Para dar respuesta al vacío de
cobertura y de protección social, las organizaciones sindicales de clase
Comisiones Obreras y la UGT han registrado en
el Congreso de los Diputados, una ILP para poner en marcha una Renta Mínima Garantizada en todo el Estado, que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía, y especialmente de las personas más afectadas por la crisis económica.
La grave y prolongada crisis económica que venimos sufriendo desde 2008 ha evidenciado la fragilidad de las bases sobre las que está asentado nuestro modelo productivo y nuestro Estado de bienestar, así como la importancia que tienen los instrumentos públicos de protección social para quienes más sufren las consecuencias de la actual situación.
Los resultados visibles de la recesión económica y las políticas de recorte aplicadas hasta ahora muestran una sociedad donde ha crecido la desigualdad y se ponen en cuestión derechos sociales y laborales que ya pensábamos consolidados, pero que la experiencia demuestra que es necesario reivindicar constantemente.
Las primeras señales de recuperación económica son todavía débiles, inciertas y claramente precarias. A pesar de los discursos triunfalistas que algunos quieren acentuar, está por ver que realmente estemos ante la salida de la crisis, y mucho más inciertas todavía son las condiciones de equidad en las que ésta se dará.
Sabemos con certeza, sin embargo, que aún son varios millones las personas que sufren con rigor las consecuencias de la crisis y los recortes. La tasa de cobertura de desempleo se ha reducido desde el comienzo de la crisis, también el número de personas en situación de dependencia que reciben una prestación; el sistema público de salud ha pasado de ser universal a un sistema de asegurados, en el que se han excluido a inmigrantes irregulares y ciudadanos con rentas más altas; las pensiones públicas pierden poder adquisitivo, mientras se financian con cargo a la Seguridad Social reducciones de cotizaciones sociales a cargo de las empresas…
Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece.
La recuperación económica, cuando llegue, tardará tiempo en alcanzar a este importantísimo grupo de personas. Mientras tanto corremos el grave riesgo de que se cronifique un problema de insuficiencia de recursos económicos para vivir con dignidad. Los sistemas de protección social están, entre otras cosas, para evitar que un problema de riesgo de pobreza, que puede haberse originado o incrementado en una coyuntura económica adversa, se convierta en un problema estructural de exclusión social.
Las primeras señales de recuperación económica son todavía débiles, inciertas y claramente precarias. A pesar de los discursos triunfalistas que algunos quieren acentuar, está por ver que realmente estemos ante la salida de la crisis, y mucho más inciertas todavía son las condiciones de equidad en las que ésta se dará.
Sabemos con certeza, sin embargo, que aún son varios millones las personas que sufren con rigor las consecuencias de la crisis y los recortes. La tasa de cobertura de desempleo se ha reducido desde el comienzo de la crisis, también el número de personas en situación de dependencia que reciben una prestación; el sistema público de salud ha pasado de ser universal a un sistema de asegurados, en el que se han excluido a inmigrantes irregulares y ciudadanos con rentas más altas; las pensiones públicas pierden poder adquisitivo, mientras se financian con cargo a la Seguridad Social reducciones de cotizaciones sociales a cargo de las empresas…
Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece.
La recuperación económica, cuando llegue, tardará tiempo en alcanzar a este importantísimo grupo de personas. Mientras tanto corremos el grave riesgo de que se cronifique un problema de insuficiencia de recursos económicos para vivir con dignidad. Los sistemas de protección social están, entre otras cosas, para evitar que un problema de riesgo de pobreza, que puede haberse originado o incrementado en una coyuntura económica adversa, se convierta en un problema estructural de exclusión social.
Para dar respuesta a este vacío de cobertura y de protección social, Las organizaciones sindicales de clase Comisiones Obreras y la Unión general de Trabajadores han registrado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se poner en marcha una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada en todo el Estado, que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía, y especialmente de las personas más afectadas por la crisis económica.
Con esta ILP, Comisiones Obreras y UGT pretenden reforzar el sistema público de protección social. La campaña supone pedir a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras su firma (se necesitan 500.000) para que se tramite en el Congreso.
Los sistemas de protección social son fundamentales para el progreso económico, social y personal. Por ello, adjunto enlace al Cuaderno de Información Sindical de CCOO que de manera abarcable, analiza las lagunas que el sistema de protección social español no ha sido capaz de cubrir y se recoge propuestas concretas para hacerlo, con el objetivo de garantizar una protección social adecuada para todas las personas que lo necesitan.
El estudio, además, aborda un análisis territorial por las Comunidades Autónomas españolas, para ver cómo ha evolucionado el sistema de protección social del país en el último año (2014), así como las repercusiones consecuencias que han tenido las políticas de reforma que se arrastran en esta legislatura de gobierno del Partido Popular (2011-2015), y cuáles son las fortalezas e insuficiencias que actualmente presentan los distintos ámbitos de protección que se ofrecen a la ciudadanía y que ésta demanda.
