
Las
políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España
hasta alcanzar al 27 por ciento de la población. El acceso al empleo ya no es
una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. La precarización de las
condiciones de trabajo, los procesos de desprotección en el mercado de trabajo
y el debilitamiento de los recursos sociales del Estado de Bienestar están
provocando un empobrecimiento creciente de la población trabajadora.
En España
las erróneas medidas tomadas, tanto desde el punto de vista laboral como desde
el punto de vista de la reducción de los marcos de protección social y la
contracción de los servicios públicos, están contribuyendo a que el fenómeno de
los trabajadores pobres se haya incrementado de una manera tan acusada.
Una parte
importante de las consecuencias del empobrecimiento de la población es
irreversible: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de
vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención
descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación
cultural, son sólo algunas de ellas.
En España,
el fuerte crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir
las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un
mercado de trabajo, un modelo productivo y un modelo social muy
vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la
crisis.
La crisis
económica ha agudizado la pobreza de las personas con empleo, con diferente
impacto en función de las desigualdades laborales previamente existentes. Como
consecuencia de la crisis (y amparándose en ésta), se está produciendo una
fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población
trabajadora. La fuerte precariedad del empleo, que sigue siendo una
característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o
la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen
de relieve esta tendencia.
La reforma
laboral decretada recientemente supone un fuerte recorte de derechos laborales
y sociales. Se configura así, un nuevo marco de derecho laboral que permite
ahondar en el riesgo de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras,
sobreendeudados en un contexto de alza de los precios de los productos más
básicos.
El
empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo. El trabajo por cuenta
ajena, la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad son condiciones
laborales que se encuentran asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza.
La calidad
de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado del Bienestar
inciden negativamente en la situación de pobreza de los trabajadores y
trabajadoras. Las diversas medidas que se están llevando a cabo en los últimos
años están suponiendo pasos firmes hacia el desmantelamiento del sector
público, y la mercantilización total o parcial de gran parte de los servicios
asociados a él, lo que los hará inaccesibles para los grupos sociales más
vulnerables, profundizando así en la situación de riesgo de pobreza.
Los
diferentes recortes implicarán la vuelta de las mujeres a las labores de
cuidado en el hogar. El coste de oportunidad de participar en un mercado de
trabajo especialmente precarizado para ellas, la supresión de la educación
infantil pública así como las becas de comedor, los recortes en la
atención a la dependencia, el incremento de la carga de trabajo reproductivo
para compensar los bajos ingresos salariales, apuntan a ello.
Los
problemas económicos de los hogares pueden agudizar el problema demográfico en
España. Las dificultades de las familias hacen preveer un descenso aún más
marcado de la natalidad, y con ello un envejecimiento creciente de la población
en España, lo que puede dificultar la sostenibilidad económica de la protección
social de jubilación.
El aumento
de las tasas en la educación superior sienta las bases de un sistema educativo
elitista y semiprivatizado; estas barreras económicas para el acceso a la
educación de calidad tienen importantes consecuencias para los hogares y el
futuro del país.
El aumento
de las situaciones de pobreza y exclusión social implica un incremento de la
demanda de servicios sociales, que sin embargo, se están viendo seriamente
afectados por los recortes. La sanidad, la educación, la atención a la
dependencia, pilares básicos del Estado de Bienestar, ya ha sufrido importantes
recortes que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de las
personas, aseguran la igualdad de oportunidades y son los principales garantes
de la cohesión social.
Las
pensiones y las prestaciones por desempleo han supuesto en España una de las
claves para contener las situaciones de pobreza. Los límites para el acceso a
los derechos de cobertura por desempleo así como el incremento del gasto
familiar por prestaciones sociales ya no cubiertas (en materia educativa o
sanitaria) merman la capacidad de supervivencia de las más de 5,5 millones de
personas en situación de desempleo y de los 475 mil hogares con todos sus
miembros en paro. A esta dramática situación se suma la previsión de
importantes recortes tanto en la cobertura por desempleo como en el sistema de
pensiones, cuyas consecuencias pueden incrementar gravemente las situaciones de
pobreza en los hogares.
Las
perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares para
los próximos años, así como las previsibles nuevas políticas de recortes,
supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso
sustancial de la calidad de sus condiciones de vida. Los datos existentes hasta
la fecha permiten apuntar que al finalizar 2012 es previsible que se haya
alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%, y cabe esperar que, ante los
importantes recortes sociales, el ritmo de aumento de la pobreza se acelere
significativamente en los próximos años.
Este trabajo
realizado ha sido realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luís de la Fuente, Alicia Martínez,
Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis que se publica dentro de la colección
Estudios, en su número 56, en el que se analiza
la agudización de la pobreza que está produciendo la crisis económica y
en el que el acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de
pobreza.