudados con una distribución más equilibrada de los esfuerzos entre la población.
Somos de la opinión de que España necesita una profunda reforma fiscal pero, consciente de que ello requiere tiempo y consenso somos partidarios de abordar hoy medidas fiscales más puntuales para una mayor suficiencia financiera de las AAPP.
A los ciudadanos hay que decirles, con valentía, que abordar las medidas que exige la delicada situación económica por la que atravesamos y mantener, e incluso mejorar, el funcionamiento de nuestros servicios públicos requiere de que las administraciones públicas cuenten con los recursos necesarios. Conocidas las grandes bolsas de fraude y el escaso riesgo de los defraudadores después de un tiempo sin la debida persecución, sería muy ejemplificador empezar por combatir el fraude fiscal con recursos y determinación política, incluso apoyándose en los signos externos de riqueza.
La iniciativa pública debe estar acompañada por políticas de oferta que, a la vez que procura una mejora sustancial del valor añadido de las mercancías españolas, intente mejorar a corto plazo la cuota de mercado interno y externo.
5.- Adoptar medidas en el terreno laboral.
En las estrategias que debemos poner en marcha para enfrentar la crisis ha cobrado gran relevancia mediática lo referido a la reforma laboral, tristemente asociada al abaratamiento del coste del despido.
No obstante, CCOO sí cree que debemos enfrentar cambios en el mercado laboral, no solo por el gran número de personas sin empleo sino también para reducir la fuerte dualidad y segmentación entre trabajadores con contrato temporal e indefinido, entre jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, entre trabajadores inmigrantes y autóctonos. La sociedad española debe orientar su esfuerzo a mantener el empleo, pero también a promover la empleabilidad de los sectores más castigados como son los jóvenes, mujeres e inmigrantes.
¿De que cambios estamos hablando?
5.1.- Modificar la regulación y contenido de los Expedientes de reducción temporal de jornada.
Se trata de evitar la pérdida de puestos de trabajo; en este sentido, proponemos una modificación de la regulación y contenido de los Expedientes de reducción temporal de jornada. Se trata de sustituir la “cultura” del despido por la del mantenimiento del vínculo entre los trabajadores y las empresas.
La viabilidad de algunas empresas aumentaría al poder ajustar costes laborales sin perder en el futuro la cualificación de los trabajadores. El coste para las arcas públicas disminuiría al no tener que asumir íntegramente la prestación por desempleo.
El sostenimiento de una gran parte del salario del trabajador generaría efectos positivos sobre la demanda interna de la economía española.
Lo contemplado en esta propuesta podría articularse a través de un Acuerdo Interconfederal, entre las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, como paso previo a su remisión al Gobierno para adoptarlas reformas normativas necesarias o, en ausencia de acuerdo, a partir de la propia iniciativa de este.
5.2.-Mejorar la inserción y estabilidad laboral de los jóvenes.
La población joven ha constituido uno de los colectivos más afectados por la crisis económica: desde finales del 2008, han registrado un aumento considerable de la tasa de paro, llegando alcanzar el 28% en 2009. Otro aspecto importante del empleo de las personas de 16 a 29 años es su elevada temporalidad (44%) en relación la media nacional, 25% en el año 2009.
Por lo que a las políticas de fomento del empleo se refiere, España tiene como marco de referencia el modelo de Estado de las Autonomías que configura la Constitución Española (CE) de 1978. En consecuencia, las Administraciones Autonómicas disponen de un amplio margen para la elaboración y ejecución de las políticas de empleo, pero la descentralización obliga a mejorar la cooperación y la coordinación para no renunciar a las sinergias positivas derivadas de la dimensión del territorio.
En esta direcciónCCOO pone encima de la mesa un paquete ambicioso y creemos que útil, de medidas en materia de empleo, formación y transición laboral de la población joven.
En nuestra opinión hay que impulsar las medidas de apoyo a la estabilidad del empleo para, contribuir a la eliminación de la temporalidad injustificada:Impulsando el contrato de relevo o de sustitución por anticipación de edad de jubilación, estimulando la contratación de jóvenes que hayan participado en políticas activas de empleo de carácter experiencial. Debemos mejorar los servicios de orientación e información profesionaly garantizar su presencia en los centros educativos. Es ineludibleactuar en la Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continuapara mejorar la cualificación profesional de los jóvenes. Se han deampliar los programas de formación de Escuelas Taller y Casas de Oficios.Se debe abrir el debate sobre la posibilidad de extender la escolarización obligatoria hasta los 18 años con las necesarias garantías.
Hay que reorientar e incrementar la dotación económica de las políticas activas, contemplando bonificaciones y subvenciones en las contrataciones dirigidas a jóvenesque garanticen empleo estable y de calidad, que permitan compatibilizar formación y empleo.
De otra parte, debemos impulsar el fomento de autoempleo, se han de arbitrar incentivos a la permanencia de la población joven en el mundo rural. Para ambos, se deben contemplar medidas que faciliten el acceso a microcréditos.
Las propuestas apuntadas van orientadas hacia la integración laboral, pero sin embargo pueden ser insuficientes para garantizar la suficiencia social debido a las dificultades de acceso a la vivienda. Es por ello necesario, como se ha comentado, impulsar una política de vivienda pública en alquiler.
5.3.-Reformar la estructura de la negociación colectiva en aras a favorecer la flexibilidad interna.
La adecuada contribución de la negociación colectiva a mantener en situación de equilibrio las variables macroeconómicas (salarios, empleo, inflación) precisa de la inmediata y urgente adaptación de su estructura.
El papel de la negociación sectorial puede ser fundamental para ordenar las formas de contratación laboral, las garantías mínimas de los trabajadores en materia salarial o de jornada, o de los trabajadores implicados en los procesos de descentralización productiva, y los procesos de movilidad o la recualificación de los trabajadores de los sectores.
Pero reformar la estructura de la negociación colectiva y dar mayor poder contractual a las partes hace indispensable la revisión de la legislación sindical vigente de manera que la participación sindical añada valor a los procesos de cambio que tienen también que operar en el mundo de la empresa, en la lógica de la interlocución directa con los empresarios. Para ello es necesario, por tanto, acometer tanto una Ley de Participación Institucional que regule todos estos extremos como una revisión de nuestro modelo representativo.
5.4.- Pacto plurianual para la próxima negociación colectiva.
Por último, CCOO y UGT hemos hecho llegar ya a los representantes de las organizaciones empresariales una propuesta para la negociación colectiva que vincule la evolución de los salarios y de los beneficios empresariales en un periodo plurianual, en aras a favorecer el empleo y fundamentalmente a acabar con la temporalidad injustificada. Con todo ello pretendemos contribuir, desde las potencialidades de ofrece la negociación colectiva, a combatir la crisis.
Esta propuesta debe ser compatible con la necesaria mejora de los salarios más bajos que hemos venido asociando a la inexcusable dignificación del salario mínimo interprofesional (SMI). Recordar en este sentido el compromiso asumido por el Gobierno.
Una propuesta de esta naturaleza debe tener como contrapartida la moderación de los beneficios empresariales y el compromiso de que una parte de ellos se reinvierten en desarrollo tecnológico, diversificación productiva y empleo.
Apuestas estratégicas:
Pero igual que estamos obligados a intervenir en la actual coyuntura, les decía hace un momento que estamos emplazados a actuar con visión de futuro.
Necesitamos:
1.- Una base industrial sólida que invierta en I+D+i
El excesivo protagonismo del sector de la construcción residencial y de los servicios más vinculados al consumo, en el desarrollo económico de estos últimos lustros ha generado un gran crecimiento de la economía y del empleo pero, como se ha demostrado, las bases en las que se ha sustentado eran frágiles.
España se sitúa en una posición rezagada con respecto a los principales líderes tecnológicos y del conocimiento europeo y mundial.
Los problemas de nuestra economía vienen de muchos años atrás pero la presente crisis ha puesto más de manifiesto, si cabe, que estamos obligadosa cambiar el patrón de crecimiento lo que hace indispensable: Desarrollar la sociedad de la información; ordenar y priorizar las inversiones publicas en I+D+i en toda la actividad productiva; priorizar la negociación de una Ley de Ciencia avanzada; realizar un plan Industrial que afronte el diseño industrial y la calidad de los bienes y servicios; reactivar el fomento de una política sectorial activa.
2.-Crear un marco regulador de la política energéticaque asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de GEI, la eficiencia y el ahorro energético, todo ello en un marco tarifario estable, transparente y asequible.
3.- Debe ser objeto de Pacto de Estado la Educación, el objetivo debería ser mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo, haciendo especial hincapié en nuestra formación profesional de grado medio.
La cualificación de los trabajadores y trabajadoras es una de las claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento.
4.- Consolidar y ampliar el sistema de protección social.
Los servicios públicos que conforman el denominado Estado de Bienestar, además de jugar un poderoso papel de estabilización macroeconómica, son una garantía de que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.
Es por ello que junto a la importancia que le damos, en este sentido, a la educación y la sanidad, destaquemos nuestra decidida apuesta por el desarrollo y aplicación, con los mayores estándares de calidad, de la Ley de Atención a la Dependencia y a promover la permanente mejora de nuestro sistema público de pensiones.
Para garantizar la aplicación de la Ley de atención a la dependencia consideramos que hay que: Asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en el empleo para la acreditación de las empresas; garantizar la calidad y suficiencia en el Sistema de Información delSistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia;mejorar la financiación a las CCAA; urgir la puesta a disposición de los servicios de proximidad.
Para mejorar el sistema de pensiones públicas, y a expensas de lo que en su momento se pueda plantear tras conocer las conclusiones de la comisión parlamentaria constituida en el marco de la renovación del Pacto de Toledo, se debe buscar que las pensiones públicas sean la renta principal y suficiente de los pensionistas españoles, perogarantizando la sostenibilidad del sistema a largo plazo mediante un equilibrio entre la contributividad y prestaciones, sin renunciar a un adecuado grado de solidaridad.
Dentro de este objetivo prioritario se debe trabajar, de conformidad con los compromisos que se derivan del acuerdo de pensiones vigente, paraalcanzar la integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social;urgir el reglamento que regule la armonización las clases pasivas del Estadoen el Régimen General de la Seguridad Social; abordar la jubilación anticipada por realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. En paralelo, se debe mejorar la protección social de las familias, en especial de los hijos a cargo yreforzarla estructura del sistema de pensiones complementarias. Cualquier otra decisión que pueda afectar a la estructura de ingresos de la Seguridad Social debería remitirse a la negociación que eventualmente se formalizase una vez conocidas las conclusiones de la Comisión Parlamentaria.
Apuntes sobre la Ley de Economía Sostenible.
Algunos apuntes sobre determinados aspectos del texto articulado del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible:
Como hemos afirmado en anteriores ocasiones, el concepto de “sostenibilidad” es compartido por CCOO ya que hace referencia a su triple dimensión: económica, social y medioambiental. Situar en el centro del debate político y ciudadano la necesidad de reorientar el patrón de crecimiento de la economía española, era una necesidad largamente reivindicada por CCOO.
La Ley puede ser una condición necesaria pero no suficiente para provocar un cambio de modelo.
Es necesario definir el grado de integración de las iniciativas propuestas con el Plan Nacional de Reformas y establecer la vigencia o reformulación de las políticas, Planes y Programas contemplados en el mismo.
En el caso de las medidas relativas a la Formación Profesional, consideramos que deberían formar parte de acuerdos más amplios mediante la negociación del comprometido Pacto Educativo, así como creemos que el establecimiento de medidas de apoyo a una movilidad sostenible, encontrarían un reflejo más adecuado a través del desarrollo de una Ley de bases destinada a tal fin.
Algunas propuestas anticipan parcialmente la transposición a nuestra legislación de Directivas comunitarias en materia de morosidad o del recientemente aprobado “tercer paquete Telecom”. A nuestro juicio resultaría más adecuado un proceso de transposición integral, contemplando el conjunto de medidas a adoptar.
El anuncio del Anteproyecto de Ley no debe impedir la necesaria renovación de determinados organismos reguladores, resultando necesario que se contemplen mecanismos transitorios para garantizar su funcionamiento y pluralidad, hasta la entrada en vigor de la nueva norma.
Es imprescindible que el Gobierno aclare el alcance y la orientación del proceso propuesto de reorganización del sector público empresarial .
Compartimos en su formulación la propuesta de establecer un Plan Integral de Política Industrial con el horizonte del 2020, pero, en nuestra opinión, éste debería integrar medidas específicas de carácter sectorial que complementen las políticas horizontales que han protagonizado hasta hoy las actuaciones de los diferentes gobiernos en esta materia.
La planificación indicativa propuesta en materia de energía, debe convertirse en el vehículo para fijar a medio y largo plazo la composición de nuestro mix energético, vinculando esta medida con el Pacto Energético propuesto.
Deberían establecerse con precisión los detalles de la articulación definitiva y reparto por áreas del Fondo para la Economía Sostenible, el proceso de cofinanciación por parte de las entidades privadas y los mecanismos concretos que articularán su funcionamiento, para garantizar que el destino de estos recursos, estén en relación directa con las actuaciones que finalmente recoja la Ley tras su aprobación parlamentaria.
Notas finales.
Enfrentar la crisis protegiendo a los más débiles y al mismo tiempo actuar para cambiar el modelo de crecimiento supone una tarea ingente. CCOO asume la responsabilidad que le corresponde.
En el terreno de la negociación colectiva, ya les he anunciado las propuestas de CCOO para contribuir desde ella a la salida de la crisis a través del pacto plurianual y de una reforma de la misma.
Cambiar de Patrón de crecimiento, a través de la fórmula de una Ley o de cualquier otra, exige algo más. Nosotros hemos promovido la idea de un Pacto de Legislatura por la economía, el empleo y la cohesión social.
Volcar todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis requiere de una negociación y compromiso sincero en el que se impliquen con capacidad de liderazgo el Gobierno, las CCAA, organizaciones empresariales y sindicatos. En consecuencia, éstos deben ser sus principales protagonistas.
En un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA desde sus propios procesos de Diálogo Social, que en estos años han asumido importantes competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo desde una coordinación “fuerte” entre las medidas que éstas ya están adoptando y las que se puedan acordar en el ámbito del Gobierno central.
La sociedad española permanece atenta a lo que unos y otros hagamos, nos exige que estemos a la altura de las circunstancias. En CCOO estamos dispuestos a aportar lo mejor de nosotros para no defraudarla.
Espero que estas reflexiones y propuestas sirvan para enriquecer las conclusiones de este tan importante evento y en nombre de mi sindicato reitero la felicitación por esta iniciativa y les agradezco la oportunidad que nos han brindado de participar activamente en la misma.
