Entre los días 16 y 19 de mayo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebrará, en Atenas, su XII Congreso. El principal foro del sindicalismo europeo se reúne en un momento difícil para el sindicalismo y para el proyecto de integración económica y política que es la Unión Europea. Tras la celebración del mismo analizaremos, pero tengo una sensación gris, como nos indica Javier Doz en este artículo, no parece que el sindicalismo europeo esté a la altura del gravísimo momento de cambio de paradigma en el que nos encontramos.
Las consecuencias de la crisis económica y del giro radical en las estrategias de salida de la misma que supusieron las conclusiones de la histórica reunión del Ecofin del 9 de mayo, refrendadas y ampliadas posteriormente por las sucesivas cumbres del Consejo Europeo, están marcando la conducta de gobiernos y patronales en prácticamente todas las naciones europeas.
Para salvar al sistema financiero de la quiebra y evitar la caída en una profunda depresión, los gobiernos de los principales países del mundo, desarrollados y emergentes, reunidos en el G20, adoptaron políticas keynesianas y en las conclusiones de las cumbres de 2008 y 2009 establecieron como prioridades la reactivación de la demanda y el comercio mundiales, la recuperación del empleo y la protección de los desempleados y una nueva regulación del sistema financiero para evitar crisis futuras. La CSI participó activamente en esas reuniones y logró introducir en sus conclusiones algunas otras propuestas avanzadas para el futuro así como la participación de la OIT y la adopción de los contenidos de su Pacto Mundial por el Empleo. Esto fue lo último positivo, sólo sobre el papel, que hizo el G20 en la Conferencia de ministros de trabajo que se reunió en Washington, en abril de 2010.
A partir del pasado mes de mayo todo cambió bajo la principal, no la única, responsabilidad de la UE. El Consejo y la Comisión dieron un giro radical a su política, abandonando los compromisos del G20 y estableciendo que, a partir de ese momento, el único objetivo de la acción de los gobiernos debía ser la reducción de los niveles de déficit público y de deuda pública, para alcanzar en un plazo breve los parámetros marcados en el Pacto de Estabilidad. Las reuniones de 2010, del G20, fracasaron y su discurso se reorientó, con contradicciones, hacia posiciones conservadoras. El contraataque del poder financiero mundial, recuperado tras su salvación por los gobiernos y el dinero público, empezó a surtir efecto.
Los nuevos instrumentos de gobierno económico de la UE, aprobados en las reuniones del Consejo Europeo del mes de marzo, el Plan de Gobernanza y el Pacto por el euro, profundizan la orientación conservadora y neoliberal. El primero obligatorio y el segundo "voluntario forzoso", se podrían resumir en una concepción del gobierno económico entendida como de policía y tribunal de justicia de las políticas de austeridad, y una política para la ganancia de competitividad .para los países periféricos o/y PIIGS, basada en la reducción de los costes salariales. La filosofía de las reformas exigidas -¡cómo han prostituido los conservadores actuales la palabra reforma!- es clara: recortar los derechos sociales para disminuir el gasto público y debilitar la negociación colectiva y el poder sindical para deflactar salarios y flexibilizar los mercados laborales. La armonización fiscal, imprescindible en la Zona Euro y para concebir cualquier alternativa de reducción de los déficits públicos y de salida de la crisis que se base en un reparto mínimamente justo de sus cargas, apenas se menciona.
Nunca en la historia de Europa se habían promovido, desde sus instituciones, unas políticas tan conservadoras y socialmente injustas, con influencia decisiva en los ámbitos nacionales. Y, como demuestra la continuidad de la recesión en Grecia e Irlanda, la recaída en ella de Portugal y el estancamiento de España y otros países, las políticas de ajuste y recortes no sólo son injustas, además son erróneas. Deprimen fuertemente la demanda interna, el crecimiento y el empleo y con ello no permiten alcanzar los objetivos de reducción de los déficits. Además están conduciendo a un desapego de la ciudadanía del proyecto europeo y a una profunda crisis política de la UE.
El pasado año Europa vivió grandes procesos de movilización general de los trabajadores, incluidas huelgas generales, en al menos 10 países, otras de menor impacto en otros tantos, y dos jornadas de acción europeas convocadas por la CES. Desde comienzos de 2011 se han convocado acciones importantes contra los recortes laborales y sociales en otros países -Reino Unido, Italia, etc.- y la CES convocó acciones el 24 de marzo y el 9 de abril, cuando más de 50.000 sindicalistas de toda Europa nos manifestamos en Budapest. La amplitud de la protesta sindical ha sido notable, pero no suficiente para hacer cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales europeas. España es uno de los pocos países en los que las movilizaciones han permitido alcanzar un acuerdo general tripartito aceptable. A las jornadas de acción europeas, aún no siendo desdeñables, les falta contundencia y capacidad de convergencia de acciones nacionales en las fechas marcadas.
Este es el contexto del Congreso de Atenas. De su fase de preparación cabe destacar algunas cosas. El debate sobre la reforma de los estatutos, entre la línea más europeísta, partidaria de dar más competencias a la CES, y la más nacionalista, de disminuirlas, terminó en tablas: los Estatutos no se cambian en ningún aspecto sustancial. En segundo lugar, el Comité Ejecutivo aprobó, y el Congreso debe ratificar, una reforma moderada de la financiación para garantizar que no disminuyan los recursos y se ponga fin a los vigentes privilegios de las organizaciones más grandes que pagan menos por afiliado que el resto de los sindicatos.
Sobre el proyecto de programa de acción elaborado por el Comité de Preparación del Congreso, compuesto por una persona por organización afiliada y que comenzó su trabajo a mediados del pasado año, y que fue tratado en dos reuniones del Comité Ejecutivo, hubo finalmente un grado importante de acuerdo sobre su orientación general. Sólo los sindicatos nórdicos, con el apoyo de algún sindicato del Este, siguen planteando su oposición a avanzar en el gobierno económico de Europa y se apuntarían a algún tipo de renacionalización en el terreno sindical. Pero en diciembre hubo más dudas en el debate sobre las alternativas a las políticas de austeridad que apuntaban a rechazar el concepto de gobierno económico de Europa debido a los antisociales contenidos de la actual "gobernanza reforzada". Finalmente no hubo retroceso programático en este campo.
El proyecto de programa mantiene lo aprobado en el Congreso de Sevilla, sobre el objetivo de crear un marco de relaciones laborales y sociales europeo, y se centra en propuestas alternativas a las políticas impulsadas por las instituciones y los gobiernos de la UE, después de realizar una dura y justa crítica a dichas políticas. Un Fondo Monetario Europeo y la emisión de eurobonos están entre las propuestas para la estabilidad financiera y una más eficaz y solidaria gestión de la crisis de las deudas soberanas. Nueva regulación del sistema financiero e implantación de un impuesto a las transacciones financieras. Volver a hacer de la recuperación del crecimiento y la creación de empleo objetivos prioritarios de la política económica; Plan europeo de inversiones de un valor equivalente al 1% del PIB. Gobierno económico de la UE que incluya fiscalidad, políticas industriales, energéticas y medioambientales y que se plantee reducir los déficits públicos mediante el reparto de cargas y el acuerdo social. Defensa del modelo social europeo y sus servicios públicos de calidad. Cambiar el modelo económico hacia una economía verde con una "transición justa". Estas son algunas de las principales propuestas del Programa de Acción.
La principal crítica que se puede hacer al texto es que no avanza en la construcción de una estrategia de acción sindical europea, que articule las luchas nacionales con las de carácter transnacional, y que permita ir construyendo una correlación de fuerzas más favorable para el sindicalismo y los trabajadores europeos ante los enormes desafíos que tienen que enfrentar. CC OO va a llevar este debate a Atenas.
El Congreso deberá elegir nueva dirección de la CES -secretariado (6), secretaría general y presidencia- que verá una renovación casi total de las personas que hoy la conforman. Entre los candidatos propuestos por el Comité Ejecutivo están Bernadette Segol (francesa, actual secretaria general de UNI-Europa), para la secretaría general, y nuestro secretario general, Ignacio Fernández Toxo, para la presidencia.
*Javier Doz
Secretario de Internacional de la C.S. CC OO
