Los mensajes tóxicos de Wall Street (o ideologías tóxicas)

Uno de los legados de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a ideas. O mejor, en torno a qué tipo de sistema económico será capaz de traer el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente.

Joseph Stiglitz Premio Nobel de Economía en 2001. Actualmente, preside la Comisión de Expertos de la Asamblea General de Naciones Unidas para el estudio de reformas en el sistema monetario y financiero internacional.

Toda crisis tiene un final, y aunque hoy por hoy las cosas pintan negras, también esta crisis económica pasará. Lo cierto, en todo caso, es que ninguna crisis, y mucho menos una tan grave como la actual, remite sin dejar un legado. Uno de los legados de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a ideas. O mejor, en torno a qué tipo de sistema económico será capaz de traer el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente. En ningún sitio esa batalla es más enconada que en el Tercer Mundo. Alrededor del 80 por ciento de la población mundial vive en Asia, América Latina y África. De entre ellos, unos 1.400 millones subsisten con menos de 1.25 dólares diarios. En los Estados Unidos, llamar a alguien socialista puede no ser más que una descalificación exagerada. En buena parte del mundo, sin embargo, la batalla entre capitalismo y socialismo –o al menos entre lo que muchos estadounidenses considerarían socialismo- sigue estando en el orden del día. Es posible que la crisis actual no depare ganadores. Pero sin duda ha producido perdedores, y entre éstos ocupan un lugar destacado los defensores del tipo de capitalismo practicado en los Estados Unidos. En el futuro, de hecho, viviremos las consecuencias de esta constatación.

La caída del Muro de Berlín, en 1989, marcó el fin del comunismo como una idea viable. Ciertamente, el comunismo arrastraba problemas manifiestos desde hace décadas. Pero tras 1989 se volvió muy difícil salir en su defensa de manera convincente. Durante un tiempo, pareció que la derrota del comunismo suponía la victoria segura del capitalismo, particularmente del capitalismo de tipo estadounidense. Francis Fukuyama llegó a proclamar “el fin de la historia”, definió al capitalismo de mercado democrático como el último escalón del desarrollo social y declaró que la humanidad toda avanzaría en esa dirección. En rigor, los historiadores señalarán los 20 años siguientes a 1989 como el breve período del triunfalismo estadounidense. El colapso de los grandes bancos y de las entidades financieras, el subsiguiente descontrol económico y los caóticos intentos de rescate han dado al traste con ese período. Y también con el debate acerca del “fundamentalismo de mercado”, con la idea de que los mercados, sin control ni restricción alguna, pueden por sí solos asegurar prosperidad económica y crecimiento. Hoy, sólo el autoengaño podría llevar a alguien a afirmar que los mercados pueden auto-regularse o que basta confiar en el auto-interés de los participantes en el mercado para garantizar que las cosas funcionen correctamente y de forma honesta.

El debate económico es especialmente intenso en el mundo en vías de desarrollo. Aunque aquí en occidente tendemos a olvidarlo, hace 190 años una tercera parte del producto bruto mundial se generaba en China. Luego, y de una manera un tanto repentina, la explotación colonial y los injustos acuerdos comerciales, combinados con una revolución tecnológica en Estados Unidos y Europa, condenaron al rezago a los países en desarrollo. A resultas de ello, hacia 1950 la economía china representaba menos del 5 por ciento del producto bruto mundial. A mediados del siglo XIX, en realidad, el Reino Unido y Francia tuvieron que emprender una guerra para abrir China al comercio global. Esta fue la “segunda guerra del opio”, llamada así porque los países occidentales tenían muy poco que vender a China a excepción de estas drogas, que pronto invadieron sus mercados y generaron una amplia adicción entre la población. Con esta guerra, occidente ensayaba una vía temprana de corrección de la balanza de pagos.

El colonialismo dejó una herencia compleja en el mundo en desarrollo. Entre la mayoría de la población, sin embargo, la visión dominante era que habían sido cruelmente explotados. Para muchos nuevos líderes, la teoría marxista ofrecía una interpretación sugerente de esta experiencia, puesto que sostenía que la explotación era en realidad el motor del sistema capitalista. Por eso, la independencia política que las colonias conquistaron tras la segunda guerra mundial no supuso el fin del colonialismo económico. En algunas regiones, como África, la explotación –la extracción de recursos naturales y la devastación del ambiente a cambio de migajas- era evidente. En otros sitios fue más sutil. En diferentes regiones del mundo, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pasaron a ser vistas como instrumentos de control pos-colonial. Estas instituciones propiciaron el fundamentalismo de mercado (o “neoliberalismo”, como fue a menudo llamado) una categoría idealizada por los estadounidenses como “mercados libres e irrestrictos”. Asimismo, presionaron a favor de la desregulación del sector financiero, de las privatizaciones y de la liberalización del comercio.

El Banco Mundial y el FMI aseguraban que todo lo hacían por el bien de los países en desarrollo. Su actuación estaba respaldada por equipos de economistas partidarios del libre mercado, muchos de ellos provenientes de la catedral de la economía de libre mercado, la Universidad de Chicago. Al final, los programas de los ‘Chicago boys’ no trajeron los resultados prometidos. Los ingresos se estancaron. Allí donde hubo crecimiento, la riqueza fue a parar a los estratos más altos. Las crisis económicas en países concretos se volvieron cada vez más frecuentes. Sólo en los últimos 30 años, de hecho, se produjeron más de cien de considerable gravedad.

En este contexto, no sorprende que las poblaciones de los países en desarrollo creyeran cada vez menos en las motivaciones altruistas de Occidente. Sospechaban que la retórica de la economía libre de mercado –lo que pronto se conoció como “el Consenso de Washington”- era sólo la cobertura de los intereses comerciales de siempre. Estas sospechas se vieron reforzadas por la propia hipocresía de los países occidentales. Europa y Estados Unidos no abrieron sus propios mercados a la agricultura producida en el Tercer Mundo, que con frecuencia era todo lo que estos países podían ofrecer. Por el contrario, los forzaron a eliminar subsidios necesarios para la creación de nuevas industrias, a pesar de que ellos otorgaban subsidios a sus propios agricultores.

La ideología del libre mercado resultó ser una excusa para acometer nuevas formas de explotación. “Privatizar” quería decir que los extranjeros podían comprar minas y campos petrolíferos a bajo precio en los países en desarrollo. Suponía que podían extraer considerables beneficios de actividades monopólicas y semi-monopólicas como las telecomunicaciones. “Liberalizar”, por su parte, quería decir que podían obtener créditos con facilidad. Y si las cosas iban mal, el FMI forzaba la socialización de las pérdidas, con lo que el esfuerzo de pagar a los bancos recaía sobre la población en su conjunto. También comportaba que las empresas extranjeras pudieran arrasar con las industrias emergentes, bloqueando el despliegue del talento empresarial local. El capital fluía libremente, pero el trabajo no, salvo en el caso de los individuos mejor dotados, que podían encontrar un empleo en el mercado global.

Obviamente, éstos no son más que brochazos de un cuadro más complejo. En Asia, por ejemplo, siempre hubieron resistencias al Consenso de Washington e incluso restricciones a la libre circulación de capital. Los gigantes asiáticos –China e India- condujeron la economía a su manera y obtuvieron inéditos índices de crecimiento. Pero en general, y sobre todo en aquellos países en los que el Banco Mundial y el FMI controlaron las riendas, las cosas no fueron demasiado bien.

Para los críticos del capitalismo estadounidense en el Tercer Mundo, la manera en que los Estados Unidos han respondido a la crisis constituye la gota que colma el vaso. Durante la crisis del sudeste asiático, hace apenas una década, los Estados Unidos y el FMI exigieron que los países afectados redujeran el déficit a través de recortes en el gasto social. Poco importó que en países como Tailandia estas medidas contribuyeran a un resurgimiento de la epidemia del SIDA, o que en otros como Indonesia comportara el recorte de subsidios para la alimentación de los hambrientos. Estados Unidos y el FMI forzaron a estos países a aumentar los tipos de interés, en algunos casos en más de un 50 por ciento. Urgieron a Indonesia que fuera dura con los bancos y al gobierno que no acudiera en su rescate ¡Qué peligroso precedente! –dijeron- ¡qué tremenda intervención en el delicado mecanismo de relojería del libre mercado!

El contraste entre la reacción exhibida ante las crisis asiática y estadounidense es notorio y no ha pasado inadvertido. Para sacar a Estados Unidos del pozo, somos testigos de incrementos masivos del gasto y del déficit, así como de tasas de interés que prácticamente han sido reducidas a cero. Las ayudas a los bancos fluyen a diestra y siniestra. Algunos de los funcionarios de Washington que tuvieron que lidiar con la crisis asiática son ahora los encargados de dar respuestas a la crisis estadounidense ¿Por qué los Estados Unidos –se pregunta la gente del Tercer Mundo- prescriben una medicina diferente cuando se trata de sí mismos?

En los países en desarrollo, son muchos los que aún padecen los efectos del sermoneo recibido en los últimos años: adoptad instituciones como las de los Estados Unidos; seguid nuestras políticas; comprometeos con la desregulación; abrid vuestros mercados a los bancos norteamericanos si queréis aprender “buenas” prácticas bancarias; y vended (no por casualidad) vuestras empresas y bancos a los Estados Unidos, especialmente si es a precio de ganga durante las épocas de crisis. Sí, reconocía Washington, puede ser doloroso, pero al final estaréis mejor. Los Estados Unidos enviaron a sus Secretarios del Tesoro (de ambos partidos) alrededor del mundo a predicar la buena nueva. A ojos de muchos, la puerta giratoria que permite a los líderes financieros norteamericanos pasar cómodamente de Wall Street a Washington y otra vez a Wall Street, les otorgaba todavía más credibilidad: parecían combinar a la perfección el poder del dinero y el poder de la política. Los líderes financieros norteamericanos tenían razón en pensar que lo que era bueno para los Estados Unidos o el mundo era bueno para los mercados financieros. Pero lo contrario no era cierto: no todo lo que era bueno para Wall Street era bueno para los Estados Unidos y el mundo.

No es un simple gesto de Schadenfreude, de alegría por la desgracia ajena, lo que motiva el severo juicio que los países en vías desarrollo realizan del fracaso económico de Estados Unidos. También está en juego la necesidad de discernir cuál es el sistema económico que mejor puede funcionar en el futuro. Indudablemente, estos países tienen todo el interés del mundo en que ver una pronta recuperación de los Estados Unidos. Saben que por sí solos no podrían afrontar lo que los Estados Unidos han hecho para intentar revivir su economía. Saben que ni siquiera el elevado nivel de gasto realizado está funcionando demasiado rápido. Saben que a resultas del colapso económico norteamericano, 200 millones de personas más han caído en la pobreza en el curso de los últimos años. Pero están convencidos, cada vez más, de que cualquier ideal económico propugnado por los Estados Unidos es un ideal del que seguramente habría que huir.

¿Por qué debería preocuparnos la desilusión del mundo con el modelo estadounidense de capitalismo? La ideología que promovimos todos estos años ha dejado de funcionar, pero tal vez esté bien que no pueda repararse ¿Podríamos acaso sobrevivir –incluso tan bien como hasta ahora- si nadie se adhiere al modo de vida norteamericano?

Seguramente, nuestra influencia disminuirá, ya que es poco probable que se nos considere un modelo a seguir. En cualquier caso, es lo que ya estaba ocurriendo de hecho. Los Estados Unidos solían desempeñar un papel crucial en el capital global, ya que otros pensaban que teníamos un especial talento para lidiar con el riesgo y para asignar recursos financieros. Hoy nadie piensa algo así, y Asia – de donde proceden buena parte de los ahorros del mundo - ya está desarrollando sus propios centros financieros. Hemos dejado de ser la fuente central del capital. Los tres bancos más importantes del mundo son ahora chinos. El principal banco norteamericano ha caído al quinto puesto.

El dólar ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva. Los países tenían al dólar como referencia para determinar la confianza en sus propias monedas y gobiernos. Sin embargo, progresivamente se ha ido imponiendo en los bancos centrales de diferentes partes del mundo la idea de que el dólar puede no ser un referente de valor. Su valor, de hecho, ha oscilado y ha ido cayendo. El enorme incremento de la deuda norteamericana durante la presente crisis, combinado con los préstamos indiscriminados de la Reserva Federal, han disparado las especulaciones en torno al futuro del dólar. Los chinos han sugerido de manera abierta la posibilidad de inventar algún tipo nuevo de moneda para reemplazarlo.

Mientras tanto, el coste de lidiar con la crisis está desbordando nuestras necesidades. Nunca hemos sido generosos en nuestra ayuda a los países pobres. Pero las cosas están empeorando. En los últimos años, la las inversiones chinas en África han sido superiores a las del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo juntos, muy lejos de las realizadas por Estados Unidos. Para afrontar la crisis, los países africanos corren a Beijing en busca de ayuda, no a Washington.

Mi preocupación aquí, en todo caso, tiene que ver con el ámbito de las ideas. Me preocupa que, a medida que se vean con mayor nitidez las fallas del sistema económico y social norteamericano, las personas de los países en desarrollo vayan a extraer conclusiones erróneas. Sólo unos pocos países -y acaso los propios Estados Unidos- aprenderán correctamente la lección. Se darán cuenta de que para salir adelante es necesario un régimen en el que el reparto de papeles entre mercado y gobierno sea equilibrado y en el que haya un estado fuerte capaz de administrar formas efectivas de regulación. Se darán cuenta de que el poder de los intereses privados debe limitarse.

Otros países, empero, sacarán conclusiones más confusas y profundamente trágicas. Tras el fracaso de sus sistemas de posguerra, la mayoría de países ex comunistas retornaron al capitalismo de mercado y encumbraron a Milton Friedman en lugar de a Karl Marx como nuevo dios. Con la nueva religión, sin embargo, no les ha ido bien. Muchos países pueden pensar, en consecuencia, que no sólo el capitalismo ilimitado, de tipo estadounidense, ha fracasado, sino que es el propio concepto de economía de mercado el que ha fallado y ha quedado inutilizado para cualquier circunstancia. El viejo comunismo no regresará, pero sí diversas formas excesivas de intervenir en el mercado. Y fracasarán. Los pobres sufren con el fundamentalismo de mercado, que genera un efecto derrame, pero de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pero los pobres seguirán sufriendo con este tipo de regímenes, puesto que no generarán crecimiento. Sin crecimiento no puede haber reducción sostenible de la pobreza. No ha habido nunca una economía exitosa que no haya descansado fuertemente en los mercados. La pobreza estimula la desafección. Los inevitables fracasos conducirán a mayor pobreza aún y serán difíciles de gestionar, sobre todo por parte de gobiernos llegados al poder con el propósito de combatir el capitalismo de tipo norteamericano. Las consecuencias para la estabilidad global y para la propia seguridad de los Estados Unidos son evidentes.

Hasta ahora, solía existir una sensación de valores compartidos entre los Estados Unidos y las élites educadas en Estados Unidos alrededor del mundo. La crisis económica ha erosionado la credibilidad de dichas élites. Hemos suministrado a los críticos con la disoluta forma de capitalismo practicada en Estados Unidos, poderosa munición para contraatacar con la prédica de una más amplia filosofía anti-mercado. Y seguimos proporcionándoles más y más munición. Mientras en la reciente cumbre del G-20 nos comprometíamos a no impulsar el proteccionismo, colocábamos una previsión de “compre norteamericano” en nuestro propio paquete de estímulos. Luego, para ablandar la oposición de nuestros aliados europeos, modificábamos dicha norma, de todo punto discriminatoria en relación con los países pobres. La globalización nos ha hecho más interdependientes; lo que ocurre en una parte del mundo afecta a la otra, un hecho probado por el contagio a otros de nuestras dificultades económicas. Para resolver problemas globales, es menester que exista un sentido de cooperación y confianza, así como un cierto sentido de valores compartidos. Esta confianza nunca fue sólida, y no ha hecho sino debilitarse en los últimos tiempos.

La fe en la democracia es otra de las víctimas. En el mundo en desarrollo, la gente mira hacia Washington y ve al sistema de gobierno que permitió a Wall Street prescribir una serie de reglas que pusieron en riesgo la economía global y que, cuando toca asumir las consecuencias, vuelve a recurrir a Wall Street para gestionar la recuperación. Ve permanentes redistribuciones de riqueza hacia la cúspide de la pirámide, claramente a expensas de los ciudadanos comunes y corrientes. Ve, en suma, un problema básico de falta de controles en el sistema democrático estadounidense. Y después que se ha visto todo esto, sólo es necesario dar un pequeño paso para concluir que hay algo que funciona inevitablemente mal con la propia democracia.

Eventualmente, la economía estadounidense se recuperará y, hasta cierto punto, nuestro prestigio en el extranjero. Durante mucho tiempo, los Estados Unidos fueron el país más admirado del mundo, y todavía es el más rico. Guste o no, nuestras acciones están sujetas a permanente examen. Nuestros éxitos son emulados. Pero nuestras fracasos son criticados con escarnio. Todo esto me devuelve a Francis Fukuyama. Fukuyama estaba equivocado al pensar que las fuerzas de la democracia liberal y de la economía de mercado triunfarían de modo inevitable y que no habría vuelta atrás. Pero no estaba equivocado al creer que la democracia y las fuerzas de mercado son esenciales para tener un mundo justo y próspero. La crisis económica, en buena medida desencadenada por el comportamiento de los Estados Unidos, ha hecho más daño a estos valores fundamentales que cualquier régimen totalitario en los tiempos recientes. Tal vez sea verdad que el mundo se encamina al fin de la historia, pero de lo que se trata, ahora, es de navegar contra el viento y de ser capaces de definir el curso de las cosas.

Sinpermiso

La Europa Social y las elecciones del 7 de junio

Ayer se celebramos en mérida las jornadas de debate sobre "Europa: trabajo y ciudadanía". En ella he tenido la oportunidad de compartir unas horas con Juan Moreno, un extremeño miembro del Consejo Económico y Social Europea y responsable para América Latina de la Confederación Europea de Sindicatos, como me parece que su intervención fue muy interesante, podéis leerla en este enlace (Ponencia de Juan Moreno).

Juan Moreno es uno de los mayores expertos de la Europa Social, y paisano que nació en Medina de la Torre en Badajoz, y que sigue manteniendo lazos muy estrechos con Almendralejo. A Juan lo podemos considerar como representante genuino de aquellos 700.000 extremeños/as que marcharon de nuestras tierras con sus familias siendo niños/as, y que aportaron riqueza material en las zonas donde les acogieron, pero también, mucha riqueza social.

Fue enlace sindical allá por los primera mitad de los 70 y Secretario de Organización del metal en la segunda mitad de esa década. Diputado de la Asamblea de Madrid, por el PCE, Secretario Regional de la Unión de Madrid. Durante más de una década Secretario de Relaciones Internacionales de la C.S. de CCOO, en momentos claves como la incorporación de CCOO a la CES.

En la actualidad es miembro del Comité Económico y Social de la UE y Consejero de la CES para América Latina.

Tiene Publicado dos libros: Sindicato sin Fronteras (1999) y “El reto de la Europa Social, (junto a Emilio Gabaglio) en el 2006. Actualmente tiene en fase de publicación la historia de la Federación del Metal de CCOO.

Una parte de su ponencia es la que sigue:

Los sindicatos por un consenso para un giro social

. La construcción europea no puede hacerse solo desde un campo ideológico o social. Fue fruto de un consenso fundamentalmente de democristianos y socialdemócratas y cualquier gran reforma como la que ahora se necesita debería tener un amplio consenso.

. Dice el ex presidente de Portugal (que ha denunciado el apoyo de Sócrates, Zapatero y Brown a la reelección del conservador Durão Barroso al frente de la Comisión) que desgraciadamente muchos partidos de derechas han abandonado el espíritu social de la democracia cristiana para acercarse a los postulados del partido republicano de George Bush. Siendo esto cierto habrá sin embargo que trabajar desde la izquierda política y social por un nuevo consenso europeo que vaya más allá de la propia izquierda.

. Para afrontar la crisis, defender los empleos y cambiar el modelo productivo; para luchar por un nuevo “pacto social europeo” que salvaguarde y renueve al mismo tiempo, los viejos “estados del bienestar”; para que la Unión Europea se democratice y gire hacia la “Europa Social” es necesario una alianza de todas las fuerzas progresistas (partidos, sindicatos, asociaciones y ongs) tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

. Esta alianza no significa ni subordinación a la vieja usanza ni formación de un bloque. Se trata ante todo de una europeización de las organizaciones y movimientos para actuar de forma convergente en los dos ámbitos, el domestico y el comunitario. Compartiendo unos puntos básicos estas organizaciones, cada una desde su espacio, deberían luchas por un giro social en la UE empezando por dotarse de una verdadera organización o red europea efectiva.

. Hoy ni los partidos europeos ni las asociaciones y movimientos sociales tienen dimensión orgánica europea y esto es un grave déficit. Solo los sindicatos por medio de la CES, y con ciertas limitaciones, tienen una acción europea.

. Aunque se han dado nombre de tales ni los socialistas ni los populares son verdaderos partidos europeos sino agrupamientos de eurodiputados que son quienes mantienen la actividad. Como mucho son clubes políticos que hacen convenciones de vez en cuando pero que después no tienen capacidad de actuación, reservada a los partidos nacionales. Hay también un Grupo Confederal de Izquierda Unitaria con similares características.

. Tienen programas europeos pero en realidad más allá de las coincidencias ideológicas no tienen soberanía para marcar la política a seguir en Europa. Los intereses de estado prevalecen sobre las afinidades ideológicas, y en el propio Parlamento Europeo muchas veces esto se refleja en las votaciones.

. Ejemplos hay muchos. El gobierno socialista portugués quiere que un compatriota ostente la presidencia de la Comisión aunque sea de ideología conservadora. La opinión pública mayoritariamente comparte este criterio “nacionalista” por lo que sería impopular apoyar a “un extranjero”. . En los grandes temas se observa que los partidos llamados europeos no tienen ninguna competencia y son los partidos nacionales quienes deciden. Ejemplo: los socialistas europeos deciden votar contra la directiva de retorno, pero la mayoría de los eurodiputados socialistas españoles vota a favor porque el PSOE se lo ordena temiendo dar armas al PP para que le haga una campaña en España.

. No existen tampoco muchas organizaciones o federaciones europeas fuertes en el mundo asociativo social salvo en algún sector como el de los agricultores, ni hay grandes redes europeas de ongs. Este mundo asociativo fuerte en cada país no ha dado el paso hacía la supranacionalidad europea.

. La Confederación Europea de Sindicatos nacida en 1973 (con 15 años de retraso sobre el Mercado Común) no dejó de ser un club, o un “lobby” más de los que hacen cabildeos en Bruselas, hasta 1991 en que hizo un congreso de auto reforma y aprobó el objetivo de transformarse en un “sindicato supranacional europeo” cediendo las confederaciones afiladas “soberanía” para que la Ces pudiera tomar decisiones vinculantes para todos los miembros. Esta cesión de soberanía es la clave para diferenciar un club de una organización.

. Desde entonces dio pasos en esa dirección: creación de federaciones europeas de rama; potenciación de comités de comités de empresa europeos, hasta los actuales 800; intentos, de abrir espacio a una negociación colectiva de ámbito europeo, y cuyos resultados son todavía modestos por el boicot por la patronal; coordinación de las orientaciones de los sindicatos afiliados en relación a la negociación colectiva en cada país y en otras materias.

. La CES y los sindicatos europeos han tenido que afrontar numerosos ataques a los trabajadores en diferentes países (se llevaron a cabo huelgas generales en Grecia y en Bélgica y también hubo una manifestación gigante en Italia) y en el plano europeo.

. La directiva de servicios llamada Bolkestein fue atenuada en su pretensión de alterar a la baja las condiciones salariales y laborales. La CES hizo una importante movilización y se ganó la batalla en el propio Parlamento.

. Varias sentencias del Tribunal de la UE como las de Viking, Laval y Rüffert avalan la línea de la directiva de servicios primando las peores condiciones laborales de los países de origen sobre las de los países de acogida a inmigrantes comunitarios. Por contra el tribunal de Estrasburgo (de derechos humanos) ha reforzado el derecho a la huelga como un derecho fundamental. . La CES ha dado otra batalla que también se ha resuelto favorablemente, de momento, en relación al proyecto de ampliación de la jornada laboral hasta 65 horas. El Parlamento Europeo fue decisivo para frenar esta medida antisocial. Ponencia completa de Juan Moreno en este enlace

Declaración sobre el trabajo como elemento clave en un sistema democrático

Que enpiece a correr en la red extremeña una declaración sobre el trabajo y su centralidad democrática que impulsa el sindicalismo confederal pretende dar la réplica al manifiesto de los 100 economistas que predicaban la reforma laboral a través del contrato único y el abaratamiento del despido. Se trata de una declaracíón que pueden firmar profesores universitarios y expertos en ciencias sociales - derecho, economía, sociología, antropología - y que se hará pública a mitad de junio. La esencia de la participación ciudadana y del sindicalismo es no PERMANECER INDIFERETES ANTE EL MUNDO QUE NOS RODEA, por ello apoyo esta iniciativa. Para manifestar la adhesión enviar email as: joaquin.aparicio@uclm.es y antonio.baylos@uclm.es

EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.

Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español.

No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO.

En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR. Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material.

Jornada "Europa: trabajo y cidadanía"

El fomento de la ciudadanía plena es uno de los cometidos de la Fundación Cultura y estudios de CCOO de Extremadura, por ello esencial fomentar la participación activa en las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Participación consciente y consecuente. Conocer lo que decidimos en estas elecciones me parece básico, por ello os propongo estas jorndas que se celebrará el 2 de Junio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida (C/ John Lennon 5). La jornada tiene como destinatarios el mundo del trabajo y el conjunto de la ciudadanía extremeña -Ver programa-

La celebración de las elecciones europeas de junio de 2009 es un proceso político y democrático que afecta de manera determinante a todos los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura y de manera espacial a los trabajadores y trabajadoras, pues no podemos olvidar que Europa ha adoptado más de 60 leyes sociales que benefician al mundo del trabajo, en cuestiones como la salud, la seguridad, la igualdad, la participación la información, la consulta, etc. Pero Europa también es un riesgo, pues igual que se aprueban leyes que fomentan en el sistema social europeo, hay tendencias que intentan desmantelar derechos y logros conquistados a lo largo de la historia.

Por todo ello esta jornada tiene como objetivo fomentar el conocimiento del papel preeminente de las instituciones europeas para el mantenimiento del sistema social europeo, conocer las propuestas de los agentes sociales europeos, conocer las distintas propuestas de las organizaciones políticas, en relación a la recuperación económica, los derechos fundamentales, el modelo social europeo, el desarrollo sostenible y el gobierno de la Unión y fomentar la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso electoral.

Las jornadas incluyen una ponencia de Juan Moreno extremeño y miembro del Consejo Económico y Social Europeo, responsable igualmente para América Latina de la CES. También se realizará una interesante mesa redonda con la participación de representates del PSOE, PP e IU de Extremadura. INSCRIPCIONES

Enviar mail: culturayestudios@extremadura.ccoo.es con apellidos, nombre, mail y teléfono Asunto: Jornada de debate sobre Europa: trabajo y ciudadanía

Lugar de celebración

Centro Cultural Alcazaba C/ John Lennon, 5 Mérida

Declaración de París de la Confederación Europea de Sindicatos para combatir la crísis

Los días 27 y 28 de mayo se reunen en París los dirigentes sindicales europeos en una conferencia organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para discutir de las soluciones a la crisis. En esta conferencia los sindicatos europeos adoptaron la Declaración de París, que reproduzco a continuación.

La Declaración de París de la CES

Europa se enfrenta a un retorno del desempleo masivo. El número de empleos llamados a desaparecer en el transcurso del año es tan elevado que hay que remontarse a los años 30 para encontrar cifras comparables. Y sin embargo, a día de hoy, la respuesta de las autoridades (tanto europeas como nacionales) es inadecuada para la magnitud del problema.

Este fuerte aumento del desempleo se explica por el dominio del modelo económico neoliberal en el curso de los 30 últimos años, un modelo cuyo colapso ha provocado la catástrofe económica que Europa y el resto del mundo están viviendo actualmente. Son muchos los que se han dedicado, en el ampuloso sector de los servicios financieros, a practicar una versión moderna de la alquimia. Se ignoró la prudencia a largo plazo, mientras la codicia y la especulación se convertían en el orden del día de Wall Street, Londres y otros grandes centros financieros. El resultado, antes del colapso, fue un rápido incremento de la desigualdad, el aumento de los empleos precarios y la presión para recortar la influencia de los estados de bienestar, los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. Ahora hay que añadir a esto un mayor desempleo, recortes en el gasto público y un colapso de la demanda en muchos países.

Los ciudadanos se dirigen a los gobiernos mediante la acción del sector público y a los sindicatos para restaurar el equilibrio democrático que se había cedido a los mercados. La CES pide que no se permita “nunca más” que el capitalismo financiero pueda infligir una crisis comparable al mundo, a Europa y a los trabajadores; y que nunca más el aumento de las desigualdades suscite el estímulo, la indiferencia o la negligencia de los gobiernos democráticos.

La CES apoya plenamente la causa del movimiento sindical internacional en la lucha contra la crisis. Europa tiene un papel importante y específico que jugar en este contexto. La UE es la única en el mundo que tiene la capacidad de ejercer una acción directa y coordinada sobre lo que constituye la mayor entidad económica individual en el mundo. Debe, por tanto, liderar el camino, y no seguir a otros. Con demasiada frecuencia ha dado la impresión de estar relegada a un papel secundario, detrás de países importantes. Y, si la UE no es capaz de llevar a cabo una acción concertada, sus principales logros que son el mercado único, la moneda única y la ampliación se verán sometidos a una fuerte presión, porque los Estados miembros buscarán el desarrollo de sus propios enfoques en materia de comercio, política monetaria y relaciones internacionales. La UE debe asumir sus responsabilidades en relación con los Estados miembros, aguantando la presión más extrema, y actuar de forma que evite depender del Fondo Monetario Internacional. La intervención del FMI debería, en todo caso, intentar preservar la cohesión social, más que reducir el gasto público y los servicios públicos.

La UE debe adoptar un enfoque convincente ante el desempleo. La CES reclama un nuevo Pacto Social en la UE que actúe como motor de la justicia social y en favor de más empleos y de mejor calidad, con los siguientes puntos principales:

Más y mejores empleos: Inversión en un plan de recuperación europea ampliado para dar un nuevo impulso en favor del crecimiento y el empleo. La CES pide que el Consejo Europeo y la Comisión diseñen un plan europeo de inversión que totalice el 1% anual del PIB para ofrecer más empleos y de mejor calidad, promover la innovación, la investigación y el desarrollo, favorecer el empleo en sectores clave, invertir en nuevas tecnologías verdes y sostenibles, y asegurar servicios públicos de gran calidad.

Sistemas de protección social más fuertes para ofrecer más seguridad e igualdad y evitar la exclusión social. La CES reclama una agenda social europea significativa y fuerte para permitir a las personas conservar un empleo bien remunerado y garantizar la protección a todos los trabajadores, así como una formación adecuada, teniendo en cuenta la diversidad y la necesidad de mantener la cohesión social y el acceso a los servicios públicos para todos. La política social y los servicios públicos en toda Europa no deberían verse debilitados por una aplicación demasiado rígida del Pacto de Estabilidad, obligando a recortes demasiado prematuros y demasiado importantes en los déficits presupuestarios, una vez que la actividad económica deje de retroceder.

Derechos más fuertes para los trabajadores y fin de la preponderancia de los principios del mercado a corto plazo. Para poner fin a las desigualdades crecientes, debemos disponer de derechos más fuertes. La CES exige un Protocolo de progreso social que dé prioridad a los derechos sociales y a la acción colectiva y una Directiva sobre desplazamiento de trabajadores más fuerte, basada en la igualdad de trato y en el respeto al derecho que se aplica en el lugar donde tiene lugar el empleo. La CES reclama igualmente una participación efectiva de los trabajadores y democracia laboral. Es especialmente urgente reforzar los derechos de los trabajadores para poner fin a la creciente utilización de diversas formas de trabajo atípicas y poco seguras.

Mejor salario: fortalecimiento de la negociación colectiva. Hay que rechazar la congelación salarial y el recorte de los salarios nominales. En un momento en el que la demanda se derrumba, es esencial proteger el poder de compra. La CES exige por tanto un fortalecimiento de la negociación colectiva y de los instrumentos de formación del salario con el objetivo de asegurar aumentos del salario real para apoyar la recuperación económica. El Banco Central Europeo (BCE) debe igualmente estar implicado en el crecimiento y estar comprometido con el pleno empleo de calidad, y no simplemente con la estabilidad de precios. El BCE no debe pretender influir y debilitar las negociaciones salariales aumentando prematuramente los tipos de interés en cuanto parezca que la crisis inmediata ha terminado. La CES exige al BCE un consejo consultivo de interlocutores sociales europeos.

La solidaridad europea como protección frente a los excesos del capitalismo financiero: es esencial poner en práctica una reglamentación efectiva de los mercados financieros y una distribución equitativa de la riqueza, y evitar un retorno al capitalismo de casino o al ‘estatus quo de los últimos 20 años en los mercados financieros. La CES reclama un aumento importante de los gastos sociales europeos aumentando las actividades de los fondos estructurales europeos, sobre todo del Fondo social europeo y del Fondo europeo de ajuste a la globalización. También hay que luchar contra la competencia fiscal proveniente de los mercados desregulados porque amenaza la Europa social. Es necesaria una iniciativa europea sobre la fiscalidad de las operaciones financieras.

En el transcurso del próximo periodo, la CES elaborará más políticas específicas para hacer frente a los enormes desafíos que nos esperan, sobre todo en la perspectiva de una estrategia laboral basada en la innovación, la investigación y el desarrollo sostenible.

Es esencial reforzar la integración de las cuestiones sociales en todas las políticas europeas e introducir disposiciones sociales en los mercados públicos, reconociendo los convenios colectivos apropiados, y asegurando que la competencia no se pervierte por el dumping social o por políticas deflacionistas, protegiendo las pensiones y las prestaciones y reforzando los salarios mínimos y el alcance de los convenios colectivos. La dimensiónsocial de Europa es demasiado modesta desde hace demasiado tiempo. Ha llegado el momento de reforzar Europa y de restablecer sus ambiciones sociales.

El doble objetivo de esta Declaración es: combatir la crisis y aprovechar sus consecuencias. Sus ideas deben ser ampliamente difundidas y debatidas ya que el desastre del mundo financiero está golpeando duramente a Europa. Pero el sindicalismo europeo puede aprovechar esta ocasión para conseguir una sociedad mejor, más justa, y una Europa social más fuerte y más integrada. Movilizaos para conseguir los objetivos de la Declaración de París de la CES

El despido individual y colectivo (como pérdida de la ciudadanía)

Este artículo se enmarca en las recientes jornadas sobre el despido en Europa, que organizadas por la fundación 1º de mayo se celebraron en Madrid recientemente. La pérdida de empleo es eliminar el núcleo de la ciudadanía, que sólo puede compensarse con políticas sociales que puedan tener un efecto anticrisis. Tras el despido siempre hay un drama por ello en la conferencia de Antonio Baylos quiso dejar muy claro que "El despido es mucho más que un acto meramente económico, pero se nos ha hecho interiorizar que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie".

Antonio Baylos 

Resulta evidente que la estabilidad real se corresponde mejor con las garantías del derecho al trabajo porque la estabilidad en el empleo es la base de los derechos fundamentales en nuestra sociedad.

Quiero ser un poco provocativo para generar una discusión provechosa que permita abrir un amplio debate acerca del análisis comparado de la regulación del despido en varios países de la Unión Europea.

El punto de partida es relativamente sencillo y conocido: el despido es un lugar sísmico recorrido por todo tipo de temblores, el espacio típico de transcripción de los principios económicos neoliberales a la política y el derecho. Se trata de un primer elemento constitutivo evidente, de una ideología potentemente afirmada y en algunos momentos casi asumida, esto es, la pura consideración económica del despido como un mero coste laboral que encarece la fuerza de trabajo. De esto se sigue, en la teoría y práctica neoliberales, que despedir barato crea empleo.

Desde 2004, los titulares, editoriales e intervenciones públicas de los adalides del neoliberalismo más o menos encubiertos son meridianos en sus mensajes repetitivos. La OCDE aconseja a España abaratar el coste del despido. El Banco Mundial constata que España es uno de los países de la OCDE con mayor coste en despedir al trabajador. Pedro Solbes afirma que generalizar el coste del despido a 33 días por año le parece positivo. Gary Becker, premio Nobel de Economía, apuesta por abaratar el despido. El Banco de España apuesta por abaratar los costes de despido en los contratos indefinidos. El FMI aconseja a España abaratar el despido y contener el gasto público. La última y sintética afirmación del presidente de la patronal va en la misma línea: no pedimos el despido libre porque ya existe, lo que sucede es que es carísimo.

Esta idea de abaratar el despido se machaca constantemente. A toda costa, hay que quitar el miedo a los empresarios a contratar consiguiendo que despedir sea barato. Esto nos lleva a que el sistema del Derecho al Trabajo, el sistema de garantías sobre el empleo, sea el culpable de los procesos de destrucción de empleo y de la crisis del mercado de trabajo. Es decir, hay una culpabilización del sistema de garantías que se mide en función de los procesos de creación o destrucción de empleo que se den en la economía y, por tanto, se crea una directa relación, no entre otras causas que puedan provocar esa alteración del empleo, sino fundamentalmente entre garantías y rigidez del mercado y políticas efectivas de empleo.

Además, en el caso español se abona un amplísimo campo para la contratación temporal, viéndola, más allá del inicio formal de una relación laboral, como un coste de salida cero. Esta situación genera un 30 % de mercado, mujeres y jóvenes sobre todo, que son en última instancia los trabajadores desiguales que no tienen las mismas garantías que los trabajadores fijos. Las políticas neoliberales consideran que para evitar esa fractura entre trabajadores débiles y fuertes, lo que hay que hacer es degradar las garantías de los fuertes eliminando de un tajo el trabajo estable. De ahí toda la polémica suscitada, no sólo en España, por el contrato único: con una indemnización fija que no precisa causalidad se rescindiría cualquier relación contractual.

El despido es mucho más que un acto meramente económico, pero se nos ha hecho interiorizar que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie. ¿Por qué esta impresión dominante? Vivimos, se nos dice, en una sociedad de la movilidad ascendente en donde existe una enorme capacidad de recomposición del mercado de trabajo y, además, contamos con un sistema de protección social eficaz. En definitiva, cuando se produce un despido no es más que un cambio de empleo. La banalización del fenómeno ha llegado hasta la publicidad: hoy podemos ver en un anuncio de Telefónica como un ejecutivo le dice por teléfono a su mujer que le han despedido y cómo por la noche recibe una nueva oferta de trabajo. Se nos quiere trasladar la idea de que el despido es un incidente de viaje que no conlleva ninguna repercusión negativa. Esta ideología ha sido recibida como legalidad normativa y ha creado una cultura jurídica determinada.

Como legalidad normativa, arrastramos 20 años equivocados de una política sostenida que apostó por la temporalidad a través de la idea de que el coste del despido era la causa directa de la creación de empleo y, por tanto, que la contratación temporal había de tener un coste cero. Este recorrido va de 1977 a 1997, incluso cuando el movimiento sindical consigue una corrección fundamental de esta tesis en 1997, también ahí existe un factor de concesión de principios al aceptar que el coste del despido tiene que ver con la creación de empleo. Cuando se crea el contrato para el fomento del empleo se introduce una concesión por la que se reduce el montante indemnizatorio a 33 días por año en los casos de despido improcedente por causas urgentes.

Ya en el nuevo siglo, se producen dos hitos normativos de gran calado. El primero se da en la reforma de 2002, reforma muy contestada, donde hubo una importante huelga general, pero que al final trajo como consecuencia consolidada el famoso artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se permitía una debilitación de la causa del despido mediante la disuasión inducida al trabajador de no acudir al juez para controlar el acto empresarial de rescisión, ya que el patrono declaraba previamente que había despedido de manera incorrecta y que, por tanto, asumía una indemnización. Al reconocer la improcedencia del despido con indemnización la ley disuadía en la práctica de acudir a los tribunales de justicia porque si el juez coincidía en la valoración de improcedencia el trabajador ya no tenía derecho a los salarios de tramitación. Era una forma sibilina de dar cobertura al despido libre. Desde entonces, el 35 % de más de la mitad de las rescisiones temporales ha sido improcedente. La idea que subyace en la reforma era liberar el acto de despido de cualquier constricción democrática o política, de cualquier mirada ajena, de cualquier revisión posterior al acto. Yo despido porque tengo tal poder, reconociendo que lo he hecho incorrectamente, pero indemnizo y asunto solucionado. Y los tribunales nada tienen que decir al respecto.

El segundo momento de especial relevancia normativa acaeció con la reforma de la ley Concursal en 2003. En lo que se refiere a materia laboral, ha hecho prescindible la presencia sindical en la negociación de los despidos colectivos, abaratando el despido de modo profundo. Abaratamiento y pérdida de control sindical son elementos clave para entender la reconstrucción de un cierto tipo de pensamiento o narrativa neoliberal.

Esos principios neoliberales han penetrado de manera muy clara en la cultura jurídica de la interpretación judicial. El discurso economicista es hoy el discurso hegemónico de nuestros tribunales superiores y, en concreto, de la mayoría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La narrativa neoliberal es la madre de las interpretaciones de las altas instancias judiciales, con un agravante añadido: la Sala de lo Social es la que unifica la jurisprudencia, existiendo una idea muy extendida entre los jueces de que no pueden disentir de lo que marque un precedente, o sea, se ha suprimido de un plumazo la capacidad de recreación o matización de las doctrinas mayoritarias de la sala antedicha. En definitiva, se acepta ciegamente la doctrina y se aplica sin más el precedente de forma acrítica.

Una consideración excepcional merece la nulidad del despido. La cultura jurídica dominante no enlaza el despido con el derecho fundamental al trabajo y el respeto a la no discriminación. Para conseguir la nulidad de pleno derecho de un acto de despido se han establecido unas medidas cautelares de todo punto exageradas.

De igual manera, se ha ampliado el concepto jurídico de improcedencia, catalogándolo como respuesta normal o natural frente al ejercicio incorrecto del poder disciplinario del empresario.

Hoy, en resumen, las reglas procesales juegan a favor de la narrativa liberal de abaratamiento de los costes por despido.

La cultura jurídica hegemónica neoliberal puede advertirse hasta en Internet. Démonos una vuelta por la red. Si buscamos despidos laborales nos encontramos al azar con una consultoría que se vende de la siguiente manera. Despedir a un trabajador no es una situación agradable para nadie, pero quizá su empresa se vea obligada a ello por las circunstancias económicas. El despido más barato en tiempos de crisis es el despido objetivo por causas económicas. Si su empresa se plantea reducir plantilla por la situación económica puede ir al despido objetivo por causas económicas, mucho más barato que cualquier otro tipo de despido. El despido objetivo es razonablemente asequible. En el peor de los casos, trabajadores con más de 18 años de antigüedad, indemnizará a los despedidos con sólo un año de salario. Además, si se hace bien es muy sencillo y barato. Otro producto estrella de la consultoría es el despido disciplinario exprés. Deje zanjado el asunto sin ir a juicio y sin preocupaciones. Con independencia de la situación económica de su empresa usted puede prescindir de algún trabajador sobrante. Una vez que la decisión de despedir está tomada, hay una forma de abaratar al máximo el despido y hacer que el proceso sea muy rápido: recurrir al Estatuto de los Trabajadores. Así se aconseja por parte de algunos operadores jurídicos. La cultura actual del despido no ofrece dudas.

Visto lo visto, sería conveniente una reflexión para reconstruir ese objeto que es el despido desde una perspectiva política y democrática, es decir, desde las garantías judiciales y efectivas del despido. ¿En qué sentido habría que iniciar este análisis?

Las tutelas sobre el despido no derivan de una ley o norma concreta sino del pacto constituyente y del reconocimiento del derecho al trabajo, que no es una fórmula mágica o mantra que deba recitarse para ver si acaece. El derecho al trabajo tiene una evidente precisión y un contenido jurídico y político, estableciendo una relación directa entre trabajo y valor político fundamental. Eso está en la Constitución española.

El derecho al trabajo ha de estar garantizado: nadie debe ser privado de su empleo sin una causa determinada, permitiendo al trabajador o trabajadora conocer la razón de su despido. Ese acto unilateral debe estar sometido al control judicial, que tiene que verificar si la causa es suficiente. El despido individualmente considerado necesita la causalidad, la formalidad y el control judicial. No sólo se trata de doctrina: el Tribunal Constitucional ha dicho de manera inequívoca y contundente que el contenido esencial del derecho al trabajo implica la causalidad del despido y la judicialización de las garantías, aunque no se han concretado cuáles son los efectos de ese control judicial.

Una vez que los tribunales han verificado que el poder empresarial se ha ejercitado, si la medida tomada es incorrecta, ¿cuál es la solución? La idea fuerte sería mantener el principio de estabilidad, pero hay dos maneras de entender este concepto: estabilidad real, en el sentido de forzar la readmisión del trabajador despedido, o bien, interpretar que la lesión que se ha producido es susceptible de ser resarcida económicamente (estabilidad obligatoria).

Resulta evidente que la estabilidad real se corresponde mejor con las garantías del derecho al trabajo porque la estabilidad en el empleo es la base de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. La gran mayoría de los derechos fundamentales (salario, ocio, salud, seguridad…) derivan de la estabilidad en el empleo. El derecho a la libre sindicación, el derecho de huelga y a mejorar las condiciones laborales también cuelgan de la estabilidad en el empleo, por tanto, sería razonable pensar que el principio general debiera ser la estabilidad real. Pero no es así en nuestro sistema. El principio de estabilidad real se haya limitado excepcionalmente a casos gravísimos de arbitrariedad del empresario.

En los despidos económicos o colectivos la mediación sindical es la que nos permite hablar de garantías de derecho al trabajo, quedando la autoridad administrativa o el control judicial como vías de arbitraje sustitutivo cuando no hay acuerdo entre trabajadores y patronos.

La presencia sindical hace las veces de síntesis entre los diferentes elementos enfrentados en una situación económica, organizativa o técnica que impida la actividad productiva o una parte de la misma. En materia de despidos colectivos, la mediación y el protagonismo sindical ocupan el espacio de la garantía judicial típica de los actos de rescisión individualizados, es decir, mientras que en estos actos la garantía reside en el poder judicial, en los despidos colectivos se sitúa en la negociación colectiva y en el sindicato.

Es preciso armar una visión neolaboralista como alternativa al discurso neoliberal que se viene manifestando sin interrupción desde los años 80. Estamos obligados a construir una mirada sobre el despido desde un lenguaje de los derechos y de la política democrática, desterrando el discurso del dinero y de la banalidad social. Hay que pensar en algo muy sencillo: el despido es un acto que rompe el ligamen social de la persona que trabaja, condenándola a una determinada condición de subalternidad política. No hay que olvidar nunca que la noción de ciudadanía se adquiere a través del trabajo. No me refiero sólo a problemas personales evidentes (alteraciones psíquicas y familiares): la estabilidad en el empleo, repito, es la base de la ciudadanía social.

Es necesario construir una nueva narrativa laboral. Hay que recausalizar el fenómeno del despido en general y resindicalizar los despidos colectivos. Las reformas que hay que realizar nos llevarán al Estatuto de los Trabajadores y a la ley Concursal como elementos decisivos de la nueva estrategia. Y, por supuesto, también hay que abordar el terreno de la cultura jurídica con un nuevo argumentario que revalorice la realidad desde una perspectiva de radicalidad política democrática. Un ejemplo puede servir para ilustrar lo que digo: el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. La crítica de izquierdas con aroma sesentayochesco dice que siempre hay que extraer y aislar las consecuencias más negativas de una norma dada, pero que cuando la norma ya está publicada hay que realizar el ejercicio contrario. Desde esta visión, el artículo de marras es la consagración del despido libre indemnizado. ¿Qué dice la resistencia neoliberal? Que el despido en España es libre, pero muy caro. ¿Y qué dicen los jueces? Si lo dicen la izquierda y la derecha, así será: el despido es libre, aceptando de modo acrítico el despido sin causa. Lo peor de todo es que los sindicatos también han interiorizado esta tesis: no hay nada que hacer.

A mi juicio, es necesario interpretar la norma referida de manera distinta. Cierto es que se trata de una debilitación de la causalidad, pero no de su negación o supresión. Un despido arbitrario no tiene cabida en el modelo constitucional español. Un despido sin causa es un despido nulo porque es contrario al artículo 35 de la Constitución en relación con el artículo 24 de la misma: el juez puede conocer la causa del despido y el trabajador puede defenderse. El artículo 24 impone una causalidad al despido. Lo que sucede es que la normativa exonera en gran medida al empresario de aducir pruebas para proceder al acto unilateral de despedir. Desde los gabinetes jurídicos laboralistas se debería elaborar una estrategia para forzar pronunciamientos judiciales bajo causas evidentes y demostrables. Un ejemplo que abunda en lo ya expresado: según el Tribunal Supremo un despido por enfermedad no es nulo sino improcedente; el Constitucional se ha expresado en la misma línea. En la práctica, el rechazo social puede con la cultura jurídica dominante. Hace poco una empleada de una empresa de congelados tuvo un accidente y entró en coma. El empresario la despidió, pero era tal la barbaridad que cuando fue conocido el caso a través de los medios de comunicación, el empresario tuvo que dar marcha atrás en su decisión. La cultura jurídica claudicó ante la aberración social cometida.

Contra el despido, hay que armarse con razones sociales y mediante la elaboración de un nuevo discurso político, ideológico y jurídico. La ciudadanía comienza en el derecho al trabajo y en la estabilidad en el empleo.

Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo

Europa: combatir la crisis en las urnas y en la calle

Traigo a esta tribuna, el artículo que publica un extremeño internacional, Juan Moreno, y viene acuento este asunto para seguir motivando a la participación en la euromanifestación de mañana 14 de Mayo en Madrid y en las elecciones europeas del 7 de Junio. Es importante recordar la situación de retroceso de la unidad política europea, sobre todo tras el no francés a la constitución europea, con los posteriores acontecimientos en Irlanda. No estaría mal que aquellos que bajo la bandera de la izquierda reivindicaron el NO en Francia y en Irlanda, nos plantearan hoy sus alternativas, porque la cosa no pinta a favor de los trabajadores y trabajadoras precisamente.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha lanzado una campaña de movilización europea contra la crisis centrada en la exigencia de que la factura que ésta provoca no la paguen solo los trabajadores cuando el origen de la misma está en los grandes grupos económicos, bancarios particularmente, en la especulación desenfrenada y en las políticas neoliberales.

En el marco de esta campaña hay convocadas cuatro euromanifestaciones entre el 14 y el 16 de mayo próximos: el día 14 en Madrid (con participación también de sindicalistas portugueses); 15 de mayo en Bruselas; 16 de mayo en Berlín y en Praga.

En los últimos meses se ha recrudecido la protesta laboral en numerosos países, como Bélgica que vivió una huelga general, en Italia donde la CGIL convocó una gigantesca manifestación (a la que asistió el secretario general de CCOO) y también en otros países Francia, Irlanda, Islandia o Letonia. El reciente 1º de Mayo mostró el repunte reivindicativo en muchas manifestaciones que resultaron mucho mas numerosas que en años anteriores: Paris, Madrid, etc.

La CES reclama un nuevo pacto social europeo para frenar el avance del desempleo. Entre las medidas del programa de la CES se destacan estas peticiones:

• Un vasto programa de relanzamiento para ofrecer mas empleo y de mejor calidad, proteger el empleo en las industrias claves e invertir en nuevas tecnologías y preservar los servicios públicos esenciales.

• Mejores salarios y mejores pensiones. Protección del poder de compra para estimular las economías.

• Poner fin a las recientes decisiones de la Corte de Justicia europea que favorecen la libertad de mercado frente a los derechos fundamentales y a la negociación colectiva. Confirmar los objetivos sociales del mercado interior y garantizar la igualdad de trato y de salario para los trabajadores inmigrantes.

• Una reglamentación eficaz de los mercados financieros y una distribución equitativa de las riquezas. Una Banca central europea vinculada al crecimiento y al pleno empleo y no simplemente a la estabilidad de los precios.

Estas reivindicaciones van dirigidas a los gobiernos nacionales que deben dar respuestas en clave europea, pero también a las instituciones de la UE, y especialmente al nuevo Parlamento Europeo que se constituirá tras las elecciones del 7 de junio y a la nueva Comisión que éste deberá elegir.

Muchas son las voces (entre ellas la muy prestigiosa de Mario Soares) que se han levantado contra el anuncio de algunos gobiernos socialistas (entre ellos el español) de reelegir al conservador Durao Barroso al frente de la Comisión. Durao, en tanto que primer ministro portugués fue el anfitrión de la Cumbre de las Azores, pero mas allá de ese “detalle” ha impulsado, o avalado, desde la Comisión todos los intentos regresivos contra el modelo social europeo de los últimos años. De ahí que, al margen de lo que después impongan los resultados, la izquierda coherentemente debería tener su propio candidato socialista con una alternativa pactada con los otros grupos progresistas.

En los próximos meses se deberá poner fin al bloqueo institucional mediante la entrada en vigor del nuevo Tratado de la UE varado por el No irlandés. Pero el conjunto de la izquierda debería alcanzar ya un mínimo consenso para preparar una batalla política por la reforma de ese Tratado insatisfactorio. Ese consenso, superador de las divergencias expresadas en torno a la fenecida Constitución Europea debe establecerse en torno a un nuevo europeismo crítico. Que combata la deriva liberal de la UE sin caer en posiciones nacionalistas que tanto han favorecido a la derecha euroesceptica.

Hace unos años sería impensable que un primer ministro, como ha hecho Berlusconi, dijera que “no tolerará una Italia multiétnica” (en flagrante contradicción con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) y ello es debido a que la unidad política europea está en retroceso. Tiene razón Vidal Beneyto cuando añora en EL PAÍS (11-05-09) la Confederación europea que propugnaba Mitterrand (y con él y antes que él tantos otros), y debería consecuentemente admitir que el proyecto de Constitución, que el combatió con decenas de artículos, estaba mucho más cerca de ese ideal unitario que el actual Tratado de Lisboa, al cual no le ha dedicado el mismo celo opositor.

La participación masiva en las manifestaciones sindicales y en las votaciones del 7 de junio pueden ser una señal de que la clase trabajadora y la ciudadanía en general pueden frenar el deterioro del modelo social y la espiral del desempleo.

Juan Moreno es Consejero del Comité Económico y Social Europeo. Publicado en nuevatribuna.es