Ante el 19F: Lumpen y contestación social

 Artículo de Pedro L Angosto, publicado en Nueva Tribuna

El crecimiento económico, unido a un proceso de desideologización sistemático dirigido desde los más altos poderes, propició que durante las pasadas décadas la clase trabajadora fuese perdiendo su conciencia de tal, dividiéndose en multitud de grupúsculos que querían identificarse -por su poder adquisitivo, por el barrio donde vivían, por el colegio al que iban sus hijos, por el coche que conducían, por el rango de su puesto de trabajo o por sus amistades- con la clase inmediatamente superior que había sido su tradicional enemiga: La fea burguesía (1). No fue ese un proceso exclusivamente español, ocurrió y ocurre en toda Europa, en todo el mundo, pero aquí el caldo de cultivo era mucho más propicio pues veníamos de una dictadura que había inoculado en el ser de los españoles la sumisión, la insolidaridad, la infraternidad, el apoliticismo y el orgullo de ser ignorante: “Leo, leo, cuanto más leo más burro me creo” nos enseñaban algunos y cantábamos nosotros entre risas y burlas dirigidas hacia el que tal deleite encontraba. Muerto el perro no se acabó la rabia y con la herencia recibida fue dificilísimo reconstruir la consciencia política de un país que había perdido lo mejor de sí mismo durante cuarenta años de aculturación general, imponiéndole a sangre modos de ser, de actuar y de pensar propios de las clases dirigentes del pasado. 

Ni sindicatos ni partidos políticos de izquierda tuvieron en los años siguientes a la muerte de Franco una militancia masiva que les hiciera creer en la fuerza que probablemente tenían y el pacto –escondido tras las etiquetas del posibilismo y la responsabilidad- marcó una estrategia que dejó atrás los ejemplos de aquellos que desde partidos y sindicatos se enfrentaron a pecho descubierto a la opresión. Quizá, en aquellos años, no había otra solución porque la resistencia y el miedo de los futuros ciudadanos era un muro casi infranqueable, pero fuere como fuere, la realidad es que salvo un cortísimo periodo de tiempo las organizaciones de izquierda de este país no volvieron a cautivar a las masas como lo hicieron en los años republicanos.

Sin embargo, todo es susceptible de mejorar y de empeorar. Los esfuerzos por educar y crear una ciudadanía consciente que aparecieron durante los primeros años de la transición, cayeron hechos añicos ante los gritos de “España va bien” y “hágase usted rico en 24 horas por el método Aznar-Rato-Botín”. Fue entonces, cuando el apolítico, mayoritario entre nosotros desde 1939, comenzó a ser sustituido por el analfabeto político que tan bien definió Bertold Brecht para otra época oscura: 

El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.

La vida sigue, siempre sigue y siempre, con baches, evoluciona o revoluciona hacia mejor aunque en los instantes que ocupan nuestras vidas pensemos que esto no tiene remedio y será así eternamente. El proceso histórico no se detiene por muchos canallas que se tropiece en su camino, pero necesita del empujón de una ciudadanía consciente para avanzar y remontar los periodos absurdos. En eso estamos y para conseguir esa energía, es preciso, a nuestro entender, conocer la realidad social que nos rodea y darnos cuenta de que el analfabeto político que creció durante el franquismo y a partir del aznarismo no era lo peor, sino que lo peor estaba por venir: El lumpen como grupo social cuasi mayoritario. Según el diccionario de la RAE, el lumpen es la casta social más baja, una casta que además no tiene consciencia de clase. La definición, tan pacata por no querer tocar la terminología marxista de la que procede, se queda corta, muy corta y apenas expresa una parte del significado del término ni de su importancia histórica. En su artículo “La peligrosidad del lumpen”, Manuel Gross hace una definición más compleja y atinada para nuestros días partiendo de la que en su tiempo hizo Carlos Marx: La palabra lumpen es un término de origen alemán con que se designa a ciertos sectores marginales de la sociedad que viven o sobreviven al borde de la delincuencia y que por su carencia de principios éticos y morales son pasto fácil de la demagogia y del caudillismo político, constituyéndose en un agente destructor de las organizaciones, generalmente de izquierda, en que logran introducirse. La existencia del lumpen se revela por actitudes y actividades como las siguientes: permanente crítica irracional a los dirigentes legítimamente constituidos, siembra de rumores injuriosos, bloqueo de iniciativas de bien común, incumplimiento sistemático de las normas de convivencia, intentos de divisionismo, agresiones o amenazas de agresión a quienes los contradicen, espionaje interno en favor de terceros, odio irracional hacia otras organizaciones…

Difícil será no identificar entre nosotros a quienes hoy forman parte de esa legión que en los últimos años se ha desbordado y canta en cualquier esquina el célebre “Viva mi dueño” que dio título a la celebérrima novela de Valle-Inclán. El apoliticismo español nació de la represión brutal del franquismo. No se trató con la medicación adecuada después, sobrevivió y devino en lumpen. El lumpen nada quiere saber de partidos, ni de sindicatos, ni de organizaciones vecinales, ni de protestas, ni de dignidad. Todo le es ajeno menos su bienestar personal adquirido del modo que sea y a costa de lo que sea. Pero hoy no pertenece como dice la Real Academia de la Lengua, a las “castas” más bajas, sino que impregna a todas las clases. Si me salvo yo, se hunda el mundo y si para salvarme yo tengo que hundir al mundo, lo hundo hermanándome con el mismísimo Satanás. El lumpen es aliado natural de la reacción, del poder, de los explotadores, del clero, es el chivato, el correveidile, el ojeador, el chismoso, el que grita cuando está rodeado de los suyos y aguza el oído cuando no lo está, es el perro de su amo siempre que encuentra amo, mientras tanto hace méritos para tenerlo, es el que se alegra de la no culpabilidad de Camps, de la persecución que sufren los sindicatos, del descrédito de una parte de la izquierda, de la ascensión al poder de los que siempre estuvieron en él, de la expulsión de Garzón de la carrera judicial y de la permanencia en ella de Adolfo Prego, de la corrupción en la que espera medrar, del “señorío” de la duquesa de Alba de Tormes, es en fin, un ser despreciable fruto de la represión, la ignorancia y la superstición. Y hoy es legión entre nosotros.

El 19 de febrero, los sindicatos han convocado una manifestación de protesta contra el desmantelamiento de los derechos laborales y la dictadura de los empresarios que no supieron serlo porque desmantelaron sus empresas para dedicarse al dinero fácil que daba la especulación según modo y costumbre de la dictadura que creíamos fenecida. Tal reforma necesitaba una respuesta mucho más contundente, pero debido a lo anteriormente expuesto los sindicatos no se atreven a dar ese paso por miedo al fracaso o a ser sobrepasados en algunos territorios del país. Espero y deseo con todas mis fuerzas que la protesta del próximo día 19 sea algo más que una manifestación a palo seco, que muestre a quienes gobiernan contra el pueblo que el pueblo sigue vivo y dispuesto a hacerles morder el polvo. Sin embargo, todos hemos de ser conscientes de que la lucha que ahora debe comenzar no tiene enfrente sólo a gobiernos y empresarios, sino también a esa parte tóxica de la sociedad que se llaman lumpen y se extiende como la cizaña, que enfrente nos espera una inmensa y urgente labor de pedagogía ciudadana, desde abajo.

1 | Referencia al magistral libro de Miguel Espinosa, en mi opinión uno de los más grandes escritores del siglo XX. ESPINOSA, MIGUEL: La fea burguesía. Madrid. Alfaguara, 1990.

La manifestación del 19F, primera cita contra la reforma laboral

Manifestación en Cáceres el 19 de Febrero contra la Reforma Laboral

CCOO y UGT inician las primeras movilizaciones contra la reforma laboral con una manifestación el día 19 en Cáceres y con tamboradas en toda Extremadura el día 29

Rechazo frontal a la "reforma" laboral. Con la nueva normativa el despido se abarata considerablemente, será gratis en un altísimo porcentaje, y se le ofrece a los empresarios un enorme poder para imponer cambios y recortes en las condiciones laborales de sus trabajadores. CCOO y UGT inician su campaña gradual de oposición a esta reforma y exigiendo mayores estímulos al crecimiento para poder crear empleo con una manifestación el próximo día 19 de febrero en Cáceres y con tamboradas en las principales localidades de la región para el día 29 de este mes.

 Estas protestas se enmarcan dentro del calendario de movilizaciones que CCOO y UGT han activado en todo el país ante la agresión que supone para los trabajadores y las trabajadoras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La marcha del día 19 en la capital cacereña partirá de la Plaza de América, conocida como de la Cruz, a partir de las 12:00 horas, para finalizar posteriormente en el kiosco del Paseo de Cánovas.

En cuanto a las concentraciones del día 29, se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas en las poblaciones de Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Zafra y Jerez de los Caballeros en la provincia pacense y Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Miajadas en la cacereña.

El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, advierte que la reforma laboral tendrá unos efectos muy negativos para todos los trabadores y trabajadoras, "pero será un tajo especialmente duro para Extremadura, por la debilidad de su estructura empresarial y por sus altos índices de paro y precariedad.

El objetivo último de la reforma laboral es facilitar el despido libre y rebajar los salarios entre un 15 y un 20 por ciento asegura Carretero. Esto para los trabajadores es terrible, y también para la economía de la región, "porque continuaremos en un bucle sin fin, con salarios más bajos y más precariedad habrá menos consumo y con ello más paro".

Se abre la puerta además "a un ajuste laboral de caballo en la Administración", alerta. Con la nueva legislación, será posible que las administraciones lleven adelante expedientes de regulación de empleo y disminuyan sus plantillas. Esto no lo habían podido hacer antes, especialmente las administraciones locales, pero a partir de ahora sí es posible.

"La ministra Bañez le ha puesto a Monago el ajuste en el empleo público que tanto le gusta a Monago" sentenció Carretero, quien recordó que CCOO pudo impedir un expediente en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona que ahora sería posible aprobar.

La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Extremadura podrán ser despidos sin indemnización gracias al nuevo contrato creado por la reforma laboral para empresas de menos de 50 trabajadores que prevé un año completo de prueba por parte de la empresa sin ninguna compensación si decide no renovarle el contrato.

Julián Carretero prevé que este contrato sea el que predomine y sustituya a los más usados actualmente. La mayor parte de los contratos temporales, por circunstancia de la producción o por obra y servicio, tienen una indemnización de 8 días por año. A partir de ahora será mucho más ventajoso para las empresas aprovecharse de las ventajas que le da el nuevo modelo.

Otra novedad de la reforma que perjudica a los trabajadores y abarata el despido es que las empresas no necesiten de autorización administrativa para aprobar un Expediente de Regulación de Empleo.

Esta retirada de la tutela administrativa supone de hecho que ninguna empresa negocie con los representantes de los trabajadores y los sindicatos el contenido de estos expedientes y se generalice el despido con indemnización de 20 días.

Igualmente, la aplicación de las causas para que un despido se considere procedente, y con ello pase de tener derecho a una indemnización de 45 días a otra de 20, extiende en realidad esa compensación a todos los trabajadores indefinidos, porque basta con que una empresa aluda caída de los ingresos durante nueve meses para acogerse a esta figura.

"Algunos nos temíamos que este año podíamos llegar a los 150.000 personas en paro en la región, pero con esta reforma vamos a anticipar esta situación claramente", indicó Carretero, quien animó a toda la ciudadanía a "ocupar las calles y las plazas" en estas movilizaciones para convertir a Extremadura "en una marea blanca sin símbolos contra la reforma laboral".

La Guillotia de Mariano Termidor

Comenzamos la nueva etapa con unas reflexiones del amigo Lopez Bulla

Mariano Termidor ha cambiado las reglas del juego y el campo de juego de manera unilateral. Se ha consumado la contrarreforma laboral más agresiva desde 1977, justamente la que querían los hombres de Lehman Brothers en España, la que venía exigiendo desde hace años el Círculo de Empresarios con Claudio Boada a la cabeza (1). En todo caso alerto: tampoco colmará los deseos de los poderes salvajes que, en menos que canta un gallo, volverán a insistir en la copla de “¡más madera!”.

La intención de esta guillotina tiene dos caras inseparables: una, la desforestación de derechos y la eliminación de instrumentos; otra, la marcha hacia una democracia autoritaria, donde los derechos sociales, cada vez más pálidos, serían un perifollo para no dar que hablar más de lo necesario. Unos derechos sociales que, así las cosas, se conciben como límites imsoportables del poder empresarial y no como substancia de la democracia.

A estas alturas, el poder negocial del sindicalismo ya no era tolerable, precisamente porque, a pesar de sus limitaciones, interfería en la discrecionalidad de la ultraderecha económica y de la política termidoriana. En esa tesitura era preciso arruinar los instrumentos de la concertación social y el carácter del convenio sectorial. Es la democracia que impone, no aquella que delibera, y por eso es autoritaria. Que se impone pro domo business hacia un estado benefactor empresarial. Así pues, se ha abierto algo más que una cesura con la democracia liberal.  Lo que se ha abierto, tiempo hace, es un proceso "deconstituyente" (según la expresión de Luigi Ferrajoli) de vaciamiento de la democracia política (2).  

Voces autorizadas dirán qué es menester poner en marcha para contrarrestar este tornado. A mi juicio lo más urgente de la respuesta es la vertebración de un potente movimiento unitario, social y político, capaz de evitar la consolidación de este desmán antidemocrático.

(1)    CUANDO DESPERTÓ BOADA YA NO ESTABA ALLÍ

(2) Luigi Ferrajoli. Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional(Trotta, 2011)

¿Qué ha pasado con las 52 reformas del Estatuto de los Trabajadores desde su aprobación en 1980?

La Fundación 1º de Mayo, haciendo gala de una gran oportunidad, ha realizado un informe titulado 52 reformas desde la aprobación  del Estatuto de los Trabajadores en 1980, estudio que señala las claves de las reformas laborales que se han venido sucediendo en España y su repercusión en materia de contratación y empleo. El discurso convencional plantea que el principal factor determinante de la mayor intensidad de la crisis en España radica en la rigidez de las instituciones laborales, especialmente en la regulación legal de la contratación, el modelo de negociación colectiva y la legislación de la protección sobre el desempleo. La evolución del mercado de trabajo en el último ciclo económico pone de manifiesto que, en la etapa expansiva −entre los años 1995 y 2007−, se creó un importante volumen de empleo. No parece coherente defender que la misma regulación laboral que no frenó este crecimiento sea la principal causa de la crisis. La existencia de una legislación laboral para el conjunto del Estado no ha impedido la desigual intensidad territorial de la crisis, producto de sus diferencias en materia de estructura económica y productiva, como pone de manifiesto la diferencia de 18 puntos entre la Comunidad con mayor tasa de paro −Andalucía, con el 30,9 por ciento− y la que registra la menor (País Vasco, con el 12,6 por ciento). Las crisis económicas no tienen sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo, sino que el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de la crisis, especialmente en forma de destrucción de empleo y de precarización del mismo. La salida de la crisis del empleo no depende de las políticas laborales, sino de otras políticas −horizontales y sectoriales− que deben cobrar un mayor protagonismo a la hora de afrontar los retos estructurales de la economía española ya que, sin ellas, las medidas estrictamente laborales ven reducida sensiblemente su eficacia y, a la inversa, si se desarrollan adecuadamente permitirán que las medidas laborales desplieguen todo su potencial. Las reformas laborales, que se han venido produciendo sin el consenso de los agentes sociales, junto a ser socialmente injustas, han influido de manera decisiva en el incremento de la temporalidad y la precariedad laboral en momentos de crecimiento económico, mientras que en situaciones de crisis, no solo no han evitado la destrucción de empleo, sino que ha hecho que ésta sea mucho mas vulnerable a los cambios de ciclo. En el período 1985-1991, después de la reforma laboral de 1984 que flexibiliza la contratación temporal, en un escenario de expansión económica, se inicia el desarrollo de un modelo de crecimiento con baja capacidad de creación de empleo, dando comienzo a la “era dorada” de la contratación temporal, que persistirá hasta nuestros días en que, −a pesar de la fuerte destrucción de empleo temporal, como consecuencia de la crisis−, el mercado de trabajo español sigue registrando la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea. Durante la segunda mitad de los años 80 se registra un notable incremento de la contratación temporal en España, en paralelo a una progresiva segmentación del mercado de trabajo, consolidándose así un modelo característico del mercado de trabajo español para el que se ha acuñado la denominación de “flexibilidad en el margen: un modelo asimétrico, organizado en torno a la facilitación a la contratación temporal no causal que se ha intensificado en las décadas siguientes configurandouno de los rasgos estructurales del mercado de trabajo español. En el periodo 1991-1994, se produce la reforma de 1992, en un escenario de crisis económica, destrucción de ocupación y persistencia de elevada temporalidad del empleo. Esta reforma, no evita la destrucción de empleo, pero si impulsa en la práctica contractos temporales estructurales. En 1994 se produce una nueva reforma laboral que fracasa en la negociación colectiva y se sigue constatando que la elevada temporalidad del empleo es funcional al modelo de crecimiento español. El período 1995-2007, esta presidido por una prolongada etapa de expansión económica, fuerte creación de empleo y consolidación de desequilibrios estructurales del patrón de crecimiento, non un notable protagonismo de la construcción. El empleo alcanza 20 millones de personas, produciéndose un aumento sustancial de la población activa, debido a la incorporación de mujeres e inmigrantes. La reforma de 1997, acordada con los agentes sociales, fomenta la estabilidad del empleo, con los límites propios del modelo productivo instalado en nuestro país. En 2002 la reforma que se promueve abarata los costes del despido. La reforma de 2006, acordada con los agentes sociales, impulsa la reducción de la temporalidad del empleo, con escasa incidencia en los albores ya de la actual y prolongada crisis económica. La caída en la actividad económica, que se inicia con la crisis de 2007, ha tenido un notable impacto sobre el mercado de trabajo, especialmente en términos de destrucción de empleo. Así, entre los años 2008 y 2011 se han perdido en España cerca 2,1 millones de puestos de trabajo, que suponen una tasa de decrecimiento para el conjunto del período del 10,4%. El resultado de ello es un descenso de 6 puntos porcentuales de la tasa de empleo al final del período −hasta el 47,6%− y un fuerte aumento de 10,5 puntos en la tasa de paro, hasta un valor del 20,9. En este contexto la reforma laboral de 2010, se plantea como un objetivo central atajar la destrucción de empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, atribuyendo  ambos fenómenos a las debilidades del modelo de relaciones laborales en España. La Ley 35/2010 incluye una serie de medidas que inciden en materias como la contratación temporal, la flexibilización de las causas del despido o la flexibilidad interna. Pasado más de un año tras su aprobación, la Ley 35/2010 no ha producido los resultados previstos por sus promotores: ni se logrado frenar la destrucción de empleo, ni se ha atajado la segmentación del mercado de trabajo. Este fracaso fue reconocido por el propio gobierno, que en el año 2011 aprueba el Real Decreto ley 11/2011 de 26 de agosto; una norma que, en flagrante contradicción con el discurso expresado en las políticas anteriores, establece un insólita suspensión temporal de la regla relativa a la limitación en el encadenamiento de contratos temporales, bajo la justificación de “evitar efectos indeseados de no renovación de contratos temporales y en favorecer el mantenimiento del empleo”. Finalmente, se procedió a la reforma también unilateral de la negociación colectiva. Esta norma ha suscitado el rechazo expreso de las organizaciones sindicales, tanto por razones de forma −en la medida en que se adoptó unilateralmente− como de contenido, considerándose que incide en los aspectos más regresivos de la reforma del ET emprendida en 2010: da prioridad al convenio de empresa, impone a las partes un arbitraje vinculante, y apuesta por la flexibilidad interna de las empresas sin mejorar los mecanismos de participación de los representantes de los trabajadores. Las previsiones realizadas sobre el empeoramiento de la situación económica, tanto a nivel nacional e internacional −que apuntan a la recaída en una recesión− han redoblado la presión a favor de una nueva reforma laboral de mayor calado que las realizadas en los dos últimos años. Frente a estos argumentos, es necesario plantear, a corto plazo, profundizar las actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias más inmediatas de la crisis, tales como: el aumento de la inversión pública y privada para frenar en primer lugar la destrucción de empleo; medidas de carácter financiero que hagan fluir el dinero a las empresas y personas, y el reforzamiento de la protección social, a través de actuaciones complementarias para quienes hayan agotado o agoten las prestaciones, y para las familias cuyos componentes estén todos en situación de desempleo. Asimismo es precisa la puesta en marcha de una estrategia de intervención a más largo plazo con el fin de promover una reorientación del modelo productivo sobre bases económicas más sólidas, que favorezca a su vez la creación de más y mejor empleo, mayores cotas de justicia social y sostenibilidad medioambiental, el impulso de potenciales actividades emergentes en los diferentes sectores, así como cambios sustanciales de las políticas de gestión de las empresas españolas (tradicionalmente orientadas, en términos generales, a la búsqueda de la competitividad vía reducción de precios y costes laborales). Unas actuaciones que deberían orientarse a promover objetivos como: la reducción real de la segmentación del mercado de trabajo, combatiendo el uso injustificado de la  contratación temporal o el recurso generalizado a la subcontratación; la adopción consensuada, con la participación de los trabajadores, de mecanismos de flexibilidad interna que favorezcan la adopción de medidas alternativas a la destrucción de empleo en situaciones de crisis; o el enriquecimiento de los contenidos de los convenios colectivos en aquellos temas relacionados con el fomento de la productividad activa −es decir, acompañada de la creación de empleo− tales como la innovación y la formación. VER TRABAJO COMPLETO

Hoy la indiferencia es una excusa criminal.

Ante la catástrofe económica y social en la que vivimos en el presente español y europeo   ¿Dónde está la izquierda? La respuesta merece un  desahogo, empezando por aclarar lo que yo creo que es y no es, ser hoy -enero del 2012- de izquierdas.

Cuando la pobreza galopa desbocada por los páramos de España y de todo el sur europeo, cuando un Inflado poder económico y social está en manos de la derecha, aplicando sin pudor políticas deshonestas (es difícil soportar los argumentos  del gobierno del PP para eliminar la asignatura de educación para la ciudadanía),  cuando la izquierda política (toda) se mira al espejo,  y lejos de ver su anorexia vive en el espejismo del márquetin de la nada, de palabras vacías y huecas, de frases hechas; es momento de afirmar frente a capitanes que flirtean con las cercanas costas de la fractura social, que ser de izquierdas hoy es estar comprometidos con los valores que convierten  al ser humano en humano,  en ciudadano y ciudadana, es decir, comprometidos con la justicia social. Justicia que se hace tangible con la universal  educación, universal sanidad, universal prestaciones...  con empleo.

Ser de izquierdas es tener principios, valores y estilos de vida constructores de equidad, de igualdad de oportunidades, de interculturalidad, de paz, defendiendo nuestro medio natural.   

Ser de izquierdas es incompatible con lo nacional o nacionalista; es globalidad -no hay identidades que puedan sustentarse en esquizofrenias que excluyen al otro por vivir en un trozo u otro del planeta-.

Ser de izquierdas es  militar, luchar, dialogar, discernir e influir por y para construir un mundo mejor; incompatible con chupar, explotar, aprovechar, derrochar, envidiar, en todas las facetas de la vida. Lo privado es público.

Ser de izquierdas hoy es ser conscientes y consecuentes de las virtudes y los defectos de nuestro sistema democrático;  pensar, reflexionar...reflexionar y pensar; tener la certeza de la igualdad de todos y todas... incluida nuestra viajera Gaia.

¡Ojo con las izquierdas de plástico!, -como diría González Faus la... "llamé izquierda de plastico porque quizá las flores de plástico alegren la vista de quien no puede tener las auténticas, hasta llegar a engañarle; pero ciertamente no engañan a su olfato. Y en el campo de la izquierda ha sucedido algo similar: hemos entornado los ojos engañándonos, pero no pudimos engañar a algunos olfatos más sanos"-,  atención a los discursos del márquetin, cuidado con avanzar en la nada  y retroceder en  lo económico ¡Sin democracia económica no hay equidad, igualdad de oportunidad, interculturalidad, paz, naturaleza! 

Ser de izquierdas hoy en España es estar con el sindicalismo confederal  de CCOO y UGT,  son conscientes y consecuentes, son juncos con firmes raíces.

En estos momentos con más de 5,3 millones de parados, ser de izquierdas es saber que la legislación laboral no es culpable, que los trabajadores no son culpables, que sus representantes sindicales no son culpables. Que las soluciones no vendrán de la izquierda de plástico,  ni de la derecha que juega con la mítica de la huelga para engrandar sus méritos frente al mal.  

Ser de izquierdas es saber que siempre se pueden hacer cosas. Hoy la indiferencia es una excusa criminal. Stéphane Hessel recuerda que si hubieramos permanecido indiferentes, estaríamos bajo el nazismo.

A pesar de la sequía el Roble florecerá en primavera en nuestras montañas.

(FOTO: Jmizquierdo. Roble florido en Cabrero. Valle del Jerte)

II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-14 Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este acuerdo (Toxo)

Ayer se firmo el acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y empresariales CEOE y CEPYME, por la importancia del mismo adjunto enlace al texto firmado e incorporo un artículo de Joan Coscubiela, actualmente diputado en el Congreso por ICV-IU  y ex secretario general de CCOO en Cataluña, que a mi entender, puede  permitir una interpretación  más allá de los contenidos tangibles del mismo. Es un acuerdo que nace en un contexto que  Ignacio Fernández Toxo califico como difícil, susceptible de empeorar;  señalando que  "Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este acuerdo".

Joan Coscubiela
Periódico Digital Nueva Tribuna
 Asumiendo los riesgos de verter una opinión rápida sobre un tema complejo, estos son los aspectos que me parecen más relevantes. Esta opinión, que es personal –como todas por cierto– la emito desde mi actual condición de diputado por ICV-EUiA en el Congreso de Diputados, pero sin duda marcada por mi experiencia como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, además de por mis años de responsabilidad sindical en CCOO.

Este preacuerdo debería condicionar el proyecto de Reforma laboral del Gobierno español, dados los innumerables requerimientos que tanto su Presidente, la Vicepresidenta o la Ministra de Trabajo han hecho a sindicatos y patronales para que llegarán a acuerdos. El Gobierno y el Parlamento tienen sin duda la legitimidad democrática para hacer lo que consideren oportuno, pero no seria muy lógico que después de tantos emplazamientos y los requerimientos al diálogo social el Gobierno, ahora se prescindiera de sus resultados.

A mi entender la importancia de los acuerdos estriba en que se hacen propuestas que van en una línea distinta –en ocasiones contraria– a la que había apuntado el gobierno y defendido por algunos lobbys para la Reforma Laboral. Especialmente en el terreno de la estructura y articulación de la negociación colectiva, en el gobierno de las formas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y en la regulación de los descuelgues empresariales en relación al contenido de los convenios sectoriales. Sin duda los márgenes que tienen el Gobierno del PP en relación a lo pactado por sindicatos y patronales son amplios, pero el preacuerdo dibuja unos equilibrios entre “necesidades de las empresas” y “derechos de los trabajadores” que se desmarcan de lo que durante estos meses ha sido la “hegemónica opinión publicada” por parte de los grupos de presión que están intentando “dictar” la reforma.



ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En relación a la estructura de la negociación colectiva el preacuerdo no asume la pretensión de que los convenios de empresa tengan prioridad –incluso “in peius”– en relación a los convenios sectoriales. Lo acordado propicia la negociación de jornada laboral, funciones y salarios a nivel de empresa, por la vía de que los convenios o pactos de empresa desarrollen lo establecido en convenios sectoriales. Pero la formula acordada esta muy lejos de la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que exigían algunos grupos de presión. Primero porque se ratifica que sean los Convenios sectoriales estatales o de CCAA los que establezcan las reglas de articulación y vertebración en cada sector. Y segundo, porque se apuesta por preservar los convenios provinciales – que la anterior reforma del 2011 había situado en vía muerta-. Y además se hace con el argumento de que los convenios provinciales son por su proximidad a las empresas – especialmente las PIMES- los que mejor pueden aplicar la flexibilidad negociada y los que hoy por hoy ofrecen más cobertura contractual a empresas y trabajadores.

FLEXIBILIDAD INTERNA

El acuerdo apunta la importancia de la flexibilidad interna como alternativa a los despidos, pero hace algo más. Dibuja el marco de referencia delo que debe considerarse flexibilidad, distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal y establece criterios y normas para su gobierno.

La flexibilidad interna queda acotada por las organizaciones empresariales y sindicales a los aspectos de tiempo de trabajo, funciones de los trabajadores y movilidad funcional y salario. Y sobre estos aspectos versa el preacuerdo firmado, que distingue entre “flexibilidad ordinaria” y “extraordinaria temporal “. Lo acordado por las partes es de cierta complejidad y deja interrogantes –como siempre– sobre como se plasmará en los convenios colectivos o en las reformas legislativas. Pero apunta algunos criterios importantes.

De entrada no se recoge la vieja pretensión de algunos sectores empresariales de autorizar, vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que lo establecido en convenio colectivo pueda ser modificado unilateralmente por las empresas. Ello sin duda no excluye que el Gobierno del PP pueda hacerlo, pero si lo hace será al margen y contradiciendo lo acordado por los agentes sociales.

En relación a la flexibilidad interna ordinaria se reiteran algunos criterios de otros acuerdos anteriores y se reproduce el actual marco legislativo, con algunas novedades. Se orienta a que los convenios colectivos faciliten que la empresa pueda distribuir irregularmente un 10% de la Jornada anual de trabajo y que las empresas dispongan de una bolsa horaria de 5 días o 40 horas. Del texto parece desprenderse que esta flexibilidad interna ordinaria que los convenios colectivos deberán regular, esta condicionada en su aplicación a que exista acuerdo de la empresa con los representantes legales de los trabajadores (secciones sindicales o Comités de Empresa). Y en caso de no existir representación legal el acuerdo con las organizaciones sindicales firmantes del convenio sectorial, salvo que los trabajadores quieran elegir una comisión “ad hoc” para que les represente en las negociaciones. Lo acordado elude el riesgo de dejar en la unilateralidad empresarial la decisión de aplicar la flexibilidad interna ordinaria acordada en el convenio de referencia.

Una regulación distinta han previsto los firmantes para las necesidades de” flexibilidad extraordinaria temporal” que como la ordinaria se limita a tiempo de trabajo, movilidad funcional y estructura del salario. Aunque los firmantes también derivan su regulación a la negociación colectiva, concretan estas necesidades como las motivadas circunstancialmente por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, tal como las define el artículo 41 del ET – el actual o el que se reforme-. Y lo más significativo del acuerdo en este apartado puede ser los mecanismos de gestión de esta “flexibilidad extraordinaria temporal”. En estos supuestos, una vez comunicada la decisión empresarial a los trabajadores, si existiera desacuerdo deberá intervenir la Comisión Paritaria del Convenio y en su caso los mecanismos de mediación y arbitraje. No parece concretarse si la decisión será ejecutiva o deberá esperar al pronunciamiento de la Comisión Paritaria o de los servicios de mediación y arbitraje.

DESCUELGUES DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL.

El preacuerdo “somete a la consideración de los legitimados para suscribir convenios colectivos sectoriales, la conveniencia de incluir cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo”.

De una parte supone una ampliación de las posibilidades de descuelgue más allá del régimen salarial previsto en el artículo 82,3 del ET a otras materias como horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y movilidad funcional que exceda lo regulado en el artículo 30 del ET. De otra se condiciona a la regulación de las causas y procedimiento a lo que se fije en cada convenio sectorial. Y lo que es más importante, la inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores. Y en caso de desacuerdo se podrán someter las discrepancias a la Comisión paritaria del convenio estatal o en su caso recurrir a los Sistemas de Solución de Conflictos vía mediación o arbitraje.

INCIDENCIA DEL ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL

Desde una perspectiva política me atrevo a decir que el preacuerdo acota, limita y condiciona la acción del gobierno en su proyecto de Reforma laboral, salvo claro que el PP decida hacer caso omiso a los resultados del dialogo social, en contra de lo que ha venido pregonando hasta ahora.

En cuanto a sus contenidos el preacuerdo comporta de una parte una ampliación de los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, más allá de los que hoy están establecidos en nuestro marco de relaciones laborales. Se trata de una ampliación que las partes han acordado debe canalizarse a través de la negociación colectiva y que tiene como hilo conductor la necesidad de que los mecanismos de flexibilidad sean pactados.

Resulta también significativa la voluntad de mantener la actual estructura de negociación colectiva, desoyendo las recomendaciones o exigencias de desvertebración de la negociación, a partir de la primacía del convenio de empresa que algunos sectores empresariales y grupos de presión están exigiendo reiteradamente. En este sentido el preacuerdo ha rechazado las llamadas a dar carta de naturaleza a la unilateralidad empresarial con control judicial a posteriori.

Fuera del acuerdo -posiblemente porque nunca haya sido objeto de negociaciones- quedan otros aspectos de las relaciones laborales que el Gobierno del PP ha anunciado que forman parte de la reforma laboral. Entre ellos, la regulación de las modalidades de contratación, la regulación de las causas de despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los procedimientos, así como los procesos de despido y sus costes. Es en este terreno donde el Gobierno del PP va a tener más margen político, al margen de lo acordado por sindicatos y patronal.

Aunque es probable que estos días la información que nos llegue hable de una acuerdo sobre los salarios de los próximos tres años –2012/2014- mi opinión es que lo más importante del acuerdo y lo que puede tener una incidencia más profunda en nuestro modelo de relaciones laborales y en la próxima y anunciada reforma laboral no son los acuerdos sobre salarios, sino los acuerdos sobre estructura de negociación colectiva, flexibilidad interna y descuelgue empresarial de los convenios sectoriales, que he intentado descifrar en estas notas de urgencia.

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35 años de los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, en Madrid.

24 de enero se cumple el 35º aniversario de la muerte de los abogados de Atocha. Comisiones Obreras de Madrid lo conmemora con un acto de homenaje en el que se procederá a la entrega de los Premios Abogados de Atocha que este año se conceden al escritor y economista José Luis Sampedro.

Adiós al Estado de bienestar

Escultura de Rodin

 Artículo de Carlos Berzosa, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, publicado en el periodico digital Nueva Tribuna.

Uno de los mayores logros alcanzados por el capitalismo en el siglo XX fue el nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado de bienestar. Ha sido en la Europa democrática de posguerra en donde se avanzó más en el desenvolvimiento de los derechos sociales. El Estado de bienestar fue una conquista de los trabajadores, pero también respondió, precisamente por ello, a un intento por parte de los poderes políticos y económicos del capitalismo en dar concesiones a la clase obrera con el fin de evitar el triunfo de posiciones más radicales y revolucionarias que se oponían a este sistema económico. El miedo que se generó tras la revolución rusa contribuyó a ello.

El Estado de bienestar puso de manifiesto que dentro del capitalismo fue posible combinar el crecimiento económico, el pleno empleo y una cohesión social. Su desarrollo fue desigual entre los diferentes países, y ha sido en los países escandinavos en donde se ha conseguido un mayor avance en los derechos sociales. Aun así, otros países europeos, fundamentalmente Francia, Alemania, los que integran el Benelux, y en su día Reino Unido, alcanzaron cotas de bienestar estimables. Entre los países del sur de Europa, Italia quedó rezagada, y no hubo tal Estado de bienestar en los que estaban dominados por dictaduras, como España, Grecia y Portugal.

El Estado de bienestar no acabó con muchos males que se derivan del funcionamiento del sistema capitalista, pero sí supuso un avance notable en distribución de renta, en la oportunidad que tuvieron las clases trabajadoras de acceder a bienes y servicios que habían tenido vedados en la historia anterior del capitalismo, lo que supuso mayores posibilidades de promoción económica y social para los trabajadores. La igualdad en derechos y oportunidades comenzó a hacerse una realidad, aunque siempre limitada por la naturaleza de desigualdad social y cultural que genera el capitalismo.

La crisis de los años setenta supuso un ataque, desde diversos frentes, al modelo capitalista regulado de posguerra, al keynesianismo, y al Estado de bienestar. La imposición como dominante del paradigma económico que defendía el predominio del mercado frente a cualquier tipo de intervención pública afectó a la posible pervivencia del Estado de bienestar.

El combate que llevó a cabo Thatcher contra el Estado de bienestar, y la clase obrera británica, en especial contra los mineros, y la influencia que sus ideas, así como las de Reagan, estaban ejerciendo en el mundo, hacía desde luego temer por la supervivencia del Estado de bienestar tal como se había conocido. Si a esto se le añade la aparición en el escenario económico mundial de los Nuevos Países Industriales (NPI) y su gran capacidad de penetración en los mercados de los países desarrollados, la idea que se defendía es que el Estado de bienestar era una rémora para que los países europeos pudieran competir con éxito en el mercado global. Así que, no solamente se consideró que la financiación del bienestar era muy costosa e inviable a medio y largo plazo, sino que encima le hacía perder posiciones a Europa en la economía mundial.En este sentido, me resultó muy llamativa la alusión que hacía a ello, un autor como Mishra, especialista en el estudio del Estado de bienestar. Había escrito este autor un libro sobre “La crisis del Estado de bienestar”(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) que fue publicado a principios de los ochenta, y en el prólogo que hace a la traducción al castellano, a primeros de los años noventa, confesaba que cuando publicó el libro y ante lo que estaba sucediendo, lo que supuso es que el Estado de bienestar no resistiría ese ataque, pero que, sin embargo, se podía observar que si bien magullado y con heridas había resistido diez años después de plantear aquello. La razón de esta resistencia era clara: la ciudadanía europea en su gran mayoría defendía la existencia del Estado de bienestar.

La caída de muro de Berlín y un poco después del modelo soviético contribuyó a reforzar más las ideas favorables al fundamentalismo de mercado con lo que las críticas al estado de bienestar no hacían más que crecer. El declive del movimiento obrero tradicional y la decadencia de la socialdemocracia contribuyó a que se reforzaran las posturas contrarias a la intervención pública y se tratara por todos los medios de desprestigiar a un modelo de desarrollo, que se suponía que se encontraba obsoleto y producto de un pasado más que de un futuro que se nos anunciaba lleno de prosperidad si se seguían las directrices marcadas por la nueva ortodoxia económica. De todos modos, el estado de bienestar ha seguido resistiendo, incluso con enemigos dentro de casa, como es el caso de algunos socialistas que se han dejado llevar por el neoliberalismo económico.

En España, el Estado de bienestar se desarrolla con la llegada de la democracia, y sobre todo, en la década de los ochenta. Llegamos tarde como consecuencia de la larga dictadura. Desde entonces ha habido progresos indudables en la sanidad, educación, y en el conjunto de las prestaciones sociales. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto en sus artículo y libros Vicenç Navarro, el Estado de bienestar español se encuentra subdesarrollado con relación a los países más avanzados de Europa. Los logros que un proceso histórico son indudables y más si se les compara de dónde se viene, no obstante, tienen sus puntos negros al no haber avanzado más en los derechos sociales de lo que se ha hecho, cuando, además, se podía haber llevado a cabo con un sistema fiscal más justo, equitativo, y más combativo contra el fraude.Las políticas que se siguen en la Unión Europea son un peligro para el Estado de bienestar, pero en España, lo es aún más, pues con lo que se está haciendo las cosas no pueden ir si no a peor, como es que se está recortando en aquello que ha sido un progreso social. La ortodoxia contra el déficit que se sigue y sin políticas compensatorias para lograr el crecimiento económico y hacia los más afectados por la crisis hace temer lo peor. Tal vez haya que decir adiós al Estado de bienestar si no se corrigen las actuaciones de política económica. Lo malo de España es que ya estamos diciendo a muchas cosas adiós sin haber alcanzado las cotas delos países de Europa. Es como un caramelo que se nos quita sin haberlo saboreado del todo.

Lo que no ha conseguido la caída del muro de Berlín, el fundamentalismo de mercado, tantos factores mencionados, lo va a conseguir la crisis, pero sobre todo, los remedios propuestos para solucionarla. El Estado de bienestar no está ya solamente magullado, sino herido de muerte. No se debe olvidar lo que constata Mishra si ha resistido es porque cuenta con gran consenso entre la ciudadanía europea. Ahora, esa ciudadanía lucha de diferentes maneras para defender los derechos que quedan. Esta es nuestra esperanza.

La tripulación del Titanic (Acumulando madera)

Escultura de Rodín en Plaza Mayor de Cáceres

Artículo de opinión del historiador Josep Fontana, publicado en el diario Público el  pasado 3 de enero  de 2012, en el que desmonta las virtudes de las políticas de recortes y austeridad del Gobierno, las considera inútiles y perniciosas, recordando que la recesión de los años treinta se superó a costa del endeudamiento del Estado.

Las fotografías del nuevo equipo de Gobierno español desprenden un aire de incertidumbre, como el de los tripulantes de un navío que se encamina al desastre y que, incapaces de evitarlo, se resignan a su destino. Se explica así que hayan puesto al frente de la economía a un antiguo dirigente de Lehman Brothers, la primera gran empresa financiera que se hundió en 2008. Él, por lo menos, ya sabe cómo encaminarse al abismo con dignidad -y con un lugar asegurado en el bote salvavidas- y puede preparar a sus compañeros para este naufragio anunciado.

Se han olvidado las reglas que sirvieron para superar la recesión de los años treinta: auxiliar a las empresas para evitar su colapso y aliviar el sufrimiento de los trabajadores con una política social adecuada. Todo ello a costa del endeudamiento del Estado, que pudo compensarlo al salir de la crisis. Se ha escogido ahora, en cambio, la vía del auxilio a las empresas sin costes para el Estado, descargando todo el peso sobre las clases medias y los trabajadores. Eso es precisamente lo que significan las políticas de austeridad, como la que el PP se dispone a imponer de manera salvaje, tal como indican sus primeras decisiones económicas.

Parecen no querer enterarse de que hay cada vez más expertos que denuncian que esta política de austeridad es no sólo inútil, sino perniciosa. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien afirma que evitar el despilfarro en el gasto público es conveniente cuando el sector privado está en plena forma y maximiza beneficios, pero que nada resulta peor que restringirlo cuando un sector privado en mal estado está agobiado por sus deudas. Actuar sobre una economía que no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar la situación, sin contar con los efectos que tiene sobre el bienestar común: en Grecia, por ejemplo, faltan ya en los hospitales medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan la poliomielitis o la difteria.

Cuando pasó por España, en noviembre de 2011, Richard Koo insistió en que la crisis sigue siendo esencialmente bancaria, aunque haya acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven "con una sobredosis de ajustes" y con reformas constitucionales "es un completo disparate". Una opinión cercana a la que expresaba Paul Krugman cuando, valorando las nuevas medidas de austeridad anunciadas por los dirigentes europeos, las calificaba de "pura insensatez".

En efecto, un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de los países del sur de Europa no proceden de un exceso de gasto público, sino que son consecuencia de la propia crisis: de haber transferido al Estado, esto es, al conjunto de los ciudadanos, el coste de los errores de bancos y empresas privadas. En una nota publicada el 29 de diciembre pasado, Krugman demuestra que la relación entre la deuda pública y el PIB de estos países estuvo mejorando hasta 2007, lo que significa que su situación actual no es el resultado de un exceso anterior de gasto público.

En el mismo sentido se expresa Steve Keen, uno de los pocos economistas que previó la crisis de 2008, quien ha calificado como "una fantasía insensata" que se pretenda culpar a la deuda del Gobierno, cuando la crisis se debe ante todo a una burbuja de deuda privada que finalmente ha estallado, lo que le lleva a criticar severamente la lucha contra el déficit, que va a implicar que el Gobierno retire recursos de la circulación. El resultado final de las políticas de austeridad lo sintetiza así Krugman: "Como las familias están obligadas a estrecharse el cinturón, el Gobierno deberá estrechárselo también; y así seguiremos estrechándolo todo el tiempo hasta que lleguemos a una completa depresión".

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana nos indica a qué futuro conduce la austeridad: a un empobrecimiento de los más y un aumento de la riqueza de unos pocos. La desigualdad social ha aumentado en los últimos años hasta tal punto que, según el Factbook de la CIA, Estados Unidos es hoy una sociedad más desigual que Pakistán, Etiopía o Kazajistán. Dos noticias de prensa publicadas en fechas cercanas a esta Navidad lo ilustran: una nos dice que la remuneración de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36,5% en 2010 y otra, que, en el mismo año, hubo 1.600.000 niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38% respecto de las cifras de 2007.

El Partido Popular nos conmina ahora a aceptar una política que recorta nuestros ingresos y aumenta los impuestos que nos gravan -sobre todo a aquellos que no podemos acogernos a la ingeniería fiscal para evadirlos, como lo hacen los titulares de las grandes fortunas- con la promesa de que la práctica de esta virtud acabará llevándonos a un grado de felicidad semejante al de los siete millones de trabajadores alemanes que perciben sueldos inferiores a los 400 euros y no tienen derecho a la sanidad pública ni a una pensión del Estado.

Puedo entender que quienes dirigen nuestra política y nuestra economía, con ingresos anuales de millones de euros, encuentren aceptable este programa, que les beneficia personalmente. 

¿Pero lo aceptarán sin protesta los que tienen que pagar sus costes?

Josep Fontana, historiador

"Deudocracia" La crisis griega en documental

 "Debtocracy - Deudocracia" es un documental realizado por los periodistas griegos Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou, y distribuido en internet libremente por sus autores, que busca las causas de la crisis y de la deuda en Grecia, y que propone soluciones que no suelen ser difundidos por los medios tradicionales. Un buen instrumento para persistir en la cabezonería de ¡PENSAR...!