jueves, noviembre 20, 2008

Marcelino Camacho, historia de un obrero

Los Cambios sociales, la historia de los pueblos se encarnan en personas excepcionales. Hombres y mujeres que se aferran de lleno a unas ideas, que defienden por encima de todo, y por las que tienen que pagar un alto precio. Pocas, como Marcelino Camacho, han sobresalido tanto y han vivido lo suficiente para contarlo. Para llegar a ese momento en el que el pasado y el presente se alían para reconocer su coherencia. Un equipo de Informe Semanal ha entrevistado al fundador de CC.OO. con motivo de su 90 aniversario. El reportaje profundiza en la vida de este sindicalista y recorre con él algunos lugares emblemáticos, como su casa natal de Osma la Rasa, en Soria, que aun hoy se conserva como trastienda del local en el que, ya de muy joven, reorganiza el sindicato ferroviario de la UGT. Creo que es un testimonio digno de visualizar, para ello solo tienes que pulsar en el título de esta entrada.

Las Mujeres:Otra mirada

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"No entiendo mi vida sin el feminismo"

Carmen Bravo Sueskun es la Secretaria Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras desde 2004, pero su entusiasmo está igual de vivo que entonces, como ella misma expresa: “Hay cosas que se hacen por amor o por compromiso o no se hacen”, he tenido la oportunidad de compartir trabajo y buenos momentos en Extremadura, por ello creo interesante esta entrevista.

Sueskun ha pasado sus últimos años a caballo entre su tierra natal (Navarra), adonde vuelve siempre que puede para descansar y recuperar energías, y Madrid, donde está al frente de la Secretaría Confederal de la Mujer (SCM) de Comisiones Obreras: “Estos cuatro años y poquito más han sido muy gratos. He estado contenta y he tenido motivos de satisfacción casi todos los días. Cuento con un equipo de gente realmente excelente, tanto desde el plano de su experiencia y profesionalidad y responsabilidad personal como de su compromiso. Ella pone el acento en la responsabilidad personal para que todo tenga sentido en el quehacer diario: “Tenemos que ser responsables en aquello que estemos desempeñando, da igual que estemos al frente de cualquier secretaría de este sindicato o que estemos sencillamente picando datos. Creo que la responsabilidad es de las personas y en esta organización hay bastante”.

Destaca sobre todo el haber tenido la oportunidad de conocer a mujeres con un fuerte compromiso para con la sociedad, que aportan conocimiento y trabajo pero también valores: “Las secretarías de la Mujer de federaciones y territorios son un gran contenedor de valores y consiguen que el sindicato sea cada vez más poroso hacia esos valores; por ejemplo, transmitiendo a la sociedad que el ámbito laboral es muy importante para que el mundo sea mejor”. Carmen Bravo Sueskun reconoce que hasta llegar a la sede de Fernández de la Hoz: “No había sido muy consciente de la capacidad de transformación del sindicato, de su influencia en la sociedad…”. Desde entonces ha habido grandes cambios en la legislación española en materia de igualdad entre hombres y mujeres: la ley de igualdad (con nuevas medidas de conciliación y de protección social), la ley de dependencia, la creación del Ministerio de Igualdad… Basta con seguir los lemas escogidos por la SCM con motivo de la celebración del 8 de Marzo para darse cuenta de esta evolución: “Avanzar en derechos, reforzar la igualdad” (2005); “Contra la precariedad laboral, planes de igualdad” (2006); “Participa con Comisiones Obreras del compromiso de igualdad en la empresa”(2007); y, por último, en 2008: “Ahora, igualdad real”.
Estamos en un momento de crisis y se piensa en quienes han perdido sus empleos en masculino, ¿qué opinión le merecen las primeras propuestas lanzadas desde el Ministerio de Trabajo?
Comisiones Obreras ha sido muy crítica con las primeras propuestas que hizo el Ministerio de Trabajo para “reemplear” a los varones, sobre todo a los desempleados del sector de la construcción. Las políticas de protección social y las políticas activas de empleo no tienen una característica de género, más allá de la demanda que pueda haber por parte del mercado.La reorientación del sistema productivo tiene que contar con el sector servicios, que tiene un peso económico enorme. Abandonar en estos momentos sectores como el turismo o la atención a las personas mayores sería un gran fracaso. En un primer momento ha impresionado el crecimiento del desempleo entre los varones. Pero es que el siguiente gran incremento del desempleo va a ser femenino, y va a proceder precisamente de las dministraciones públicas; por lo tanto habrá que adaptar las medidas de protección. Hay que invertir también en la pequeña y en mediana empresa, que forman la mayor parte del tejido productivo.

¿Qué importancia tienen la cualificación y la formación de las trabajadoras?
Ha habido y hay desigualdad entre la formación que se imparte y la posibilidad de encontrar un empleo. Tiene que ver con la falta de planificación y de previsión para adaptar la formación al sistema productivo. Es una riqueza, un valor en sí mismo, el que la población femenina española tenga unos niveles de cualificación tan altos. La paradoja es que el empleo que se ofrece a las trabajadoras no se adecua a su formación. Pero se puede reorientar a esas futuras trabajadoras mediante la formación profesional, la formación y el reconocimiento de su experiencia.
¿Qué balance hace de la ley de igualdad?
Hoy tenemos un marco normativo que nos permite desarrollar más acciones que las que teníamos anteriormente. Aunque, de momento, estamosa la expectativa, porque el que una norma se apruebe no supone cambios inmediatos. La ley permite, entre otras cosas, desarrollar protocolos frente al acoso sexual o el acoso por razón de género; abordar el tratamiento de los tiempos de trabajo en las empresas (teniendo en cuenta la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas familiares); eidentificar y detectar las discriminaciones indirectas. Sin embargo la ley tiene una capacidad de desarrollo enorme y aún estamos en sus inicios. Por lo tanto, habrá que comprometer a las organizaciones empresariales, a las administraciones y a los sindicatos para que continúe desarrollándose.
¿Va a permitir la ley ampliar y desarrollar la intervención sindical en las empresas?
En la negociación colectiva ya no se puede ignorar la desigualdad y la discriminación. Hasta ahora era habitual que estos temas (la discriminación, el acoso, las diferencias salariales, las categorías profesionales…) pasasen de forma desapercibida en los convenios colectivos. Ahora, la gente es más consciente de sus derechos. La realidad de las discriminaciones sexistas ha tomado más intensidad y hay que conocer dónde se encuentran para poder atajarlas. El reconocimiento formal de los derechos es muy importante porque ayuda a que las personas los reivindiquen.
Comisiones Obreras ha hecho especial incidencia en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿en qué situación nos encontramos ahora?
Las realidades al final consiguen imponerse. Cuando se aprobó la ley de conciliación de 1999 las demandas sindicales y sociales iban muy por delante. Ahora se ha reconocido la demanda de derechos en materia de conciliación y de corresponsabilidad. Hoy a nadie le llama la atención hablar del permiso de paternidad. La conciliación tiene que dejar de ser un problema exclusivo de las mujeres. El marco legal, también en este aspecto, ayudará a la estabilidad laboral de las trabajadoras.
¿En qué lugar se sitúa cuando habla de “corresponsabilidad”?
La falta de corresponsabilidad conlleva un perjuicio claro y manifiesto hacia las mujeres, porque son quienes atienden las responsabilidades familiares y esto perjudica a su permanencia en el empleo y a su promoción profesional. Hay que implementar medidas para favorecer la corresponsabilidad; por ejemplo, con el permiso de paternidad. Llama la atención que la Unión Europea esté planteando la ampliación del permiso de maternidad. Lo lógico sería hablar de permisos parentales o permisos que puedan ser compartidos por ambos progenitores. O compartimos vida y trabajo o difícilmente vamos a alcanzar esa sociedad más igualitaria y más democrática que pretendemos. No veo otro camino.
¿Esta corresponsabilidad es fundamental también para la vida sindical?
La corresponsabilidad, en una organización tan masculinizada todavía como es Comisiones Obreras, está muy lejos de alcanzarse. Por ejemplo, durante el proceso congresual surgen conflictos. Son conflictos (poder de representación, planes de acción, objetivos programáticos, modificaciones estatutarias…) inherentes a cualquier proceso de este tipo. Pues bien, pareciera que son solamente “cosa de hombres”. Parece que nosotras solamente participamos cuando los diferentes campos de acción están resueltos. Solamente entonces, tenemos cabida para llevar a cabo las tareas que nos correspondan.
¿Habrá diferencias entre el anterior congreso de 2004 y el próximo a celebrar en cuanto a representación femenina se refiere?
Mucho me temo que no; que vamos a estar alguna mujer más, pero no va a haber un cambio importante. Aun sabiendo y conociendo que hay algunas organizaciones del sindicato que tienen un fuerte compromiso para que las mujeres participen. Entiendo la transversalidad cuando realmente no hay un solo exponente, sino que la organización es el exponente. Por los sondeos que estamos haciendo, en el congreso se cumplirá probablemente con la norma de la proporcionalidad, pero en poquitas organizaciones va a haber esa acción positiva que sí demandamos para el ámbito laboral.
¿Habrá paridad en las delegaciones congresuales y en los órganos de dirección para el 10º Congreso Confederal, que se celebrará en 2012?
Soy una convencida de las cuotas, creo que la participación de las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones se ha conseguido mediante su implantación.Comisiones Obreras tiene que incorporar en sus estatutos la paridad, que es la puerta de entrada a que hombres y mujeres compartan espacios y tiempos. No me creo la igualdad en una organización donde la representación de cualquiera de los sexos esté por debajo del 40%. Espero que este 9º Congreso Confederal lo apruebe (hasta ahora no está habiendo problemas con esta propuesta de reforma estatutaria) y que en el 10º Congreso la mayoría de las candidaturas sea paritaria.
¿Cree que se le da a la transversalidad de género la importancia que tiene?
Este es uno de los aspectos sobre el que más se ha avanzado. Se debate sobre cómo aplicamos la transversalidad; cómo la incorporamos a los objetivos en el plan de acción, etc... Existe la comprensión de que hay que irla incorporando a cada uno de los objetivos, ejes y compromisos que vamos a adquirir en el congreso para el trabajo de los próximos cuatro años. Actualmente las diferentes secretarías, en cualquier planteamiento que hagan de acción (inmediata o estratégica), incorporan y tienen presente la desigualdad entre géneros.
¿Qué reflexiones llevaron a modificar el reglamento interno de Comisiones Obreras para sancionar el acoso sexual y moral?
El acoso sexual o el acoso por razón de sexo en el sindicato todavía tiene un discurso muy soterrado, es poco percibido. Por eso era tan importante incorporar estos dos asuntos de forma explícita en los Estatutos. Es necesario que toda la organización disponga de un protocolo y se sepa con claridad qué es el acoso, cómo se vive y cómo erradicarlo. Es un momento oportuno para sacarlo a la luz, porque existir, existe.
Por fin tenemos ley de la dependencia, ¿qué piensa de ella?
El que la ley de dependencia no haya tenido la aplicación que se merece es una falta de responsabilidad de los diferentes gobiernos que no la están desarrollando. Es necesario un sistema de atención a las personas en situación de dependencia y de prevención de la autonomía (un apartado que me preocupa mucho). Espero que seamos capaces de llegar a un punto de encuentro para decir que tiramos para delante con los contenidos de la ley de dependencia, con servicios de calidad, y profesionales de calidad con empleos dignos. Si no se avanza hacia el cuidado de la ciudadanía, toda la sociedad retrocede en calidad y en valores.
La SCM dedica un gran esfuerzo a la divulgación y difusión de políticas de género ¿podría citarnos algunas de este último período?
En estos últimos cuatro años se ha podido elaborar una serie de publicaciones, dirigida a personas delegadas y a las secciones sindicales fundamentalmente, que se han convertido en herramientas indispensables para poder abordar mejor el trabajo. La elaboración teórica es necesaria para el desarrollo de cualquier actividad, pero más la sindical; es decir, la cantidad y el importante desarrollo legislativo que ha habido en nuestro país en materia de género en igualdad nos ha obligado a editar más publicaciones. Estoy orgullosa de todos los materiales y de haber contado siempre con la opinión de profesionales y personas expertas en diversas materias (violencia, sexualidad, prostitución, formación…) que han colaborado desinteresadamente. Estoy especialmente contenta por dos libros: Derechos de ciudadanía para trabajadoras y trabajadores del sexo (1) y Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género (1977-2007) (2). El primero reconoce una realidad social que no podemos ignorar, el de las personas que trabajan en prostitución. Un sindicato de clase y de género ha lanzado la invitación a debatir y a contrastar ideas sobre este complejo tema y estoy orgullosa de ello. El segundo cuenta la historia de la propia SCM a través de las políticas de género y lo publicado en las páginas de la revista Trabajadora. Y desde luego estoy muy orgullosa de esta revista, de Trabajadora, que ha sabido captar preocupaciones y trasladarlas y que se ha adaptado muy bien al paso del tiempo; a pesar de sus casi 30 años, es muy moderna.
Una novedad ha sido la creación del Máster en Género y Políticas de Igualdad, ¿cómo está resultando la experiencia?
Lo novedoso de este máster es que incorpora en las materias de igualdad el aspecto del trabajo, de las relaciones laborales, y también que se imparte a través de la plataforma virtual de Forem Confederal. El máster nace porque las secretarías de la Mujer tienen la suficiente capacidad de poder trasladar su experiencia y conocimiento a una formación de postgrado. Creo que es la mejor acción de empoderamiento que estamos haciendo. Ha sido imprescindible la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, y sobre todo de Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público.
¿Cómo es la relación con los movimientos feministas?
Estoy convencida de que no voy a dejar de ser feminista, porque además es que es mi opción de vida, no entiendo mi vida sin el feminismo. Mi deseo sería que los movimientos feministas hiciesen una reflexión sobre las necesidades y las tareas que todavía tenemos pendientes las mujeres para sentirnos mejor en el mundo (libertad, autonomía…) y olvidarse de las diferencias entre organizaciones. El feminismo ha sabido identificar que las mujeres somos diferentes, aunque compartamos problemas comunes, y que por lo tanto esos problemas pueden tener diferentes propuestas.
¿Qué opina sobre el Ministerio de Igualdad y cómo están siendo las relaciones con el sindicato?
Las relaciones de Comisiones Obreras con el ministerio espero que sean fructíferas, pero están todas por hacer. Los gobiernos se articulan de una manera clásica desde hace mucho tiempo, pero en función del desarrollo de las sociedades. Todo el mundo en su discurso político, social, incluso intelectual, tiende a incorporar la igualdad. El Ministerio de Igualdad tiene el mismo papel que el resto de ministerios y si tiene capacidad presupuestaria podrá actuar mejor. Esto es una decisión política. Mi deseo es que tenga cada vez más importancia y que dentro de 25 años esté incorporado a todas las formas de gobierno, será señal y garantía de que ha cumplido su papel.
(1) Coordinado por Magdalena López y Ruth M. Mestre. Valencia, 2007: Tirant Lo Blanch y SCM.
(2) Coordinado por Carmen Bravo Sueskun,Jorge Aragón, Susana Brunel y Eva Antón.Madrid, 2007: Fundación 1º de Mayo y SCM.
Revista Trabajadora Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras http://www.ccoo.es/mujeres

martes, noviembre 18, 2008

El Estatuto de Autonomía de Extremadura

El pasado lunes 17 de noviembre, se celebró el el Ateneo de Cáceres, organizado por la Fundación Educativa y Asistencial y por La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular una mesa redonda titulada "Principales novedades del Estatuto de Autonomía" en la que participaron pesos pesados de la política extremeña y del mundo académico, como: Victorino Mayoral. Presidente de CIVES y de la Liga Española; Cástor Miguel Díaz Barrado. Catedrático de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos I; Laureano León Rodríguez. Diputado de la Asamblea de Extremadura. Grupo Parlamentario Popular; Luciano Fernández Gómez. Diputado de la Asamblea de Extremadura. Grupo Parlamentario Socialista y Fernando Ayala, Doctor en Historia y Miembro de La Liga Extremeña.
Las intervenciones de todos los participantes fue un ejemplo de realismo, madurez y tolerancia, creo que en esta cuestión los extremeños podemos sentirnos orgullosos de nuestros políticos. Destacado fue igualmente la intervención de Castor Díaz Barrado, que desde su papel de experto jurídico, dio una ponderada visión de los trabajos realizados en el seno de la comisión de expertos que ha elaborado la propuesta borrador del nuevo Estatuto de Extremadura.
Mis conclusiones tras el debate fueron las siguientes:
  • La Constitiución Española es el marco de convivencia general que referencia los principios fundamentales para los españoles y por tanto para los extremeños.
  • Los 30 años de más prosperidad económica y social de Extremadura, son los amparados por la Constitución, que para Extremadura es sinónimo de libertad, justicia, igualdad, prularísmo y prosperidad.
  • Tras 25 años de Estatuto de Autonomía el pueblo extremeño no siente la necesidad de un nuevo Estatuto, por tanto se realizará una modificaciones puntual del actual Estatuto.
  • Las modificaciones del Estatuto tienen que abundar en aspectos que refuercen nuestra identidad como españoles extremeños, un todo indisoluble que defendemos y queremos, por tanto las modificaciones no convertirán nuestro Estatuto en una "Constitución Bis", ni en redundar en los derechos consolidados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
  • Con estos principios el Estatuto debe ser incuestionablemente constitucional y corto.
  • El Estatuto no será un programa de gobierno, será simplemente un marco hecho a la medida de Extremadura.
  • Las modificaciones deben redefinir el papel de las instituciones extremeñas, como el Presidente de la Junta de Extremadura, de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, etc. y regular órganos extremeños, como el Defensor del Pueblo Extremeño, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social...
  • El Estatuto bajo el principio de Unidad de Acción exterior que corresponde al Gobierno de España, debe primar sus relaciones con la República Portuguesa y con la Comunidad de Naciones Iberoamericanas.
Junto a estas conclusiones, en las que estarían de acuerdo todos los intervinientes, se planteó la cuestión de la, a mi entender, asignatura pendiente de Extremadura como es la Organización Territorial, en este sentido el representante del PP planteaba un proceso de descentralización basado en las Mancomunidades y el representante del PSOE manifestaba que eso sería constreñir el desarrollo futuro de la organización territorial.
En mi opinión, como buen plancentino, la estructura comarcal debe configurarse, entorno a los núcleos urbanos más importantes de nustra Comunidad, para ello puede servir de referencia la única realidad tangible y asumida de estructura comarcal, las actuales ocho áreas de salud del SES.
Durante el debate también se manifestaron puntos débiles para nuestro desarrollo futuro como es la escasa población y nuestra excesiva ruralidad.
Finalizo señalando que todos los participantes eran conscientes que la esistencia de un nuevo Estatuto de Autonomía no solucionará los problemas de nuestra tierra, como tampoco lo solucionará el enfrentamientos estériles con otras partes de España.
La prioridad en estos momentos no es otra que la solución de la crísis de empleo que sufrimos, atendiendo adecuadamente a quienes la padecen.

jueves, noviembre 06, 2008

"Declaración de Washington" de la Agrupación Global Unións noviembre 2008

Borrador de declaración de las organizaciones sindicales ante la “Cumbre del G20 sobre la crisis”
1. Los líderes del G20 se reúnen con el telón de fondo de una economía mundial al borde del precipicio. El drástico empeoramiento de la crisis financiera, con las quiebras de importantes bancos en septiembre de 2008 seguida por el colapso de los mercados bursátiles en octubre, está afectando de manera dramática a la economía real. Está previsto que el PIB caiga en Estados Unidos y en Europa; el desempleo se va a disparar y estos efectos negativos se propagarán a las economías emergentes y en desarrollo. La economía mundial se enfrenta a una recesión gravísima, cuya duración e intensidad dependerán de si las acciones de los gobiernos son oportunas y están correctamente dirigidas. Esta crisis sistémica viene a sumarse al incremento sin precedentes de los precios de la alimentación y las materias primas de principios de este año, y a la crisis alimentaria resultante de los países en desarrollo. También se produce sobre un panorama de cambio climático acelerado que, si no se toman medidas con rapidez, afectará a los más pobres de todo el mundo con la máxima gravedad.
2. La crisis económica actual se ha iniciado en Estados Unidos como resultado de la combinación de una crisis de la vivienda, una crisis del mercado del crédito y una crisis del empleo. Cada una de ellas es lo bastante grave por sí sola, pero su interacción está creando una dinámica especialmente compleja y peligrosa. Los precios de la vivienda se han hundido, se han producido ejecuciones hipotecarias y se han perdido billones de dólares en riqueza neta de los hogares. Los consumidores contienen el gasto a medida que su riqueza disminuye, lo que ralentiza la economía y fuerza a las empresas a destruir empleo y a reducir los sueldos y las prestaciones. El continuo descenso de los precios de la vivienda agrava también la crisis crediticia, puesto que el valor de los activos hipotecados sigue socavando los balances de situación de las firmas financieras, ya descapitalizadas. Este círculo vicioso se está repitiendo ahora en otros países, industrializados y no industrializados. 3. Con la entrada forzosa de los gobiernos en los mercados financieros para nacionalizar bancos, garantizar depósitos, comprar deudas incobrables e inyectar capital a los sistemas bancarios de Estados Unidos y Europa, esta crisis, la más grave desde la Gran Depresión de los años 30, debe marcar el final de una ideología de mercados financieros sin control alguno donde se ha permitido que la codicia sustituya al criterio racional sobre el valor del trabajo y la inversión en la economía real. Debe crearse una arquitectura legislativa nacional y mundial que haga que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la economía real. Sin limitarse a esta función, las instituciones gubernamentales e internacionales deben establecer un nuevo orden económico que sea económicamente eficaz y socialmente justo: una tarea tan ambiciosa como la que hubo que abordar en la reunión de Bretton Woods en 1944.

Los líderes de las principales economías que se reúnen en Washington deben:

- En primer lugar, iniciar un plan de recuperación a gran escala para estabilizar los mercados de capitales mundiales, sacar a las economías de la recesión rápidamente, prevenir los riesgos de una depresión mundial y volver a las vías de creación de trabajo digno. Deben producirse tantos recortes coordinados de los tipos de interés como sea necesario. Los gobiernos deben presentar programas de inversión en infraestructuras capaces de estimular el aumento de la demanda a corto plazo y que ejerzan un efecto transformador del incremento de la productividad a medio plazo. Ahora es el momento de avanzar con un “Green New Deal”, un nuevo paquete de medidas sostenibles que cree puestos de trabajo a través del desarrollo de energías alternativas, así como del ahorro y la conservación de la energía. Deben introducirse medidas fiscales y de gasto público para respaldar el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas. Es preciso mantener presupuestos de asistencia al desarrollo para los países menos desarrollados, a fin de contribuir a alcanzar los Objetivos de desarrollo del milenio.

En segundo lugar, garantizar que nunca vuelva a producirse una crisis de esta envergadura. Durante dos décadas, la mayoría de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales han fomentado la “nueva arquitectura financiera” casi carente de regulación que ha caracterizado los mercados financieros responsables de esta crisis. Han animado la innovación financiera que ha generado productos financieros complejos que se negocian en mercados opacos “extrabursátiles” y contaminan el sistema financiero mundial. Como resultado, lo que debería haber sido una crisis contenible de las hipotecas sub-prime en Estados Unidos ha provocado una crisis financiera mundial con un enorme coste económico y social. Los gobiernos se han visto obligados a intervenir para salvar el sistema bancario, pero es inaceptable que los gobiernos nacionalicen las pérdidas del capital financiero y privaticen los beneficios. El justo medio deben ser unas instituciones financieras debidamente reguladas.

En tercer lugar, ha llegado el momento de establecer una nueva estructura de gobernanza económica para la economía global: se necesita un nuevo Bretton Woods. Los gobiernos deben empezar a trabajar en las estructuras necesarias, pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual: estamos perdiendo nuestras viviendas, perdiendo empleos cuando las empresas despiden personal, y viendo cómo se evaporan nuestras pensiones con el colapso de los mercados bursátiles. Exigimos un sitio en la mesa.

En cuarto lugar, la explosión de la desigualdad en la distribución de la riqueza que subyace en esta crisis debe confrontarse, y el sistema del nuevo Bretton Woods debe abordar también la crisis de la justicia distributiva que ha destruido la economía mundial. Debe garantizarse un crecimiento más equilibrado no sólo en la economía mundial, entre las regiones, sino también dentro de los propios países, entre capital y mano de obra, entre rentas altas y bajas, entre ricos y pobres.

II. Plan de recuperación coordinado para la economía real

El creciente caos financiero está cebándose en la economía real, con un descenso acusado del empleo en Estados Unidos y Reino Unido, que ahora se hace extensivo a la Eurozona y amenaza con una recesión mundial. Se han previsto caídas en el PIB en Estados Unidos y la Eurozona durante la mayor parte de 2009. Se estima que las tasas de desempleo aumenten nada menos que un 20% en los seis próximos meses en la OCDE, pero es muy posible que se hayan quedado cortos. La OIT prevé que el desempleo mundial se incremente de 190 millones en 2007 a 210 millones en 2009 y que el número de personas pobres que trabajan por menos de un dólar al día ascienda en 40 millones, y por menos de 2 dólares al día, en 100 millones.

Los líderes gubernamentales y los bancos centrales no deben repetir las calamidades de los años 30 con esfuerzos por equilibrar presupuestos, reducir salarios y aplicar políticas de tipos de cambio y divisas consistentes en “fastidiar al vecino”. En lugar de ello, los líderes del G20 deben poner en marcha un plan de recuperación coordinado dirigido a estimular la economía real en los ámbitos nacional y mundial.

En Europa y Estados Unidos se necesitan más reducciones coordinadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Deben fortalecerse los mecanismos fiscales de estabilización, tales como planes de prestaciones de desempleo, y reforzarse con planes de creación directa de puestos de trabajo cuando sea necesario. Los incentivos fiscales deben estar dirigidos a aumentar la demanda global y tener la suficiente envergadura para revitalizar la economía real: crecimiento del empleo, los salarios y la renta disponible para el hogar. Las medidas fiscales y de gasto público deben estar dirigidas a las familias de renta media y baja que más sufren con la situación actual, y que al aumentar su índice de consumo alimentarán el consumo, la producción y, por ende, el empleo con la máxima celeridad.

También es el momento de poner en marcha un nuevo “Green New Deal”, como lo denominan el PNUMA y la OIT en el informe Green Jobs sobre empleo sostenible. Es el momento de ayudar a la recuperación económica por medio de inversiones medioambientalmente responsables diseñadas para crear puestos de trabajo a corto plazo y reducir al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero a medio plazo. Convertir la lucha contra el cambio climático en una oportunidad para la creación de puestos de trabajo y para el desarrollo sostenible debe constituir el núcleo de las acciones emprendidas. Las medidas para promover el ahorro energético mediante la reforma de edificios, en particular, generará gran cantidad de puestos de trabajo, que vendrán a reforzar al sector de la construcción, tan afectado por la actual situación. La inversión pública en infraestructuras, transporte colectivo y fuentes de energía alternativas también estimulará la creación de puestos de trabajo sostenibles.

La nueva Administración estadounidense deberá introducir un plan exhaustivo que combine el aumento de los ingresos de los trabajadores de renta baja y media con el refuerzo de los mecanismos de seguridad, incluidas las prestaciones de desempleo, un programa ampliado de cupones para alimentos, ayuda a los gobiernos estatales y locales, y un gasto federal ambicioso en educación e infraestructuras . Japón, aunque no se ha visto afectado de manera tan inmediata por la crisis, será especialmente vulnerable en caso de que ésta se agrave en las economías asiáticas emergentes.

Las autoridades deben tomar medidas para reequilibrar la economía en favor de su demanda doméstica, ya que el crecimiento actual se basa casi exclusivamente en las exportaciones. En este momento son vitales los aumentos en los salarios reales, para aumentar la demanda, y deben estar respaldados por políticas fiscales que propicien el consumo de los hogares.

En la UE, la coordinación de las distintas iniciativas de políticas fiscales por parte de los Estados miembros debe mejorar drásticamente y reunirse bajo un mecanismo mejorado de gobernanza económica. Las organizaciones sindicales europeas han solicitado la creación de un fondo de inversiones europeo que promueva la inversión en energías renovables, ahorro de energía, innovación y redes de infraestructuras europeas.

Los paquetes de recuperación también deben diseñarse para corregir los desequilibrios económicos fundamentales subyacentes que han dado lugar a la actual crisis. Se trata, en especial, de los desequilibrios entre Estados Unidos y otras partes de la economía mundial, del desequilibrio entre finanzas y economía real, y del desequilibrio del poder de negociación entre trabajadores y empresarios. Los superávits de las economías emergentes deben redirigirse dentro de cada país a inversiones productivas a largo plazo, educación, seguridad social, salud, al sector privado formal y al desarrollo rural.

III. Nueva regulación de los mercados financieros mundiales

El ojo del huracán financiero que ha provocado ahora una crisis del empleo tiene sus raíces en la liberalización irresponsable de los mercados financieros que ha promovido un apalancamiento excesivo por parte de las instituciones financieras, burbujas en los precios de los activos e innovación financiera que ha exportado la deuda de mala calidad bajo el disfraz de “productos estructurados”. Este sistema opaco ha funcionado mientras los tipos de interés y los niveles de morosidad crediticia eran bajos. Pero se ha venido abajo con la primera caída del mercado de la vivienda estadounidense a finales de 2006. El auténtico riesgo crediticio de los activos de los hogares y las empresas, que es fundamental para el buen funcionamiento de la economía real, no preocupaba a los promotores de los productos estructurados, lo que hacía imposible que los inversores (entre los que se incluyen los fondos de pensiones de los trabajadores) entendiesen qué estaban comprando ni supieran a qué se exponían. La incertidumbre resultante con respecto a cuáles eran los riesgos crediticios y las pérdidas ha desencadenado quiebras de bancos y pérdida absoluta de la confianza. Los riesgos sistémicos que plantean los fondos no regulados y con un alto índice de apalancamiento, en particular los fondos de cobertura y la renta privada todavía no se han dejado sentir en su totalidad. El coste resultante para la economía real va a revestir particular gravedad para las partes más expuestas, entre las que se incluyen las sociedades de cartera de renta privada, con un alto índice de endeudamiento, en las que trabajan millones de trabajadores en todos los países industrializados.

Las intervenciones de los bancos centrales y los gobiernos a lo largo de las últimas semanas para intentar restaurar la confianza y estabilizar los mercados crediticios son necesarias para salvar el sistema bancario. Dado que gran parte del sistema financiero está respaldado por los contribuyentes, las organizaciones sindicales insisten en que los gobiernos adquieran participaciones en el capital, que actúen como inversores activistas para proteger el interés público y que garanticen que, con el tiempo, los contribuyentes recuperarán su dinero. Ya lo hicieron incluso antes de que los gobiernos dieran pasos en esta dirección. Aún así, estas medidas sólo “apagan fuegos” y por sí solas no restaurarán la confianza pública en la gobernanza económica ni nos protegerán contra una recesión mundial.

Los gobiernos siguen sobrevalorando las recomendaciones de abril de 2008 del Foro para la estabilidad financiera (FSF, Financial Stability Forum) en su informe “Enhancing Market and Institutional Resilience” (Mejora de la capacidad de reacción de los mercados y las instituciones). El FSF aboga por reforzar los requisitos de capital de los bancos para los productos crediticios estructurados y las exposiciones fuera del balance, de los procedimientos de gestión de riesgos de los propios bancos, por una nueva valoración contable de los productos estructurados, por una mayor vigilancia de las agencias de clasificación y, más extensamente, por la cooperación internacional para “instar a las instituciones financieras a mejorar la calidad de la información divulgada” sobre “productos de inversión complejos o ilíquidos”. Por bienvenidas que puedan resultar estas recomendaciones, muchas de las cuales dependen de la cooperación voluntaria del sector privado, se consideran hoy por hoy enormemente inadecuadas.

La cooperación internacional debe ir mucho más lejos de lo que se está estudiando en este momento, revisar las reglas de vigilancia prudencial de los bancos e “instar” a que haya más transparencia. Es la arquitectura de regulación nacional y mundial lo que hay que restaurar para que los mercados financieros recuperen su función primigenia: garantizar una financiación estable y rentable de la economía real. Los líderes deben autorizar el inicio del trabajo en un borrador para la nueva regulación de los mercados financieros, que debe incluir:

Refuerzo de las medidas de protección y de la colaboración internacional:

• Asegurarse de que los bancos centrales dispongan de las herramientas necesarias para detectar y disuadir las burbujas financieras de carácter especulativo;

• Prohibir todas las formas de operaciones fuera del balance y revisar las reglas de vigilancia prudencial para los bancos y otros servicios financieros, incluidas las normas contables, a fin de evitar los efectos que propicien la creación de ciclos y garantizar un riesgo justo compartido con los clientes;

• Someter las inversiones extranjeras y los flujos de capital a normativas domésticas adecuadas e intensificar la supervisión de los centros financieros en paraísos fiscales

• Establecer un régimen para gravar impositivamente las operaciones financieras internacionales;

Protección de los objetivos de desarrollo social:

Promover políticas de vivienda activas y servicios financieros basados en la comunidad (sistemas de cooperativas y mutualidades), y proteger los hogares contra los préstamos predatorios;

Reconocer la función social de los fondos de pensiones, tanto para la financiación de las pensiones como en las normativas de inversión;

Extensión de la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de inversión:

  • • Reforzar los requisitos de transparencia y gobernanza de las agencias de clasificación crediticia;
  • • Lograr la cobertura total y fiable de todas las formas de transferencia de riesgos crediticios;
  • • Regular las firmas de inversión privadas, incluidos los fondos de cobertura y la renta privada, y los contratos de sociedad de responsabilidad limitada que rigen los fondos con los que operan;
  • Reforzar los regímenes de gobernanza empresarial que se aplican a los paquetes de remuneración para altos ejecutivos, consejos de administración, gestión de riesgos y distribución de beneficios de sociedades.
IV. Un nuevo Bretton Woods Ha llegado el momento de remodelar la arquitectura financiera y económica mundial mediante un nuevo “Bretton Woods”, pues ninguna de las instituciones existentes goza de alcance ni de credibilidad suficientes para poner en marcha la estructura reguladora mencionada. Los gobiernos deben empezar a trabajar en las estructuras necesarias, pero éste es un debate que no puede celebrarse a puerta cerrada entre banqueros y funcionarios de los ministerios de economía. Las organizaciones sindicales representan a las familias trabajadoras de todo el mundo que son víctimas de la crisis actual: es a nosotros a quienes nos están ejecutando las hipotecas sobre nuestras casas, nosotros somos los que estamos perdiendo el trabajo cuando las empresas despiden personal, y nosotros somos quienes vemos cómo se evaporan nuestras pensiones con el colapso de los mercados bursátiles. Exigimos un sitio en la mesa.

La reforma institucional no debe limitarse a la regulación financiera, sino que debe incorporar la gestión económica capaz de reducir los desequilibrios en la economía mundial. La persistencia de desequilibrios estructurales en cuentas corrientes y tipos de interés dentro de la OCDE (en particular entre Estados Unidos, la Eurozona y Asia) y los desequilibrios con las economías emergentes también han contribuido a esta crisis, con enormes burbujas que han aparecido en sus mercados de valores que, al explotar, han generado efectos desestabilizadores. La acumulación de participaciones en dólares en las economías emergentes (y la creciente inversión de los fondos soberanos) ha proporcionado una vía para recuperar capital a los bancos y las instituciones financieras más castigados. Sin embargo, amenaza el riesgo de ajustes desordenados, una reversión drástica de los flujos de capital fuera de la zona del dólar ante la continuada incertidumbre en Estados Unidos. Los gobiernos de las economías emergentes también deben ser una parte fundamental del nuevo Bretton Woods.

V. Combatir la crisis de la justicia distributiva

La congelación salarial y la falta de poder adquisitivo de las familias trabajadoras son el resultado de políticas perjudiciales y, en sí mismas, constituyen un factor principal para la caída del ahorro en los hogares y la emergencia de la deuda insostenible que ha desembocado en la crisis hipotecaria en Estados Unidos. La liberalización financiera ha permitido que las entidades de crédito promuevan el préstamo avalado por la vivienda como sustituto de los ingresos. Las burbujas financieras de los precios de los activos, estimuladas por un apalancamiento excesivo y la laxitud de la normativa, han sustituido al crecimiento sostenible basado en las ganancias compartidas. En los informes recientes de la OCDE y la OIT se han identificado cuotas salariales en descenso y un aumento de las desigualdades en dos terceras partes de los países de la OCDE. Los gobiernos de los países industrializados deben empezar a fomentar y reconstruir las instituciones que ayudan a distribuir las rentas y la riqueza de una manera más justa, en lugar de seguir abogando por la liberalización de los mercados laborales y el desmantelamiento de la protección de los trabajadores. La crisis de la justicia distributiva resulta más aparente si cabe fuera de los países de la OCDE, y el empeoramiento de la situación económica va a incrementar el déficit de trabajo decente, ya identificado por la OIT, en el mundo en desarrollo. Todo ello viene a sumarse a la explosión de los precios de los alimentos durante el pasado año. El coste humano se está reflejando en un aumento del hambre en el mundo. Instamos a los gobiernos del G20 a desarrollar más la ayuda de emergencia del FMI para los países que se enfrentan a crisis inmediatas que superan sus recursos para resolverlas. Esta ayuda no debe ir aparejada a condiciones de austeridad. En lugar de ello, deben fijarse “condicionantes positivos” que ayuden a los países a restaurar su crecimiento a corto plazo, una distribución justa de los costes y los beneficios, y sostenibilidad a largo plazo. Las propuestas se deben acordar con las organizaciones de trabajadores en los países afectados. Los gobiernos también deben acordar respuestas de emergencia ante la continua crisis alimentaria, que incluyan medidas para contrarrestar las acciones especulativas en los mercados alimentarios, y ampliar la ayuda de emergencia a los más pobres junto con acciones a medio plazo destinadas a expandir la producción de alimentos sostenible y volver a acumular existencias reguladoras. Además de todo ello, los gobiernos deben utilizar las reuniones para identificar qué hay que hacer para respetar los compromisos adoptados de aumentar la ayuda al desarrollo y cumplir los Objetivos de desarrollo del milenio.

VI. Conclusión

En nuestra declaración respecto a la cumbre del G8 de Hokkaido celebrada en julio, la Agrupación Global Unions denunciaba la “creciente divergencia entre los mercados financieros no regulados e imposibles de gestionar, por un lado, y las necesidades financieras de la economía real para proporcionar trabajo digno, por otro”. Según la OCDE, la arquitectura financiera internacional debe juzgarse por su capacidad para “mantener la estabilidad financiera garantizando la solvencia de los participantes en el mercado”, para “proteger a los inversores” contra las quiebras y los fraudes, y para “garantizar mercados financieros eficaces y eficientes”. Durante las últimas semanas ha quedado claro que el sistema no ha conseguido cumplir ninguno de estos tres objetivos. Sin limitarla al encuentro del G20, la cooperación se debe hacer extensiva a todos los niveles: G7, G8, Europa, OCDE e instituciones financieras internacionales, a fin de evitar la arbitrariedad reguladora y garantizar el alcance mundial de la nueva arquitectura. Los trabajadores tienen que sentarse a la mesa en estas reuniones e instituciones. No confían mucho en que los banqueros y gobiernos, reunidos a puerta cerrada, lo hagan bien esta vez: debe haber plena transparencia, divulgación y consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar su función en este proceso.

GUAC Grupo de trabajo sobre política económica París, 29-31 de octubre de 2008