CCOO y UGT de Extremadura han convocado concentraciones en todas las cabeceras de comarca de la región para mostrar el rechazo de los trabajadores y las trabajadoras a la reforma laboral que pretende poner en marcha el Gobierno.
Estas concentraciones se configuran como el inicio de las movilizaciones que los sindicatos realizarán durante las próximas fechas y que tendrán como culmen la huelga general del 29 de septiembre.
Todas las concentraciones se llevarán a cabo el miércoles, 30 de junio, a las 20:00 horas.
En Badajoz será frente a la Delegación del Gobierno;
en Cáceres, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno;
en Mérida, ante la Presidencia de la Junta de Extremadura;
y en Plasencia,
Navalmoral, Coria, Zafra, Don Benito
y Almendralejo, en frente de sus respectivos ayuntamientos.
El Real Decreto-Ley 10/2010 (RDL) aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso supone un grave atentado a los derechos de los trabajadores, en tanto que: Facilita a las empresas de manera más fácil, más rápido y más barato el despido individual y colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. No actúa debidamente sobre la contratación temporal. Al contrario se actúa sobre la dualidad del mercado de trabajo español, haciendo el empleo fijo igual de vulnerable que el empleo temporal.
• Nos aleja del cambio de patrón de crecimiento, ya que la competitividad de nuestra economía se busca a través del factor trabajo mediante una reducción de costes laborales, y no por la vía de incrementar la productividad a través de la innovación, la formación y el empleo de calidad.
• Es una reforma que no sirve para crear empleo, pues no se orienta dentro de una política global de reforma del sistema financiero que dote de liquidez a las empresas y a los particulares, y porque no diseñan políticas activas hacia las personas desempleadas para su transición laboral y reinserción en el mercado de trabajo.
• No va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo, ya que al contrario de lo que se pretende, la reforma va a incrementar notablemente la temporalidad por la generalización de los colectivos que pueden ser contratados en la modalidad de contrato de fomento de la contratación de indefinida, así como por los criterios de conversión de los contratos temporales en contratos de esa modalidad.
• La reforma va a abaratar y facilitar el despido, posibilitando el “despido exprés” en la extinción del contrato por causas objetivas al otorgar al empresario la facultad de reconocer la improcedencia de la extinción o, lo que es lo mismo, dando eficacia al reconocimiento del empresario de que carece de causas o razones para la extinción (lo que supone la desaparición de los salarios de tramitación). Asimismo, se desregulan las causas del despido colectivo y se reduce la tutela judicial. El objetivo final perseguido es que se declare la procedencia de la extinción contractual.
• Privatiza el desempleo, con la legalización y las amplias facultades que otorga a las agencias privadas con ánimo de lucro. Se abre la vía de la contratación de las empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo.
• Rompe la negociación colectiva y aumenta el poder de dirección empresarial para descolgarse de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos sectoriales, sin que éstos puedan establecer, como se hacía hasta la reforma, las condiciones y procedimientos de inaplicación salarial.
NUEVATRIBUNA: Es un poco triste que cuando por fin el Gobierno va a sacar adelante un paquete de medidas que algunas fuerzas políticas le han venido reclamando durante meses lo haga completamente solo: sin el apoyo de esas fuerzas de la derecha y sin el de los grupos de la izquierda parlamentaria...
ANTONIO GUTIÉRREZ: Han sido medidas bruscamente adoptadas, de difícil explicación, en un momento que ha provocado desconcierto porque se ha pasado de generar expectativas de recuperación de la economía a esta sacudida tan fuerte de devolver al país a una realidad muy cruda, la de la más que probable penalización de nuestra deuda. Yo creo que cuando se está en crisis las frustraciones son más que proporcionales a la expectativa que se ha creado. No es muy admisible que se dé esta inhibición generalizada por el resto de la Cámara y menos por partidos que están pidiendo por la mañana recorte del gasto y por la tarde aumento del gasto, haciendo populismo con distintos segmentos electorales.
N.T.: No deja de ser pintoresco que el PP haya cogido de repente la bandera de la defensa del gasto social defendiendo a ultranza a los pensionistas...
A.G.: Ahí se junta una cierta ingenuidad y premura de explicaciones por parte del Gobierno actual y una maldad intencionada por parte del PP. Es decir, esta combinación de ingenuidad y maldad suele dar un precipitado explosivo en política.
Debería explicarse que la revalorización de las pensiones se cristalizó por ley en el 96 tras el acuerdo que se plasmó en el Pacto de Toledo, y fue el primer acuerdo que se le arrancó a Felipe González tras la huelga general de enero del 94. Inicialmente, Felipe se negó a negociar pero en septiembre de 1994 se alcanzaron, entre otros acuerdos, el derecho a la negociación de los empleados públicos para que sus retribuciones ya no fueran otorgadas por el Gobierno de turno, sino que tuvieran como cualquier trabajador una cierta democracia industrial, el derecho a autotutelarse y negociar sus intereses, y la revalorización de las pensiones. El acuerdo para revalorizarlas automáticamente se hace en el 94 con el último gobierno socialista y dado que se estaba al final de la legislatura, en una etapa muy tumultuosa de crispación política por excelencia, no se pudo materializar por ley. Después, lo reivindicamos CCOO y UGT. No fue una concesión graciosa del PP.
Esto no se ha explicado pero el Gobierno peca también de ingenuidad porque no se ha tomado el suficiente tiempo ni ha aplicado la suficiente pedagogía para explicar que no es una congelación que afecte a los más débiles, que son los que tienen la pensión mínima y las pensiones no contributivas. Pero sobre todo, si llega a darse, la congelación será sólo de unas décimas dada la atonía de precios que tenemos. De hecho, a mi me parece más inquietante que se prolongue una situación de estancamiento de la inflación por debajo del 1%. Y habría que decir que en ningún caso lo empezarán a notar en el bolsillo los pensionistas con pensión contributiva hasta 2012. Tras el anuncio del programa de recortes, hay personas mayores que creen que es que les quitan la pensión al mes que viene. Y no se les va a quitar ni ahora ni nuca. La congelación, que no el retroceso, solamente será para la evaluación de la pensión entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 y la paga correspondiente a esa desviación se aplicaría o se dejaría de aplicar en 2012. Hasta entonces todo el mundo tranquilo.
N.T.: Otra cosa es el "pensionazo", el retraso de la edad de jubilación, con el que usted ha sido muy crítico.
A.G.: Creo que es una medida que no está decidida, es una sugerencia un tanto improvisada que al menos se ha reconducido mandándola a la Comisión del Pacto de Toledo. En el tema de las pensiones, da la sensación de que en España no se han hecho reformas, cuando lo cierto es que no se ha hecho otra cosa desde 1985. Precisamente, a diferencia de los que ya querían reformas a muy largo plazo, con vistas a quince, veinte o treinta años, con el pretexto de estar muy preocupados por el futuro y que en realidad lo que buscaban era defender intereses en torno al mercado de pensiones, intereses muy inmediatos, en el Pacto de Toledo se acometen reformas parciales y periódicas para ira ajustando el sistema sin incurrir en palos de ciego de gran calado que pudieran hacer irreversible la pérdida de algunos derechos o unas mermas en nuestro sistema público de pensiones injustificadas. Espero que el Gobierno se convenza en su momnento de que es preferible optar por reformas manejables que no por decisiones precipitadas, impelidos por previsiones catastrofistas que hacen mucho daño a mucha gente, a muy largo plazo, y que son irreversibles o difícilmente reversibles.
N.T.: Hablando de presiones y de intereses que nada tienen que ver con la sostenibilidad del sistema, hubo un momento en el que pareció que el propio ministro de Trabajo estaba animándonos a suscribir planes privados de pensiones. ¿Qué le pasa a este Gobierno que transmite tan mal sus intenciones? ¿Es sólo un problema de comunicación?
A.G.: Desde la Transición, cuando se tiene un fracaso electoral o un contratiempo político lo más recurrente, lo más fácil y también lo más engañoso es echarle la culpa a la política de comunicación que, ciertamente, puede fallar y ha fallado en muchísimas ocasiones. Pero uno comunica mal lo que hace no muy bien o aquello que se ve obligado a hacer por circunstancias que le desbordan. Es el caso del Gobierno español y de otros gobiernos. Estamos ante una crisis en la que los que más pontifican son quienes como el FMI, que acaba de darnos de nuevo su más que archisabido recetario sin ningún empacho y sin sonrojarse, tienen una reforma por hacer aplazada desde hace más de 25 años. Han sido conscientes de ello los sucesivos directores gerentes incluido nuestro Rodrigo Rato, que saltó del cargo a sabiendas de que había una reforma que no quiso hacer. Todavía en el mes de junio de 2008, el FMI hacía un análisis de una situación que calificaba de "desaceleración ya pasajera" -estamos hablando de la primavera de 2008- como un fenómeno que estaba superándose, y vaticinaba la vuelta al crecimiento en el último trimestre de 2008. El fracaso de sus previsiones no pudo ser más sonoro. Lo mismo le pasó al BCE, que tuvo la osadía y la miopía de elevar los tipos de interés también en aquél mes de junio de 2008, considerando por lo tanto que el problema que había en Europa seguía siendo de inflación y no de caída brutal de la demanda.
Yo comprendo que una crisis sin precedentes en cuanto a su complejidad y envergadura desborda a grandes organismos internacionales y que desborda a un gobierno. No obstante, esto no debe servir de justificación. Un discurso político aceptable debe reunir al menos dos condiciones: la franqueza y la humildad. La franqueza para decirle a la gente con claridad qué es lo que está pasando y en qué nos hemos equivocado y la humildad para no volver a generar grandes expectativas que devienen en grandes frustraciones. Cada cosa que se hace es porque no se puede escurrir el bulto, pero también hay que reconocer que puede no ser lo más adecuado ni lo último. Son errores políticos y honestamente hay que reconocerlo así.
N.T.: Es decir, que el Gobierno lo está haciendo mal...
A.G.: Yo no soy partidario de aplicar categorías absolutas. Hay cosas que las está haciendo mal o no muy correctamente.
N.T.: Cuando Zapatero presenta su plan de ajuste, pide un gran sacrificio social pero sin contrapartidas. Después, ha circulado el proyecto, confirmado este miércoles por el presidente, del nuevo impuesto para ricos. ¿Es una buena idea?
A.G.: Yo creo que hay que hacerlo pero no porque estemos en una situación de crisis ni como un gesto de cara a la galería. Y en España, como en el resto de los países europeos, se lleva mucho el desequilibrio fiscal en favor de los más ricos y recargando el peso del sistema tributario sobre las rentas del trabajo. Si a esto añadimos una situación de crisis en la que hay que pedir sacrificios, la manera de conseguir un equilibrio es vía impuestos o vía ingresos. Dicho esto, a mi me parece que esto es un buen ejemplo de cómo a veces se cometen errores políticos que transmiten primero confusión y generan luego decepción. En el debate del miércoles de la semana pasada, en la presentación inicial, el presidente del Gobierno no hizo referencia alguna a la cuestión impositiva, sino que fue en el transcurso del debate y en la respuesta a uno de los grupos cuando lo planteó. Estas cosas no es bueno improvisarlas sobre la marcha. Si uno está convencido de que tiene que sacarlo adelante, tampoco tiene por qué aparecer como una concesión en el fragor de un debate. Se trae preparada y se expone desde el principio.
Yo creo que el Gobierno tenía que haber expuesto desde la primera intervención de su presidente la voluntad inequívoca de buscar un equilibrio en los sacrificios, en este caso vía impuestos, y acto seguido tendrían que haberse dicho cosas que entenderá todo el mundo. Lamentablemente, puede resultar muy populista e incluso demagógico decir que al mismo tiempo que impones recortes del gasto puedes imponer nuevos ingresos. Pero esto es mentira. Reducir gasto está en la mano inmediata de un Gobierno, lo puedes hacer por decreto, mientras que los impuestos no. Los impuestos no se decretan, se legislan. Avanzando la voluntad de hacerlo, si se entra a dar pistas además equívocas, no se traduce de inmediato en un aumento de los impuestos sino en temor, inseguridad... Lo que vas a obtener con un mal enfoque, con la presentación precipitada del asunto, es que se dispare el ingenio fiscal, que es lo que está en la mano de cualquier contribuyente y sobre todo de las grandes fortunas que son las que más facilidades tienen para las ingenierías fiscales. No era tan difícil haber explicado una cosa que era tan elemental y obvia. Y es que justamente estos días estamos en plena campaña de la renta. Basta que se hagan anuncios a tontas y a locas para que la maquinaria fiscal, lejos de obtener más ingresos se encuentre con menos por la vía de las argucias fiscales.
Lo más correcto, sensato y no demogógico hubiera sido una vez declarada la voluntad, no dar pie a conjeturas sobre si se va a tocar este o aquél impuesto y haberse autoconvocado para el momento procesal oportuno en el marco de la Ley General Presupuestaria, y haber consensuado o decidido como Gobierno algunas reformas impositivas. Como ya está rodando la piedra por el pedregal, ya creo que entre el riesgo de quedar de nuevo como un Gobierno que genera expectativas y luego las defrauda y el de que haya alguna picaresca fiscal, prefiero asumir el segundo riesgo tal y como están las cosas. Aunque podamos perder alguna recaudación. Pero creo que se podría haber evitado con un poco más de planificación y prudencia. A estas alturas, ya es menos malo que nos encontremos con algún pícaro que le haga luz de gas a la Hacienda Pública.
Por lo demás, se podría retomar el impuesto del patrimonio, que no se debería haber dejado. Yo ya dije en su momento que me parecía una concesión gratuita y una temeridad perder ese impuesto no tanto por el voumen -que tal y como estamos no son despreciables 2100 millones que se recaudan por ese impuesto- sino por lo que simboliza en cuanto a gravar a las grandes fortunas.
N.T.: Y toda esa precipitación es fruto del personalismo de Zapatero...
A.G.: Es una situación nueva para cualquier gobernante y es posible que cualquiera en sus circunstancias pudiera incurrir en estas fugas hacia delante. Y tenemos que decirlo, incluso desde mi posición, para que pequeños traspiés de un Gobierno no se conviertan en un batacazo. Nunca he creído en las pretendidas lealtades ciegas, que pueden llevar a la tumba al más pintado.
N.T.: ¿Le ha llegado la hora al Gobierno de una remodelación?
A.G.: No creo demasiado en las remodelaciones de las personas. El Gobierno socialista que encabeza Zapatero es de los que han tenido mayor versatilidad, mayor dinamismo, mayor cambio y más numerosos recambios. Habría que repensarse la estructura. Algunas personas me parecen excelentes, pero se da la paradoja de que a algunas como Garmendia, una mujer valiosísima desde el punto de vista profesional y con una gran prudencia política, se las ubica en una estructura un tanto forzada. Posiblemente se diseñó en un momento en que no se calibraba ni de lejos la profundidad de la crisis. Esta estructura sí induce a un desconcierto del Gobierno. Desconcierto en el sentido de descoordinación. Una mayor coherencia que pueda conllevar mayor racionalidad podría venir bien.
N.T.: ¿Mayor racionalidad y menos carteras ministeriales?
A.G.: Yo creo que sí, que se pueden refundir algunas.
N.T.: ¿Cuales?
A.G.: A propósito de lo que estábamos hablando, Ciencia e Innovación Tecnológica sería una cartera a mantener absorbiendo otras cosas en contra de lo que defienden algunos partidarios de que fuera absorbida por ejemplo por Industria. Yo creo que el gran retoque que tiene pendiente España es precisamente el cambio de modelo productivo y eso se sustancia en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Creo que también hubo una desubicación de políticas sociales entre Sanidad, Trabajo, etc. que se podría repensar de nuevo. Más allá de esto, me parece una frivolidad por mi parte decir si hay que reducir o no carteras.
N.T.: ¿Por qué seguimos esuchando al Fondo Monetario Internacional cuando nos dice, por ejemplo, que hay que dar la vuelta a nuestro mercado laboral?
A.G.: Yo creo que el Fondo Monetario Internacional nos obliga a respetarlo más de lo que se respeta a sí mismo. Cuando yo estaba en CCOO, tuve que recibir a la misión informativa del Fondo todos los años desde hace más de veinte. Invariablemente, he tenido siempre la misma sensación: en lugar de venir a informarse de verdad y a escuchar, venían con el diagnóstico ya elaborado y la sentencia dictada, lo que es una falta de respeto al país que se visita. Invariablemente, el recetario sigue siendo el mismo desde hace veinte años y yo honestamente creo que no responde tanto a un conocimiento exhaustivo de nuestra realidad como a una toma de posición dentro de lo que es el debate ideológico político a nivel mundial que tiene su reflejo en cada país.
También me parece que quien no es capaz de predicar con el ejemplo con sus propias reformas no puede decirnos a nosotros que nos tenemos que reformar de esta forma tan vehemente y con brochazos gordos. No es muy aceptable. El 26 de abril tuve una reunión con el comité ejecutivo del BCE en Franckfurt y tras escucharles con mucho respeto también me soltaron esto de la reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? No deja de ser un enunciado, una tautología. "Una reforma laboral que permita crear empleo" no es una propuesta, es un deseo. Tras tanto eufemismo siempre se esconde lo mismo. Lo único que se está haciendo es para que de nuevo España tenga que resignarse a ser un país de proyectos empresariales precarios, que tiene que competir en un segmento del mercado donde hay menores precios y salarios. Es inaudito que tras el batacazo que nos acabamos de pegar nos estén induciendo a volver a competir con el ladrillo. En el mundo actual competir vía precios y salarios como único patrón es eso: competir con salarios precarios, con escasa cualificación profesional, para proyectos empresariales que no requieren del conocimiento para su competitividad. Sólo quieren intensidad de la mano de obra y que sea barata. Yo esto no lo quiero para el país. No es una cuestión corporativa ni una reminiscencia sindicalera. No reniego de lo que he sido pero sobre todo aspiro a la equidad social y creo que es una condición para la eficiencia económica.
Al margen de eso, desde el punto de vista del desarrollo de este país, es mentira que tengamos que conformarnos con no ser nunca un país central europeo sino uno periférico. Hace ya muchos años que ese espacio lo vienen ocupando países emergentes de otras zonas del globo e incluso los países de la ampliación. España tenía que haber saltado hace mucho tiempo a otro segmento con más inversión en tecnología y más cualificación de su mano de obra. Y, en lugar de eso, se ha ido exprimiendo el presente del ladrillo rápido y fácil, dándole la espalda a un futuro del que éramos conscientes. Sobre todo los gobiernos que se encontraron con la recuperación económica del 94. El gobierno del PP del 96 era consciente de que se encontraba con una coyuntura favorable gracias al ladrillo y a la gran afluencia de inmigrantes, pero que era un espejismo.
N.T.: Organismos como el FMI y el BCE han quedado totalmente desprestigiados por su incapacidad para prever la que se nos venía encima y por su mala gestión posterior de la crisis. Pero tampoco Europa ha salido muy bien parada...
A.G.: Bruselas tiene una gran responsabilidad. Cuando hice ese viaje a Franckfurt, me pilló una discusión en la que yo, haciéndome eco de opiniones de expertos económicos no del Gobierno pero sí próximos, sugerí que para evitar ataques especulativos al mercado de la deuda de los Estados soberanos, el BCE monetizase la deuda pública, es decir, lo mismo que hizo un año antes con los bancos privados dándoles dinero al 1%, que por cierto bien que lo aprovecharon para colocárnoslo al 3% comprando deuda pública, en lugar de trasladar aquellas inyecciones de liquidez del BCE a la economía real. En lugar de ello lo que hicieron fue sanear sus balances y hacerlo a costa de la deuda pública. A mi me parecía que si se había hecho con los bancos privados, con más razón había que hacerlo con los estados para dejarles a salvo o contrarrestar los ataques especulativos. Se me dijo rotundamente que no, que lo prohibía el tratado, que había propuestas que con el mismo objetivo podían ser más 'light' con la letra del tratado, como era haber hecho una operación estructural por parte del BCE.. Se trataba de volver a las inyecciones de liquidez a través de la banca pero mediante operaciones suplementarias para que llegaran a la economía real y a todo se me dijo que no.
Esa misma mañana, la señora Merkel se descolgó del plan que se había acordado una semana antes para ayudar a Grecia, el primer plan, avanzando que iba a exigir condiciones extraordinarias a Grecia. En tan sólo una mañana, el bono griego pasó de 8 puntos a 13,4, si no recuerdo mal. En el caso español, cada punto de más en los intereses que tengamos que pagar por nuestra deuda nos supone 5.000 millones de euros. En términos relativos, yo creo que a Grecia incluso le pudo suponer más que a nosotros. Esos cientos de miles de millones que en apenas media hora tienen que pagar de más los griegos ya no se deben ni a los trucos contables del gobierno de derechas anterior, ni al supuesto despilfarro de los griegos -nos los han presentado como auténticos frívolos que vivían mejor que nadie a costa de los hormiguitas alemanes, cosa que es absolutamente falsa- sino que se debe sencillamente a una falta de solidaridad europea, de autoridad política europea, de auténtica unión económica.
Por un lado se rasgan las vestiduras, diciendo que han caído en la cuenta de que efectivamente no hay unión económica sino sólo monetaria. Algunos, en el ámbito sindical europeo y ya con el Acta Única, empezamos a reclamar esto. Cuando se creó la unión monetaria, se planteó la necesidad de dotarla de un presupuesto que al menos equivaliera al 3% del PIB comunitario. Se nos dijo de todo: locos, demagogos...Los mismos que han tenido esa posición tan refractaria y negativa respecto a la unión monetaria ahora pretenden imponer sus criterios aún a costa de provocar auténticos desastres a las economías periféricas. Y son todos los gobiernos que más fuerza tienen en Europa y que más se han resistido y se resisten a crear la unión económica. En esto sí ha faltado una mayor coordinación de distintos países europeos para haberle dicho a Alemania que así no se puede jugar. Que anteponer una cuestión puramente doméstica como eran las elecciones de Renania Westfalia al interés de toda la UE es un desastre. Lo justo sería que este sobrecoste de la deuda griega lo pagaran los alemanes.
El superávit alemán se está nutriendo de los déficits de los países periféricos, Grecia es el segundo cliente de la industria de armamento alemana en un sarcasmo bastante cruel porque el primer cliente es Turquía. Es decir, alimentando un viejísimo conflicto, y hasta rancio y estrafalario, la industria alemana se pone las botas vendiéndole a Grecia por el 4,8 de su PIB. No digamos los bienes de equipo, maquinarias, locomotoras de alta velocidad en España... Y es detrás de todo esto donde se esconde la reforma laboral que nos demandan. Pedirnos que no nos desarrollemos para seguir comprándole a Alemania y que nosotros mismos nos veamos como los parientes pobres de la familia me parece inaceptable.
N.T.: En cualquier caso, no parece que vayamos a salir indemnes de la reforma laboral, ya sea por la vía del acuerdo o del 'decretazo'. Habrá recorte de derechos. Nunca más vamos a cobrar 45 días por año trabajado en concepto de indemnización.
A.G.: Lamentablemente se da una paradoja que ya he vivido en otras ocasiones y no me gusta remitirme al pasado porque tiendes a la melancolía cuando no a la esquizofrenia o a hacer el fantasma directamente. Pero hay algunas cosas que no puedo eludir porque las he vivido directamente o he sido corresponsable, como es la reforma del 97. Entonces, cuando se hace el contrato con 33 días por año, no se abarataba el coste del despido sino que se daban derechos económicos a quienes carecían de ellos porque era un contrato aplicable sólo a personas que estaban en el paro y que pasaban a tener un contrato fijo. Y se les reconoció el derecho a esa indemnización en caso de despido improcedente a ese tipo de contratos y a los temporales sin derechos indemnizatorios. Cuevas reconoció que había que pasar la página de la precariedad laboral, que no era sostenible tanta temporalidad. Cuando el PP tuvo mayoría absoluta se olvidó de respetar la autonomía de los negociadores y descerrajó un decretazo en 2001.
Paradójicamente, cuando un gobierno ha irrumpido en la concertación social aunque sea con la mejor voluntad o impelido por los que dicen estas tonterías de que hay que ser valientes (eso parece que no es oponerse a los grandes grupos financieros ni a las grandes rentas del capital sino meterse con los más débiles o quitar derechos) ha provocado inmediatamente la desincentivación o el abierto boicot de la patronal para seguir negociando. Basta que un gobierno avance su disposición a legislar para que la CEOE se cruce de brazos o le pegue una patada a la mesa de manera más o menos sutil, a veces descaradamente, porque ya sabe que el Gobierno va a hacer el trabajo sucio. Cuando se les ha dicho que la responsabilidad de llegar a un acuerdo era suya es cuando más se han aplicado. Cuando en el 97 se les arrancó el compromiso de que iban a respetar la autonomía de las partes se les arrancó no uno sino cinco acuerdos. Hubiera sido mejor emplazar a la negociación bipartita, empresarios-sindicatos, hasta que se quedasen calvos o gastaran el asiento de las sillas. No quisiera que se entendiera como una intromisión en el mundo sindical pero si de algo vale mi opinión....
N.T.: Pues como no se den prisa....
A.G.: Confío en el buen juicio del Gobierno. Pero hay que ver la cara que se le ha puesto a la CEOE en cuanto ha oído hablar del 'decretazo', en plan "dejemos que sea el Gobierno el que se ponga colorado"
N.T.: ¿Habrá huelga general? Toxo dice que cada día que pasa estamos más cerca.
A.G.: Hay que decir en honor de Toxo que, a diferencia de otras viejas concepciones del sindicalismo que lo entendían sublimado en el conflicto, entiende que donde realmente se realiza es en la solución del conflcto. Una huelga no es una fiesta, es un fracaso. Por tanto hace muy bien en aclarar que no se va de buen grado. Yo ante las huelgas soy partidario de no anunciarlas ni para bien ni para mal, de no decir si las deseas o no, salvo cuando no hay más remedio que hacerlas y hay que explicar bien las razones. Hablar de la huelga general me parece que no va a ningún lado. A estas alturas nadie se deja impresionar por las palabras. Si no hay más remedio se hace y mientras tanto uno se empeña en evitarla porque trabajas para alcanzar el acuerdo. Dicho esto, la verdad es que se está creando una situación de mucha tensión y estas situaciones acaban reventando en un conflicto.
N.T.: Tensión y desánimo porque del optimismo de hace unos meses, cuando pensábamos que en breve íbamos a ver los famosos "brotes verdes", ya no nos queda nada.
A.G.: Tal vez pueda pasarme de pesimista pero lo prefiero a andar generando expectativas equivocadas. De esta crisis, muy desgraciadamente, vamos a salir peor que de la del 29. La recesión del 29 degeneró en depresión por la aplicación de las política liberales, lo que después