El derecho de la mujer a decidir.

Ayer acudí a la mesa redonda organizada por la Fundación CIVES, en el Atenéo de Cáceres, que debatía sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No puede resistirme a participar en el acto por el tema y por la calidad de los participantes de la mesa, a saber:Victorino Mayoral Cortés, que preside la Fundación CIVES y la Liga Española; María José Pulido, que dirige Instituto de la Mujer de Extremadura; Yolanda Besteiro que lidera la Federación de Mujeres Progresistas y Marisa Tena, abogada de la Asociación Malvaluna.

El primero en tomar la palabra brevemente fue Victorino Mayoral, quien destacó la importancia de este proyecto de ley porque despenaliza la interrupción del embarazo y reconoce el derecho a decidir de las mujeres, reconociendo igualmente el principio de autonomía moral de las personas para su libre elección. Incidió en que el sistema educativo tiene que asumir la educación sexual como parte intrínseca de la educación.

Posteriormente intervino Mª José Pulido, quien expresó que esta ley se la merece la ciudadanía española. La ley en vigor deja en el limbo la garantía jurídica de la mujer y le niega el derecho a decidir - son grupos de profesionales quienes toman la decisión en los tres supuestos actuales-. Mª José entiende que esta ley reconoce la autonomía de la mujer para tomar decisiones. Comentó igualmente que a pesar de encontrarnos en Europa, con un entorno favorable a los derechos de la mujer, en España vivimos dentro de un “microclima religioso”, con capacidad de generar falsos debates sobre la maldad de esta ley. La sociedad española mayoritariamente acepta y desea esta ley, porque es madura para llegar al objetivo de una ley de plazos. Para Pulido es importante igualmente la implementación de políticas educativas que permita abordar didácticamente la educación sexual de una manera integral y natural.

Por su parte Yolanda Besteiro consideró que esta ley es una necesidad que pone fin a la intolerancia y a la inseguridad jurídica de la mujer. Entiendo que el aborto es un problema de salud pública, pues más de 50 millones de mujeres abortan en el mundo cada año, de los que 20 millones se hacen en condiciones precarias. 80.000 mil mujeres fallecen anualmente en el mundo por malas praxis en la interrupción del embarazo.

En España tenemos comunidades autónomas donde no se hacen interrupciones del embarazo, como es Navarra y otras muchas donde no se pueden realizar en la sanidad pública, como es el caso de Extremadura. El resultado es que el 97% de las interrupciones se realizan en la sanidad privada y solo el 3% en la pública, esta es una situación insostenible. Por el contrario el proyecto de ley, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida; favorece políticas públicas para la salud sexual y reproductiva con medidas en los ámbitos sanitarios y educativos. Contempla igualmente una adecuada formación para los profesionales en salud sexual reproductiva. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la educación afectiva sexual y reproductiva. Establece una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, que tendrá que evaluarse periódicamente por comunidades. Regula igualmente la objección de conciencia de los profesionales que participan directamente en la intervención.

Para finalizar intervino Marisa Tena, quien consideró que hay que dar un “Sí” critico a la Ley, pues siendo un avance con respecto a la legislación actual, queda corta en muchos temas que el movimiento feminista viene reivindicando desde hace 30 años, cediendo de esta manera ante las presiones políticas y sociales de carácter conservador. Puso como ejemplo el plazo de 14 semanas, que considera podría haberse alargado, dado que en la actual ley no existe ningún límite. Destacó igualmente la necesidad de tener que esperar tres días de reflexión, una vez se comunica a las autoridades sanitarias la voluntad de interrumpir el embarazo por parte de la mujer. Este ejemplo pone nuevamente en duda la madurez de la mujer para adoptar sus decisiones. Con respecto a la polémica de las mujeres de 16 años, considera que es una polémica estéril, artificial. Quienes critican estas medidas son los que quieren meter en la cárcel a los menores de 14 años. Una mujer a los 16 años en España puede casarse, emanciparse, tiene la mayoría de edad penal, laboral y sanitaria. Puede tener relaciones sexuales consentidas a partir de los 13 años, pero para algunos no tiene la capacidad de interrumpir su embarazo, si no es tutelada. Es por tanto un falso debate, que intenta romper la implementación de la ley, proveniente de sectores religiosos, sociales y políticos que no representan a la mayoría de la ciudadanía.

También considera que deja muchas medidas de desarrollo de la ley en manos de las comunidades autónomas lo que no garantiza la implementación igualitaria en todo el Estado español. A pesar de todo considera que se avanza en garantías jurídicas para la mujer.

Mis conclusiones tras el debate son que la ley es muy necesaria para garantizar la autonomía plena de la mujer a adoptar sus propias decisiones en conciencia. Es claro que quienes más impedimentos ponen a la educación sexual o a la educación para la ciudadanía, son los que más intoxican ante las consecuencias de esa ausencia formativa. Quienes cuentan con una formación de calidad en materia sexual, afectiva y reproductiva tienen más recursos para una adecuada planificación reproductiva, generadora de bienestar y desarrollo personal y social. En debates como el de este proyecto de ley se manifiesta el poder social de organizaciones misóginas y del patriarcado, quienes donde “dicen digo dicen diego”, en función de cómo les interese. Queriendo hacer racional lo irracional, intentado hacer natural lo antinatural.