Reproduzco el artículo del Secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de Extramdura, Fernando Sánchez, donde aclara que "La huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de legítima, la constitución española reconoce el derecho de huelga como fundamental, es justa y necesaria, aunque alguna opinión partidaria lo niegue y quiera convencer de lo contrario".En la corta historia de la democracia española después de la dictadura, los sindicatos mayoritarios han convocado seis huelgas generales, cuatro a gobiernos socialistas y dos a gobiernos del partido popular. Mayoritariamente las causas de las convocatorias han sido cuatro reformas laborales sustanciales que recortaron sucesivamente derechos, empeoraron las condiciones de contratación y abarataron el despido, es decir agresiones graves y directas a los intereses generales de los trabajadores y de las trabajadoras. Estos hechos conocidos y constatables desmontan el argumento manipulador y malintencionado de la dependencia política de los sindicatos y aquello de que "sólo hacen huelgas generales cuando gobierna el pp".
Desde el pasado 16 de Marzo en que se registro la convocatoria de huelga general para el próximo 29 de marzo, han resurgido con renovada crueldad, saña y ahínco las voces de los que siempre pretenden deslegitimar, desprestigiar y difamar a las organizaciones sindicales mayoritarias, esto es al sindicalismo de clase y sociopolítico, sabedores de que son el último reducto, el último bastión en defensa de los derechos, de la igualdad y del estado de bienestar. Se aplican en contar hechos, datos e invenciones falsas, desmentidas una y otra vez por las propias organizaciones sindicales sin éxito alguno, gracias a la máxima consciente de estos voceros de que las mentiras repetidas acaban pareciendo verdades. Lo que no se atreven a decir a las claras es que la pretensión es una sociedad sin sindicatos, después sin partidos políticos, y si es posible con una sociedad civil disminuida y muy controlada.
Que a estas alturas tengamos que recordar que los sindicatos son organizaciones fundamentales en una sociedad democrática y de derechos como la española, construida y refrendada por voluntad popular a través de nuestra constitución de 1978, en estos momentos de conmemoración y ensalzamiento de los valores de libertad que represento la Pepa, parece una broma de muy mal gusto. El desarrollo de ese papel social democratizador supone una financiación pública a través de los presupuestos del estado, al igual que los partidos políticos, por el carácter representativo que determinan las elecciones sindicales en los centros de trabajo, con un número millonario de votos superior en participación a las elecciones políticas. Por tanto la legitimidad representativa existe, y no la determina la afiliación que realmente es mucho mayor que la de cualquier organización social o política, sólo CCOO -y esto es comprobable- tiene más de 1.200.000 afiliados cotizantes. También conviene recordar a los maledicentes que el modelo de negociación colectiva en España es diferente al de otros países del entorno, la diferencia principal es que aquí los sindicatos negocian para todos los trabajadores y trabajadoras estén o no afiliados, los convenios son de eficacia general; en Alemania por ejemplo son de eficacia limitada, es decir se aplican solo a los afiliados de los negociadores.
Ante una reforma laboral impuesta unilateralmente por el actual Gobierno, rechazando la concertación y el diálogo social, haciendo caso omiso a un acuerdo nacional firmado con la patronal el 25 de enero sobre política de rentas, de articulación y estructura de la negociación colectiva y cobertura de convenios, que permite mayor flexiseguridad efectiva frente al despido como única salida para la viabilidad de las empresas en esta grave coyuntura de crisis, se convoca una huelga general como un acto de responsabilidad democrática. Esta reforma laboral dictada por decreto ley, con carácter de urgencia que todavía nadie ha justificado, supone romper el equilibrio en las relaciones laborales, otorgando todo el poder discrecional al empresario, permitiendo devaluar los costes laborales a través de la modificación sustancial de las condiciones del contrato: horarios, funciones, movilidad y hasta salarios.
Descausaliza y rebaja el despido, simplemente por previsión de pérdidas, por disminución de ingresos o ventas durante nueve meses se hace procedente el despido individual o colectivo, incluso en la administración pública. Se generaliza un nuevo contrato indefinido con un año de prueba, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin causa y ningún tipo de indemnización. La necesidad se pretende justificar desde el Gobierno con los más de 5.300.000 de parados y sin embargo, a la vez, se reconoce que esta reforma laboral no va a crear empleo, sino todo lo contrario se prevén más de 630.000 nuevos parados durante 2012. Hasta los más fundamentalistas reconocen que ninguna reforma laboral sirve para crear empleo, el empleo se crea únicamente con reactivación económica. No hace falta ser un portento de la economía para entender que a mayor paro menor consumo, y si a eso le sumamos la falta de financiación de las empresas y las familias el resultado se llama recesión.
Descausaliza y rebaja el despido, simplemente por previsión de pérdidas, por disminución de ingresos o ventas durante nueve meses se hace procedente el despido individual o colectivo, incluso en la administración pública. Se generaliza un nuevo contrato indefinido con un año de prueba, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin causa y ningún tipo de indemnización. La necesidad se pretende justificar desde el Gobierno con los más de 5.300.000 de parados y sin embargo, a la vez, se reconoce que esta reforma laboral no va a crear empleo, sino todo lo contrario se prevén más de 630.000 nuevos parados durante 2012. Hasta los más fundamentalistas reconocen que ninguna reforma laboral sirve para crear empleo, el empleo se crea únicamente con reactivación económica. No hace falta ser un portento de la economía para entender que a mayor paro menor consumo, y si a eso le sumamos la falta de financiación de las empresas y las familias el resultado se llama recesión.
Los contrapiquetes de esta huelga general, los que amenazan al trabajador para impedir el ejercicio de ese derecho fundamental, arguyen falta de responsabilidad ante esta convocatoria y alimentan la idea de unas organizaciones sindicales decimonónicas, que no entienden una sociedad globalizada y moderna, que no existen otras medidas para salir de la crisis. Si el resultado de la modernidad son condiciones laborales como las pretendidas en la Reforma, la esclavitud de épocas históricas, afortunadamente ya abolida, puede resultar más moderna aún.
La responsabilidad de los sindicatos queda demostrada una vez más solicitando al Gobierno la negociación y el acuerdo, propugnando alternativas y soluciones para reactivar la economía y la creación de empleo: reforma fiscal y financiera, mejorar la capacidad de recaudación de ingresos, persecución del fraude fiscal (más de 70.000 millones de euros), control efectivo del gasto público, cambio del modelo productivo, modernización empresarial…
La huelga general es la expresión del fracaso ante la negociación y la concertación provocada por la negativa del Gobierno, por eso además de legítima es justa y necesaria.
