 |
| Escultura de Rodin en la Plaza mayor de Cáceres |
Recomiendo la lectura de todos los documentos que sobre el sistema de pensiones, se han lanzado, últimamente para entender el alcance del famoso informe de expertos. Que es eso, ¡un informe!. No deja de sorprenderme que lo más destacado por las redes y en una gran parte de los medios de comunicación sea la posición de Miguel Ángel. Transcendencia previsible, por cierto, pues una posición legítima, pero individual, no puede superponerse ni debe confundirse con la de una organización sindical como la de CCOO.
Alguien tendrá que reflexionar sobre cómo comunicar el sindicato con la sociedad deslindando, si hay que deslindar, aclarando lo que haya que aclarar, para que, cuando sucedan las cosas, podamos responder de manera clara. Que había que haber quedado muy dicho desde el principio que CCOO no estaba en la comisión de expertos, y que se desvinculaba del informe, dijera lo que dijera, pues probablemente.
Para acercarnos al fondo, reproduzco un artículo del blog de Joan Coscubiela (El blog de Coscu), exsecretario general de CCOO de Cataluña y actualmente activo Diputado del Grupo parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso.
Descodificando a los Expertos.
Sinceramente
he dudado mucho en meterme en este berenjenal, pero como la cabra
tira al monte, vamos a intentarlo. No es tarea fácil intentar
descodificar políticamente el informe de los expertos. Por su
complejidad, pero sobre todo porque en este debate se han consolidado
al mismo tiempo dos imágenes tan estereotipadas como falsas que es
difícil combatir con explicaciones. Una, que es inevitable y urgente
la definición del factor de sostenibilidad, sin esperar al período
2027/2032 previsto en la ley 27/2011. Otra, que el informe de los
expertos sólo tiene una lectura, la de la reducción de las
pensiones y que además el informe es el marco en que debe hacerse la
reforma legal. Durante el día de ayer comprobé hasta qué punto
estas dos imágenes construidas mediáticamente están consolidadas y
dificultan una reflexión serena.
INFORME
TAN POLÍTICO COMO TÉCNICO.
El informe se presenta como técnico y en buena parte lo es, pero
contiene una gran cantidad de valoraciones políticas y juicios de
valor estrictamente políticos. Hasta el punto que en muchos de sus
apartados las reflexiones políticas solapan claramente las
sugerencias técnicas. Ello confirma que el Gobierno nunca debió
iniciar el debate de la pensiones intentando marcar las cartas con un
informe de “expertos”. Entre otras razones porque los análisis
técnicos bien podían haber sido aportados por los propios
“expertos” de la Seguridad Social, que a lo largo de décadas han
demostrado ser quienes más han acertado en sus proyecciones y los
menos contaminados.
Pero
me temo que al Gobierno le puede haber salido el tiro por la culata.
El informe está lleno de matices, de dobles interpretaciones y de
llamadas a la toma de decisiones políticas. Lo que permite intuir
que el debate en la Comisión ha sido intenso y que en los temas más
conflictivos se ha optado por abrir diferentes interpretaciones y
derivar la decisión al Gobierno, al Pacto de Toledo y al Parlamento,
como no podría ser de otra manera. Las políticas de pensiones
requieren solvencia económica, pero son sobre todo decisiones
políticas que no se pueden delegar en el “despotismo ilustrado”
de los expertos.
PREJUICIOS
Y ADANISMOS.
El informe
sólo comenzar incurre en dos flagrantes prejuicios. Dar por hecho,
sin argumentarlo técnicamente, que es inevitable y urgente adelantar
el cálculo del factor de sostenibilidad previsto para entrar el
vigor el 2032. Y el habitual adanismo de afirmar que hasta llegar
los “expertos” no se han abordado las reformas necesarias.
EL
INFORME SE EXTRALIMITA EN EL MANDATO RECIBIDO.
El Gobierno del PP intenta justificar su decisión de abordar ahora
la reforma en el artículo 8 de la Ley 27/2011 que mandata al
establecimiento de un factor de sostenibilidad para el calculo de las
pensiones futuras, pero no dice nada de tocar la revalorización de
las pensiones actuales. Al proponer una nueva fórmula de
revalorización de las pensiones actuales, los expertos lo hacen con
criterios políticos para los que no están legitimados
democráticamente. Se da la circunstancia que en algunos de los países
que han abordado el factor de sostenibilidad, este no afecta a las
pensiones presentes.
CARTAS
MARCADAS EN EL CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD.
Todo el informe gira alrededor de una variable importante, como es el
aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, pero ignora
otros factores. En el terreno demográfico las entradas de nuevas
cohortes al sistema, vía inmigración o aumento de la natalidad –
clave en algunos países gracias a las políticas de familia-. O la
ampliación de la base de sistema contributivo, con más y mejores
cotizaciones. Sin olvidar el impacto de las mejoras de la
productividad – con mucho recorrido en España – y de su reparto
social de manera equitativa. Con los restrictivos criterios de
“sostenibilidad” del informe, el sistema de pensiones construido
en Europa durante el siglo XX no hubiera sido posible.
EL
INFORME ABRE LA VÍA A CONSEGUIR MÁS INGRESOS.
Y puede que esa sea la razón de que el informe incorpore, como un
añadido en su página 22, una reflexión sobre las diferentes
posibilidades políticas de mejorar la sostenibilidad, no sólo
moderando el crecimiento del gasto, sino aumentando los ingresos. Y
no sólo los provinientes de cotizaciones sociales, sino vía
fiscalidad general. Y ello a pesar que desde los teóricos de la
sostenibilidad siempre se ha querido limitar el debate a un ajuste de
gastos en función de los recursos disponibles.
UNAS
MEDIDAS PROCICLICAS.
Al
reflexionar y proponer medidas para una nueva forma de revaloración
de las pensiones, se insiste en que la nueva propuesta pretende ser
anticíclica en relación al impacto de la revalorización en los
gastos del sistema. O sea que en períodos de menos crecimiento de la
economía, menos revalorización de las pensiones. Pero al hacerlo se
ignora que lo que puede ser anticíclico para el sistema de seguridad
social, resulta procíclico para el conjunto de la economía. Porque
revalorizar menos las pensiones, cuando la economía crece menos, sin
duda puede agravar la crisis en una economía con fuerte dependencia
del consumo interior.
FACTOR
DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL.
Es la formula propuesta para acomodar el crecimiento futuro de las
nuevas pensiones. Hasta ahora en el cálculo de las pensiones
intervienen tres factores, años cotizados, bases de cotización y
edad de jubilación. Y los expertos proponen una cuarta, el de la
esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación. Una nueva
proporcionalidad que significa que a más esperanza de vida, menos %
sobre 100 se cobraría. De manera que siempre se cobrara menos del
100% actual si la esperanza mejora y solo se cobrara más de 100%
actual si cae la actual esperanza de vida. La formula propuesta por
los expertos comporta que cada uno se hace cargo del reparto de su
pensión a lo largo de su vida por vivir más años. Aunque de nuevo
aparece el matiz en el informe, cuando se dice que nada impide que la
solución sea aumentar los ingresos del sistema de seguridad social,
siempre que se explique de donde salen estos nuevos ingresos. Como
ven, de nuevo, las formulas técnicas ceden el paso a la política,
que es de lo que se trata.
FACTOR
DE REVALORIACIÓN ANUAL (FRA).
Es el que determina como hacer la revalorización de las actuales
pensiones, acabando con la revalorización automática para mantener
el valor real de las pensiones, que ha funcionado hasta hoy, con la
excepción de los años 2011 y 2012. Ya hemos dicho que en este
apartado el informe de los expertos se extralimita en sus consejos.
Pero lo más interesante es como el informe abre la vía a tantas
posibilidades como quiera la política. Después de proponer una
formula nueva, que no garantiza el valor real de las pensiones, se
introducen algunos matices. Para evitar que la aplicación de su
formula de revalorización pueda suponer una reducción del valor
nominal de la pensiones, se plantea una cláusula suelo y se dice que
para financiarla se usará el Fondo de Reserva, nutrido de los
excedentes de las cotizaciones en épocas de bonanza. Y lo que es más
curioso, se abre también la posibilidad de que si así se decide
políticamente se pueda garantizar el mantenimiento integro del poder
adquisitivo, siempre que se habiliten los recursos necesarios y se
explique de donde salen.
APLICACIÓN
DE LAS PROPUESTAS.
A
pesar de que los expertos no justifican el porqué de su propuesta,
se plantea que las reformas deberían aplicarse cuanto antes, dentro
el período 2014/2019. El porque de este período transitorio y no
otro, no se explica. Aunque no es exagerado pensar que es el margen
político, no técnico, que se le da al Gobierno para que el impacto
de las medidas no sea visible – ni en pequeñas dosis- hasta
pasados dos ciclos electorales, el del 2015 y el del 2019 – en la
hipótesis de no adelanto electoral-. Pero hay más, nada impide en
el informe que se pueda acordar políticamente que los criterios
adoptados entran en vigor después del 2019. Y más aún, se sugiere
que sea cual fuere la fecha escogida para la entrada en vigor de los
cambios, los nuevos pensionistas reciban a partir del 2014, además
de la información de la pensión reconocida, otra en paralelo sobre
cual seria su pensión en el caso de haberse aplicado los nuevos
criterios. Total que lo que se podría hacer, si así se decide
políticamente, que los criterios propuestos no entren en vigor
hasta transcurridos unos años de comprobación de cuales serian sus
efectos en los pensionistas y en el gasto agregado del sistema.
Bien,
hay muchas más cosas y muy interesantes, como una referencia
explícita al artículo 135 de la Constitución Española y a los
límites que impone a la política democrática.
Espero
haber sabido explicar tres cosas: que el informe es todo menos un
informe exclusivamente técnico – los eunucos ideológicos no
existen- . Que el informe intenta marcar el terreno de juego de la
reforma, pero que permite tantas interpretaciones como quiera la
política. Y que el Gobierno no debe escudarse en el informe de los
expertos y si quiere plantear una reforma, por otra parte no
necesariamente urgente, deberá mojarse.
Y será
entonces, cuando el Gobierno presente su propuesta política a los
agentes sociales y a la Comisión del Pacto de Toledo, cuando de
verdad comenzará el debate de fondo y en el terreno del que nunca
debió salir, el de las decisiones de las instituciones democráticas.
Si el
Gobierno pretendía con el informe marcar la agenda política de los
debates, escondiéndose detrás de los expertos, no deberíamos
permitírselo. Y además, son tantas y tan variopintas las hipótesis
que abre el informe, que al Gobierno no le va a quedar más remedio
que responsabilizarse de las propuestas que haga. Y decidir si quiere
tirarse a la piscina, y si lo quiere hacer antes o después de las
próximas elecciones.
Al
final, será la política la que decida, como no puede ser de otra
manera y la ciudadanía tiene mucho que decir. Lo contrario
significaría sustituir la democracia por el despotismo ilustrado.
Joan Cuscubiela
