Comisiones Obreras ha elaborado un manifiesto ante la insostenible tasa de desempleo y la inaceptable gestión de la crisis, que plantea la necesidad de una nueva ofensiva social y sindical para enfrentar la situación proponiendo cinco ejes de actuación. En esta ocasión es mejor no tener intermediarios, leer el original es recomendable.
MANIFIESTO DE CCOO
La persistencia de la crisis; la insostenible tasa de desempleo y su repercusión en colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes; las medidas para combatir el déficit en unos plazos carentes de realismo, que está suponiendo una fuerte reducción de las políticas públicas y del personal que debe llevarlas a cabo; los resultados electorales que muestran una severa penalización a quienes han aplicado estas políticas; los movimientos ciudadanos que han venido a cuestionar tanto las formas de hacer política como la penosa situación por la que están atravesando cientos de miles de personas y la ausencia de perspectivas de futuro, obliga a una profunda reconsideración sobre las formas de enfrentar la situación y a una ofensiva sindical y social con la vocación de invertir el estado actual de las cosas.
En efecto, los indicadores económicos señalan un débil crecimiento, una alta tasa de inflación, el 3,6% y un volumen de desempleo que llega al 21% de la población activa, superando el 40% entre la población más joven. Al mismo tiempo, las administraciones públicas han dejado de invertir para estimular la economía mientras la iniciativa privada sigue agazapada y persisten las restricciones en el crédito hacia familias, autónomos y pequeñas empresas, con lo que se alejan en el tiempo las posibilidades de recuperar la actividad económica, el empleo y la superación de la crisis.
Las políticas aplicadas por el Gobierno no son otra cosa que una traslación acrítica de las diseñadas por la Unión Europea. Primero fue el Pacto de Estabilidad, ahora el Plan de Gobernanza y el Pacto por el Euro Plus que contemplan dotar a las instituciones europeas de los instrumentos para vigilar, controlar y castigar a los Estados miembros que no cumplan los objetivos de déficit público y deuda pública, y hacer ganar competitividad a los países periféricos mediante la reducción de los costes laborales, el debilitamiento de la negociación colectiva y la pérdida de calidad de los sistemas de protección social y de los servicios públicos.
Las políticas centradas en la reducción del déficit y en la obsesión por calmar la voracidad de los mercados financieros, han tenido consecuencias desastrosas en una Europa que cuenta con más de 23 millones de parados y que ha impuesto condiciones draconianas para el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal.
En España esas mismas políticas se han materializado en la reducción del gasto público y en dar mayores facilidades a las empresas para acometer los ajustes de empleo. Las consecuencias de esta política están suponiendo el empobrecimiento de amplios sectores, particularmente los pensionistas a los que se les ha congelado su prestación; la contención del consumo -no en vano se ha reducido el sueldo a más de dos millones de empleados y empleadas públicos-; un deterioro en los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras -basta ver los contenidos y efectos de la reforma laboral-; la reducción de los recursos económicos y humanos en los servicios públicos lo que implica el debilitamiento y deterioro de la red de protección social y sirve como pretexto para justificar la privatización de los servicios que el Estado debe proveer y garantizar a la ciudadanía.
Todo ello contrasta con la complacencia con la que se ha tratado a los responsables de la crisis, los ingentes recursos que se han puesto en sus manos para enfrentar su desastrosa situación financiera y con ello, la renuncia a practicar políticas más equitativas a la hora de asumir los esfuerzos necesarios para superar la situación. Se ha huido de una reforma fiscal que permitiese al Estado recaudar de una manera más justa los ingresos necesarios para que los costes no recayesen en los sectores más débiles de la sociedad; se sigue sin actuar en el sistema financiero, limitando las iniciativas a la reforma de las cajas a las que poco menos que se les obliga a convertirse en bancos y a perder su carácter social; la persecución del fraude fiscal, tan timorata e inconexa que hasta los propios inspectores de hacienda la denuncian, y el plan de afloramiento de la economía sumergida no pasa de una amnistía para los empresarios que instala en la indefensión a los trabajadores y trabajadoras.
Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo se han sido en buena medida un plebiscito a las políticas practicadas y a la situación generada. Han penalizando gravemente a quienes las han llevado a cabo, el PSOE, que ha renunciado a aplicar su programa fracturando, así, su base social y electoral. De esta situación se ha beneficiando mayoritariamente a la derecha política (principalmente el PP) que se ratifica como clara alternativa. Por otra parte, pese a la leve mejora de la participación sigue habiendo una abstención de más del 36% y un incremento del voto en blanco y nulo cifrado en un 2,54% y un 1,7% de las papeletas, lo que expresa una creciente contestación al sistema que algo tendrá que ver con las movilizaciones ciudadanas que desde mediados de mayo se están realizando en buena parte de la geografía española.
En este sentido, el denominado movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a decenas de miles de personas especialmente jóvenes que expresan su rechazo a la situación actual y a la ausencia de expectativas de futuro a la vez que cuestionan las formas actuales de hacer política por su escasa conexión con las inquietudes de la gente, y lo hacen desde un compromiso y una conciencia ética fuerte.
La conjunción de todos estos elementos configura un nuevo escenario económico, político y social que nos lleva a plantear la necesidad de una nueva ofensiva social y sindical para enfrentar la crisis de otra manera, tanto en lo que se refiere a las soluciones económicas como a las formas de hacer política. En ese sentido CCOO, tras los debates celebrados en su Consejo Confederal, aporta cinco ejes de actuación en los que ya viene trabajando pero ante los que cabe incrementar la capacidad de movilización sindical y social.
1.- Salir de la crisis de manera justa y equitativa
No hay una única manera de enfrentar la crisis. Se pueden y se deben abrir paso otras políticas posibles que garanticen un reparto más equitativo de los costes de la misma, que no deje las soluciones a los mismos que la han provocado. CCOO somos conscientes de la necesidad de reducir el déficit público, pero esto, siendo imprescindible debe hacerse compatible con la atención a la primera de las prioridades del momento que no es otra que la reducción sustancial del desempleo.
Para ello es necesario:
- Forzar un cambio en la orientación de las políticas europeas, tal y como ha establecido el reciente congreso de la Confederación Europea de Sindicatos. Ampliar el espacio temporal para la reducción del déficit al período 2016-17, combinar la eficiencia en el uso de los recursos con el incremento de los mismos a través de una política fiscal europea, destinando el 1% del PIB europeo para inversiones, instaurando una tasa que grave las transacciones financieras internacionales,…
- Promover una reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios a través de una recaudación más justa y equitativa, a fin de paliar las cargas que suponen las políticas de reducción del déficit entre los sectores más débiles de la población. Se debe empezar combatiendo el fraude fiscal con determinación política y los recursos necesarios, recuperando figuras impositivas suprimidas o dejadas sin efecto, como el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones, y articulando un verdadero plan de afloramiento de la economía sumergida que garantice las necesarias contribuciones al erario público al tiempo que se preservan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
- Proceder a una reforma del sistema financiero que al tiempo que vela por la solvencia de las entidades, ponga límites a las operaciones especulativas y garantice que el crédito fluya a las familias, autónomos y pequeñas empresas, de manera que sirva para activar el consumo y la inversión. Hay que recuperar el carácter de banca de proximidad que han jugado tradicionalmente las cajas de ahorro y restablecer su vertiente social.
- Establecer mecanismos de control de los precios. La reactivación económica y la creación de empleo están íntimamente ligadas a la capacidad de competir de nuestras empresas en el mercado internacional. Cuando nuestro IPC se encuentra dos puntos por encima de la media europea se están limitando seriamente las posibilidades exportadoras de nuestras empresas, por ello es indispensable disponer de todos los mecanismos a nuestro alcance para controlar los precios de bienes y servicios, lo que tiene que ser compatible con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Es indispensable que nuestros precios crezcan como máximo lo mismo que los de la zona euro.
- Abordar un verdadero cambio de modelo productivo, de suerte que el país recupere la senda del crecimiento sobre pilares distintos a los que nos han llevado a esta situación: hay que apostar por un sector industrial fuerte, por una política energética que asegure el abastecimiento a costes competitivos, priorizando las energías renovables, en orden a pasar de una economía alta en carbono a otra, que desde el concepto de “transición justa”, apueste por la reducción significativa de los impactos ambientales, en especial, por la reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera. Un cambio de modelo de crecimiento requiere también invertir en I+D+i y en un sistema educativo de mayor calidad y más cercano al sistema productivo, replanteando sustancialmente nuestro sistema de formación profesional.
2.- Crear empleo digno y con derechos. Empleo para los jóvenes
El empleo no lo crean las normas que regulan el mercado de trabajo sino la reactivación económica; no obstante, estamos obligados a explorar fórmulas para la integración en el mercado laboral de aquellas personas que engrosan las filas del denominado paro de larga duración y de los jóvenes, tanto de aquellos que finalizan sus estudios como de los que han perdido su puesto de trabajo, especialmente los que carecen de la cualificación suficiente.
Es necesario, en este sentido, establecer la transición entre el sistema educativo y el mercado de trabajo procurando un acceso al mismo a través de contratos que permitan simultanear la actividad laboral y profesional con la ampliación o recualificación formativa, garantizando en todo caso, los derechos laborales esenciales (cotización a la seguridad social, derecho al desempleo, retribuciones adecuadas, tutorías cualificadas,…)
3.- Restablecer derechos laborales. Iniciativa Legislativa Popular “para el empleo estable y con derechos”.
La reforma laboral que ha hecho más fácil y barato el despido debe enmendarse. Desde su aplicación se ha destruido empleo con mayor rapidez y se ha incrementado la dualidad en el mercado laboral entre contratos temporales, que siguen creciendo, e indefinidos que apenas lo hacen.
Tras la Huelga General del pasado 29 de septiembre CCOO y UGT hemos promovido una Iniciativa Legislativa Popular “para el empleo estable y con derechos” que tiene por objetivo hacer llegar al Parlamento el rechazo de la ciudadanía y la radical oposición del mundo del trabajo con la reforma laboral impuesta y favorecer que las Cortes tengan que revisar los capítulos más perniciosos de la Ley, restituyendo los derechos atropellados.
4.- Luchar por mantener y ampliar los servicios públicos de calidad como factor de cohesión social y fuente de empleo.
La política de recortes en los sectores públicos ha ido descendiendo a las CCAA y a las administraciones locales a medida que el foco de atención de la reducción del déficit se ha ido desplazando hacia estas instituciones. Debemos promover grandes alianzas con la sociedad civil por la defensa de los servicios públicos de calidad.
Los servicios públicos son parte del salario diferido, pero también un derecho de ciudadanía que caracteriza el modelo social europeo y que es factor de integración y cohesión social a partir de una adecuada distribución de la riqueza. También debemos defender el empleo público como un factor intrínsicamente asociado a la calidad de los servicios que se prestan, tanto en lo que a su mantenimiento se refiere como a las posibilidades de creación de empleo que la dinamización de estos servicios podría suponer. Se debe perseguir una mayor eficiencia en el gasto a partir de la cooperación entre administraciones, priorizando la actuación sobre los servicios esenciales (sanidad, educación, dependencia,…)
5.- Comprometernos con la regeneración democrática de la actividad política y sindical
Nuestro país ha conseguido en tan solo tres décadas asentar un modelo democrático, que en la salida de la dictadura era difícil de imaginar; basta recordar la intentona de golpe de Estado del 23F del 1981. Sin embargo, el acelerado proceso de institucionalización de la participación ciudadana, una ley electoral que ha fomentado el bipartidismo y por tanto ha dificultado la expresión política de la pluralidad de la sociedad, unas prácticas políticas distanciadas de los programas con que los partidos se presentan a las elecciones, los fenómenos de corrupción y enriquecimiento en el ejercicio de la política,… han contribuido por un lado, a una progresiva desafección de amplios sectores de la ciudadanía del hecho político y, por otro, a la aparición de fenómenos populistas y xenófobos. Fenómeno éste que ya se viene dando en los países de nuestro entorno.
En este sentido, CCOO considera que estamos ante una buena oportunidad para profundizar en nuestra experiencia democrática fomentando mecanismos alternativos a los actuales de participación, a una revisión de la Ley electoral que establezca una mayor proporcionalidad y a una regulación que penalice, de forma cierta, la vulneración del “contrato” electoral que contraen los que se presentan a las elecciones con los ciudadanos que les prestan su confianza. Particularmente hay que ser severos ante los casos de corrupción política.
CCOO también hará su particular contribución en este sentido:
- profundizando la independencia y autonomía sindical, que es uno de nuestros principales activos,
- mejorando el uso de nuestros recursos y haciendo éstos totalmente transparentes antes los trabajadores y trabajadoras y la opinión pública, revisando, como ya estamos haciendo, nuestra participación en los proyectos de formación para el empleo y
- practicando “un sindicalismo de proximidad” que priorizando el contacto directo y cotidiano con los trabajadores y trabajadoras en el centro de trabajo, no deje de
- establecer amplias alianzas con la sociedad civil.
El conjunto de estas propuestas las concebimos como un factor de movilización social y para la negociación en la lógica de imprimir un giro sustancial a las políticas practicadas hasta el momento.
El Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, se publicó en el BOE el pasado 11 de junio. La nueva normativa regulará las relaciones entre empresa y trabajadores, con novedades como la limitación de la prórroga automática de los convenios colectivos (la denominada ultraactividad) a un máximo de 14 meses y la preeminencia del convenio de empresa sobre el provincial o estatal del sector.
