Rechazo frontal de CCOO a la ampliación de la edad de jubilación, que tendría una especial repercusión negativa en Extremadura.

A los Españoles se nos atragantó anoche la cena escuchando la noticia en el telediario de que el gobierno propondría hoy la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. Esta mañana en la fábrica, en la oficina, en el café, en todas partes no había otro tema de conversación y de ¡indignación! Pues bien, desde Comisiones Obreras se rechaza la propuesta de del Gobierno de elevar la edad de jubilación ordinaria. Para el sindicato la elevación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida "innecesaria, injustificada, insostenible y desproporcionada", en palabras de Ignacio Fernández Toxo, quien acusó al Ejecutivo de "meter miedo a la sociedad" con esta propuesta y de "arruinar el crédito de un sistema que goza de buenísima salud. Esta medida sería especialmente perjudicial en Extremadura.

Comisiones Obreras rechaza "frontalmente" esta medida, y luchará para que el retraso de la edad de jubilación no se realice. En Radio Nacional esta mañana Toxo ha recordado que atrasar la edad de jubilación resulta innecesario en España, dado que existe un sistema de jubilación flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una "ligera" bonificación en la pensión. "Este sistema ha permitido que en los últimos cinco años la edad real de jubilación se haya elevado desde los 62,5 años a 63,5 años y que un 15% de trabajadores que habrían de jubilarse a los 65 lo están haciendo a los 66, 67, 68 años e incluso alguno más", señaló Toxo. "Una cosa compensa la otra. Eso es lo que habría que incentivar y no enviar un mensaje tan negativo sobre el futuro de la Seguridad Social como el que se desprende de la iniciativa que ha planteado el Gobierno", dijo Toxo.

El Secretario General de CCOO considera que el Ejecutivo quiere "meter miedo a la sociedad" con esta propuesta y de "arruinar el crédito de un sistema que goza de buenísima salud". "Claro que va a haber que seguir haciendo reformas en el sistema, pero ésta, si acaso, es la última medida que necesitaría nuestro sistema. Mi opinión es que es innecesario e injusto plantearse un retraso forzado de la edad de jubilación cuando tenemos otras necesidades.

Habría que actuar fundamentalmente sobre la estructura de ingresos", añadió. Aseguró además que la propuesta de elevar la edad de jubilación junto con el plan de recorte de gasto público puede interpretarse como un "mensaje" del Gobierno dirigido a las agencias de calificación que han puesto en duda la confianza en España, a las autoridades comunitarias y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), a quienes por otra parte consideró "absolutamente descalificados" para opinar sobre España teniendo en cuenta que "no acertaron lo que se venía encima".

Es importante recordar que la prolongación en la edad de jubilación hasta los 67 años sería especialmente perjudicial para Extremadura por el menor nivel de renta de la región y por sus problemas en el mercado de trabajo, una tasa de paro superior al 21 por ciento y a la pervivencia del Régimen Especial Agrario (REASS), con unas pensiones inferiores en más de 100 euros a la media nacional.

CCOO está tan interesada como cualquiera en la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones, pero de manera adecuada y consensuada, lejos de precipitaciones como el unilateral anuncio del Gobierno. Comisiones Obreras ha consensuado todas las mejores surgidas en el Pacto de Toledo. También realizó la primera huelga general en este país por el recorte de las pensiones.

Libertad, calidad democrática y carga fiscal

Nuevamente incoporo a este blog las reflexiones de Vicenç Navarro, en uno de los temas que más me ocupa últimamente, es lo relacionado con la política fiscal de un país. No podemos olvidar que para un sindicalista la fiscalidad es la que posibilita el salario diferido que supone el Estado de Bienestar. Y es que en función del tipo de política fiscal que se realice (su tamaño como porcentaje del PIB y su progresividad) es fiel reflejo de la calidad democrática de sus instituciones. El artículo avala esta tesis con la evidencia empírica presentada por estudios de investigación fiscal creíbles que señalan que a mayor calidad democrática en un país, mayor su carga fiscal y su progresividad. El subdesarrollo social de España, su escasa carga fiscal, y su regresividad impositiva se debe a la limitada democracia existente en el país.

Uno de los argumentos más utilizados en defensa de la disminución de los impuestos por autores liberales es que tal descenso de la carga impositiva da más libertad a la ciudadanía para hacer lo que desee con su dinero. La ciudadanía –según tal argumento- no necesita al Estado, cuyas intervenciones se presentan motivadas por un deseo de control y consecuente pérdida de libertad del individuo. De ahí su énfasis en la privatización de los servicios públicos, incluyendo los servicios del Estado del bienestar tales como la Sanidad, la Educación, las pensiones, los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia, entre otros. El sector privado permite –según el credo liberal- la libertad que el sector público niega. Consecuencia de este entendimiento liberal, se afirma que la carga fiscal limita la libertad, concluyéndose que a menor carga fiscal en un país, mayor es el grado de libertad existente. Tal postura ha sido promovida por los partidos conservadores y liberales así como por economistas liberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión liberales, que son mayoría en nuestro país).

Lo que es sorprendente es que este discurso se reproduce constantemente a pesar de que la evidencia sobre política fiscal comparada muestra precisamente lo contrario. El último trabajo publicado en tal literatura científica es un estudio realizado por André Barilari y Thomas Brand que analiza la relación existente en 130 países entre el nivel de libertad individual existente en un país (definida por la institución de sensibilidad liberal conocida como Freedom House) y su carga impositiva (obtenida de los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional). El Estudio publicado en el último número (nº 108, octubre 2009) de la revista “Revue Française de Finances Publiques”, muestra que a mayor libertad existente en un país, y a mayores facilidades para expresarla a través de las instituciones representativas, mayor es su carga fiscal. Los datos no pueden ser más claros y convincentes.

Los autores de tal Estudio agrupan a los 130 países en tres grupos. El primero incluye aquellos países que tienen una carga fiscal muy baja (entre un 10% y un 12% del PIB). La mayoría de estos países son dictaduras, en los que la libertad es muy reducida, casi inexistente. Varias de estas dictaduras, por cierto, han sido apoyadas por economistas liberales, siendo el caso más conocido el de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía del año 1976, uno de los economistas con mayor influencia sobre el movimiento liberal, que apoyó activamente el golpe militar del General Pinochet y la dictadura que estableció y que bajó los impuestos. El último caso –de esta larga lista de casos- es el apoyo de la Internacional Liberal al reciente golpe militar de Honduras y al sistema escasamente democrático que se estableció, donde las libertades resultaron muy mermadas (y que también bajó los impuestos).

El segundo grupo de países incluye países cuya carga fiscal está entre un 10-12% del PIB y un 25% del PIB. La mayoría son países con limitada democracia, donde las libertades aunque existentes están muy limitadas. Y el tercer grupo son países cuya carga fiscal es superior al 25% del PIB y en los que existe democracia. Pero lo que es interesante señalar es que en este último grupo de países, la carga fiscal está relacionada, en general, con la calidad del sistema democrático, medido por el grado de representatividad de sus instituciones representativas. Según los trabajos dirigidos por Pablo Beramendi y Christopher J. Anderson publicados en el libro Democracy, Inequality and Representation, los países que son más democráticos son aquellos que desarrollan más el principio de representatividad y proporcionalidad en su sistema electoral. Es decir que el voto de cada persona que participa en el proceso electoral tiene igual peso al escoger a sus representantes, los cuales reflejan proporcionalmente el voto recibido. Si el electorado de la opción política A recibe, por ejemplo, el 20% de los votos, sus miembros representan el 20% de la cámara legislativa. Pues bien, estos países son los que tienen mayor carga fiscal, con mayor progresividad y mayor impacto redistributivo en las intervenciones del estado. Los países nórdicos de Europa son un ejemplo de ello. En el otro polo de calidad del sistema democrático están aquellos países que no tienen sistemas proporcionales sino mayoritarios (es decir, que son bipartidistas) y que se basan en sistemas electorales en los que no todos los votantes tienen igual capacidad decisoria. España es un ejemplo de ello, pues, aún cuando el sistema electoral es en teoría proporcional, en la práctica es mayoritario. Existe un sesgo en el sistema electoral que favorece a los territorios conservadores y al bipartidismo. Soria, territorio tradicionalmente conservador necesita sólo 30.000 votos para elegir un miembro de las Cortes. Barcelona y Madrid más de 150.000. Dentro de estos países, el que es más bipartidista es EE.UU., el sistema electoral menos representativo y proporcional, lo cual explica también su enorme abstención (Véase mi artículo en PÚBLICO, La muy limitada democracia en EE.UU., 24.09.09). Pues bien, estos últimos países son los que tienen una carga fiscal menor. España es uno de los países con menor carga fiscal en la UE y EE.UU. es el país con menor carga fiscal entre los países de la OCDE.

De estos hechos, podemos concluir que a mayor libertad para que cada persona pueda hacer valer su poder de decisión en las instituciones representativas, mayor es la calidad democrática de su sistema político, y mayor es su carga fiscal (y menores son las desigualdades sociales en un país). La explicación de este hecho es fácil de entender.

La mayoría de la ciudadanía, y muy en particular, las clases populares, hacen valer el poder democrático que les da el voto, para garantizar a través de sus representantes en el estado, el poder desarrollar los servicios, transferencias e intervenciones que aseguren su propia libertad y protección social. De ahí se deriva que el escaso desarrollo social de España se debe precisamente a su limitada democracia.

El derecho de la mujer a decidir.

Ayer acudí a la mesa redonda organizada por la Fundación CIVES, en el Atenéo de Cáceres, que debatía sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No puede resistirme a participar en el acto por el tema y por la calidad de los participantes de la mesa, a saber:Victorino Mayoral Cortés, que preside la Fundación CIVES y la Liga Española; María José Pulido, que dirige Instituto de la Mujer de Extremadura; Yolanda Besteiro que lidera la Federación de Mujeres Progresistas y Marisa Tena, abogada de la Asociación Malvaluna.

El primero en tomar la palabra brevemente fue Victorino Mayoral, quien destacó la importancia de este proyecto de ley porque despenaliza la interrupción del embarazo y reconoce el derecho a decidir de las mujeres, reconociendo igualmente el principio de autonomía moral de las personas para su libre elección. Incidió en que el sistema educativo tiene que asumir la educación sexual como parte intrínseca de la educación.

Posteriormente intervino Mª José Pulido, quien expresó que esta ley se la merece la ciudadanía española. La ley en vigor deja en el limbo la garantía jurídica de la mujer y le niega el derecho a decidir - son grupos de profesionales quienes toman la decisión en los tres supuestos actuales-. Mª José entiende que esta ley reconoce la autonomía de la mujer para tomar decisiones. Comentó igualmente que a pesar de encontrarnos en Europa, con un entorno favorable a los derechos de la mujer, en España vivimos dentro de un “microclima religioso”, con capacidad de generar falsos debates sobre la maldad de esta ley. La sociedad española mayoritariamente acepta y desea esta ley, porque es madura para llegar al objetivo de una ley de plazos. Para Pulido es importante igualmente la implementación de políticas educativas que permita abordar didácticamente la educación sexual de una manera integral y natural.

Por su parte Yolanda Besteiro consideró que esta ley es una necesidad que pone fin a la intolerancia y a la inseguridad jurídica de la mujer. Entiendo que el aborto es un problema de salud pública, pues más de 50 millones de mujeres abortan en el mundo cada año, de los que 20 millones se hacen en condiciones precarias. 80.000 mil mujeres fallecen anualmente en el mundo por malas praxis en la interrupción del embarazo.

En España tenemos comunidades autónomas donde no se hacen interrupciones del embarazo, como es Navarra y otras muchas donde no se pueden realizar en la sanidad pública, como es el caso de Extremadura. El resultado es que el 97% de las interrupciones se realizan en la sanidad privada y solo el 3% en la pública, esta es una situación insostenible. Por el contrario el proyecto de ley, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida; favorece políticas públicas para la salud sexual y reproductiva con medidas en los ámbitos sanitarios y educativos. Contempla igualmente una adecuada formación para los profesionales en salud sexual reproductiva. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la educación afectiva sexual y reproductiva. Establece una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, que tendrá que evaluarse periódicamente por comunidades. Regula igualmente la objección de conciencia de los profesionales que participan directamente en la intervención.

Para finalizar intervino Marisa Tena, quien consideró que hay que dar un “Sí” critico a la Ley, pues siendo un avance con respecto a la legislación actual, queda corta en muchos temas que el movimiento feminista viene reivindicando desde hace 30 años, cediendo de esta manera ante las presiones políticas y sociales de carácter conservador. Puso como ejemplo el plazo de 14 semanas, que considera podría haberse alargado, dado que en la actual ley no existe ningún límite. Destacó igualmente la necesidad de tener que esperar tres días de reflexión, una vez se comunica a las autoridades sanitarias la voluntad de interrumpir el embarazo por parte de la mujer. Este ejemplo pone nuevamente en duda la madurez de la mujer para adoptar sus decisiones. Con respecto a la polémica de las mujeres de 16 años, considera que es una polémica estéril, artificial. Quienes critican estas medidas son los que quieren meter en la cárcel a los menores de 14 años. Una mujer a los 16 años en España puede casarse, emanciparse, tiene la mayoría de edad penal, laboral y sanitaria. Puede tener relaciones sexuales consentidas a partir de los 13 años, pero para algunos no tiene la capacidad de interrumpir su embarazo, si no es tutelada. Es por tanto un falso debate, que intenta romper la implementación de la ley, proveniente de sectores religiosos, sociales y políticos que no representan a la mayoría de la ciudadanía.

También considera que deja muchas medidas de desarrollo de la ley en manos de las comunidades autónomas lo que no garantiza la implementación igualitaria en todo el Estado español. A pesar de todo considera que se avanza en garantías jurídicas para la mujer.

Mis conclusiones tras el debate son que la ley es muy necesaria para garantizar la autonomía plena de la mujer a adoptar sus propias decisiones en conciencia. Es claro que quienes más impedimentos ponen a la educación sexual o a la educación para la ciudadanía, son los que más intoxican ante las consecuencias de esa ausencia formativa. Quienes cuentan con una formación de calidad en materia sexual, afectiva y reproductiva tienen más recursos para una adecuada planificación reproductiva, generadora de bienestar y desarrollo personal y social. En debates como el de este proyecto de ley se manifiesta el poder social de organizaciones misóginas y del patriarcado, quienes donde “dicen digo dicen diego”, en función de cómo les interese. Queriendo hacer racional lo irracional, intentado hacer natural lo antinatural.

El sindicalismo europeo reclama a la Presidencia española de la UE que de prioridad a la recuperación económica y el empleo

De acuerdo con las centrales sindicales españolas –CCOO y UGT- la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha remitido al presidente del Gobierno de España un amplio Memorándum en el que se analiza la situación económica, social y política de la Unión Europea, en el contexto de la crisis económica mundial, y se formulan las propuestas sindicales para el semestre de la Presidencia española que acaba de iniciarse.

Las cuatro prioridades principales que señala el documento son:

a) Dirigir a Europa en medio de la crisis económica, financiera y social para lograr la recuperación del crecimiento económico y del empleo.

b) La agenda del cambio climático, a pesar del fracaso de la Cumbre de Copenhague, para que la construcción de una economía europea verde y la “transición justa” hacia ella sean pilares del cambio de modelo productivo.

c) Garantizar una transición efectiva entre el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa, desarrollando los valores que en este último caracterizan a la “economía social de mercado”.

d) Hacer que la libertad de circulación de empresas y trabajadores no sea utilizada para erosionar el Derecho Laboral europeo, la negociación colectiva y los derechos sindicales –puerta abierta por recientes sentencias del tribunal de Justicia Europeo-, para lo que se propone la adopción de un Protocolo de Progreso Social, adjunto al Tratado de Lisboa, y la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

En relación la política para superar la crisis, la CES considera que debe reforzarse la dimensión europea de las políticas económicas, y llama la atención sobre lo sumamente erróneo que sería retirar las medidas públicas de estímulo de la demanda antes de que la recuperación sea una realidad sólida, lo que sólo puede calibrarse a partir del momento en que comience a crearse empleo de nuevo.

Para crear más y mejores empleos el sindicalismo europeo propone un Plan de inversiones europeas por un total anual del 1% del PIB durante los próximos tres años, en particular en tecnologías nuevas, ecológicas y sostenibles y en los servicios públicos fundamentales.

La nueva regulación de los mercados financieros deberá ser una prioridad de la Presidencia española. En este capítulo se proponen, entre otras, las siguientes medidas:

- establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras,

- un paquete de acciones para acabar con los paraísos fiscales, evitar la evasión de impuestos y restaurar la justicia fiscal entre capital y trabajo, entre ricos y pobres,

- preparar una Directiva integral sobre fiscalidad del ahorro, e

- impulsar una nueva propuesta por parte de la Comisión Europea para aprobar una Directiva que establezca una base común consolidada para los impuestos a las empresas.

Entre las diversas propuestas sociales y laborales que contiene el Memorándum de la CES, destacamos, además de las ya mencionadas para evitar el dumping salarial y laboral a través de la movilidad transfronteriza, las relativas a subcontratación, salud y seguridad en el trabajo y negociaciones colectivas transnacionales. Se pide que se promueva la instauración de un instrumento europeo que regule la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas y los intermediarios, al menos en lo que se refiere al pago de impuestos, las cotizaciones a la seguridad social y los salarios.

En lo que toca a la salud y la seguridad en el trabajo, que sigue siendo una de las principales preocupaciones sindicales, además de la evaluación del vigente Programa de Acción europeo, se pide a la Presidencia española que impulse dos normas legislativas sobre las que se ha progresado muy poco, las relativas a trastornos musculoesqueléticos y exposición a sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción.

Sobre negociación colectiva transnacional, la CES opina que hay que ir más allá de la iniciativa de la Comisión, sobre la creación de un Grupo de Expertos y la organización de un sistema de vigilancia, y plantearse las cuestiones relativas a su estatuto jurídico y procedimientos para su puesta en marcha.

Otras iniciativas legislativas en las que los sindicatos europeos están interesados son las relativas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar –transformación en directiva del acuerdo de los interlocutores sociales europeos sobre permiso parental, y desbloqueo e impulso a la revisión de la Directiva sobre mujeres embarazadas actualmente en trámite legislativo.

La visión de la CES sobre la política de migraciones es que la UE debería adoptar un enfoque integral que tuviera su correspondiente base legislativa. Considera urgente que se aborde, de una vez, la Directiva que regule los derechos de los inmigrantes de terceros países y que esta regulación se base en el principio de igualdad de trato. Dentro del amplio capítulo del Memorándum dedicado a energía y cambio climático destacan las siguientes propuestas:

- elaboración de un Libro Blanco sobre cambio climático, capacidades laborales y empleo, que sirviera de base para las negociaciones sobre una “transición justa” a una economía verde,

- creación de un Fondo europeo de ajuste del empleo en el camino hacia una economía baja en emisiones de carbono, y,

- promover la adopción de una política energética europea.

El capítulo de iniciativas legislativas se cierra con la exigencia de que el Estatuto para la Sociedad Privada Europea, que regulará el funcionamiento de las PYMES, incluya con claridad el los derechos de participación de los trabajadores. La CES rechaza la propuesta formulada por la Presidencia sueca y apoya la posición aprobada por abrumadora mayoría del Parlamento Europeo el pasado mes de marzo.

Finalmente, sobre relaciones exteriores y comercio el Memorándum defiende la necesidad de que los Derechos Fundamentales del Trabajo, definidos por la OIT, y el trabajo decente formen parte de las negociaciones y los acuerdos comerciales en los que intervenga la UE (Ronda de Doha o acuerdos regionales o subregionales). Además, se opone a las negociaciones comerciales bilaterales. En el caso de las mantenidas entre la UE y Colombia se añade la denuncia por los asesinatos de sindicalistas –más de 50 en 2009- y otras violaciones de los derechos humanos básicos y la impunidad de estos crímenes.

También se solicita la inclusión de asesores laborales y de empleo en las principales representaciones de la UE en el mundo, en la nueva configuración de su Servicio Exterior.

Las secretarías de internacional de UGT y CC OO terminan esta declaración conjunta afirmando que apoyarán todas las iniciativas y actividades programadas por la CES para conseguir el mayor número posible de los objetivos propuestos en el Memorandum Así mismo informan que ambas centrales participarán en los diálogos y negociaciones que se desarrollarán durante la misma, dentro de la delegación de la Confederación Europea de Sindicatos. CC OO y UGT organizarán diversas actividades sindicales en las que participarán representantes de los sindicatos europeos y de otras regiones del mundo. Entre estas actividades previstas destacan la Conferencia sobre “Estrategia Europea 2020 y cambio de modelo productivo”, las cumbres sindicales UE-América Latina y Caribe y de la Unión por el Mediterráneo y la Conferencia sobre cooperación sindical internacional de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Su Reforma Laboral

Hace unos días aparecía en la prensa extremeña este artículo de mi amigo Miguel Coque, sobre la famosa Reforma Laboral, racionalizando el concepto. No es lo mismo "Su" reforma laboral, que "Nuestra" reforma laboral.

¿Por qué en la memoria genética del trabajador siempre que se habla de reforma laboral se despierta una alarma?. La respuesta es clara. Cada vez que nos quieren colar con calzador “su” reforma laboral es para obtener reducción de los costes laborales, forzando salarios a la baja a la vez que exigen mayores prestaciones en el puesto de trabajo.

El objetivo central de “su” reforma laboral se explica con el slogan de “antes de entrar, dejen salir”, que expresa gráficamente su interés mercantilista en hacer una operación de sustitución de trabajadores con derechos por aquellos que entrarían en el mercado con contratos de corto recorrido, aprovechando un abultado ejército de reserva en mano de obra dispuesto a firmar contratos sobre una barra de hielo. “Su” reforma laboral no pretende crear empleo, porque éste no se genera por decreto, ni resolver la dualidad actual del mercado de trabajo entre fijos y temporales; tan solo remplazar a los primeros por un contrato con preaviso de despido de una semana, indemnizaciones de 20 días como máximo y lo que es peor sin ningún tipo de tutela judicial. ¿Mantendrían determinados empresarios ventajistas muchos de los actuales contratos estables, pudiendo optar por un chollo universal de contratación dominante?.Trasladar la creencia de que la creación de empleo está unida a la institucionalización de “su” reforma laboral es jugar a los trileros.

Otro patrón de crecimiento más sostenible requiere, de forma interactiva, de definir previamente el modelo productivo al que aspiramos, de prácticas sociales como la concreción certera de las relaciones laborales que se están poniendo en entredicho, la resolución en las empresas de las desigualdades laborales por razón de género, edad u origen, y una renovación de calado en las prácticas sociales y de responsabilidad empresarial, porque de la intersección de todas ellas dependerá la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las mismas.

El intencionado bloqueo de la negociación colectiva durante el 2009, la falta de cumplimiento de lo pactado por parte de patronales beligerantes no es inocente, porque en paralelo se pretende generar una desnaturalización de la misma donde la capacidad de interlocución de las organizaciones sindicales se vea cuestionada, favoreciendo la individualización de las relaciones entre empleador y empleado. Para ellos, sería, cerrar su círculo virtuoso, aunque pernicioso socialmente, porque una vez doblado el brazo de la negociación colectiva, se desequilibrarían las fuerzas en las relaciones laborales entre quien oferta empleo y quien lo demanda, con la consiguiente precarización de las condiciones laborales.

En la resolución del conflicto capital y trabajo hay que optar entre el incremento de la productividad a través del empleo de calidad, creando valor añadido que facilite la competitividad de nuestras empresas o tirar por el camino recurrente de degradar el empleo para obtener esas ventajas competitivas antisociales y por lo tanto profundizar en un modelo productivo que ya ha demostrado su fracaso.

Sí, definitivamente sí es necesaria una Reforma Laboral. Desde luego no la “suya”. Una reforma, que como primer paso, garantice una actuación integral en el mercado de trabajo a través de políticas activas y pasivas que fundamente la cohesión social. Una reforma que no hurte al factor trabajo la consolidación de una negociación colectiva, dinámica y extensiva a toda la red productiva, que asegure medidas inclusivas que deslegitimen las desigualdades sociales extra laborales, que consensue los tiempos productivos, las formulas de organización y toma de decisiones concertadas para una adaptación a las necesidades del tejido productivo, introduciendo una “quinta marcha” de inversión en conocimiento que acreciente la actual escasa competitividad empresarial.

Para CCOO, esta es la senda a transitar a un nuevo patrón de crecimiento. Lo demás es seguir abundando en la traslación obsesiva y peligrosa de formular medidas para pasar rentas del trabajo a rentas del capital. Al empresariado no le interesa en absoluto resolver la dualización del empleo porque ellos mismos, con su visión cortoplacista, la han generado, o ¿ya han olvidado la reforma laboral de 1994 donde proclamaban que la contratación temporal descausalizada iba a poblar nuestro país de pleno empleo?.

No pretendan engañarnos, la dualización solo les preocupa en la medida que hay, aun, una parte importante de la población trabajadora que sigue teniendo derechos y esto es percibido, desde el discurso neoliberal insaciable, como un nicho donde el recorte de estos es visto, miopemente, como una oportunidad para aumentar plusvalía y rebajar costes. Al sistema de empleo dual y volátil solo se le puede combatir con empleo de calidad e inclusivo.

“Su” reforma laboral solo es un fraudulento billete de avión con llegada a ninguna parte. O sí, hacia una jungla asocial en la que quien genera la crisis se cree con legitimidad para imponer las soluciones a los que la sufrimos.

Un 2009 para olvidar y el 2010 para trabajar por la recuperación económica.

Para cualquier persona con sentido común y más para las organizaciones políticas, sociales y económica el empleo es prioridad. El Secretario General de CCOO de Extremadura expuso el balance del sindicato sobre el pasado año y las perspectivas del sindicato para los doce meses que ahora se inician señalando que el sindicato tiene claro que lo primero en estos momentos de crisis es el trabajo y que para lograr frenar la destrucción de empleo no faltaran esfuerzos.

En la negociación colectiva se está dispuesto a poner en la misma mesa beneficios empresariales y salario, si ello se traduce en el mantenimiento y en la creación de empleo.

En el sector financiero se va a exigir que fluya el crédito a las empresas y hacia la actividad económica.

El Gobierno tiene que ser más activo en políticas favorecedoras del empleo y la cohesión social. Para la oposición se reclama propuestas positivas.

Comisiones Obreras en Extremadura aboga por un acuerdo con la patronal para facilitar la formación y el reciclaje profesional en las empresas.

Se Valora positivamente el Plan de Empleo de Extremadura, por haber sido un instrumento clave para el empleo en la región, siendo necesario reforzarlo en cuanto a la generación de empleo de jóvenes y mujeres y la creación de un fondo de empleo de emergencia para situaciones de destrucción de empleo en zonas y sectores concretos.

Es necesario seguir implementando acciones para evitar el fraude y la economía sumergida.

Se destaca que la acción de Comisiones Obreras ha hecho posible un trabajo continuado en el diálogo social y en la concertación social, como pone de manifiesto el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, un pacto que puede ser clave en el desarrollo de la región. El pacto está alcanzado en el ámbito social y económico. Queda la responsabilidad en el ámbito político. De fracasar en este ámbito, la responsabilidad será exclusiva de los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura.

CCOO estará vigilante ante las estrategias relacionadas con las políticas europeas y considerando muy importante que avance hacia la reforma de la Política Agraria Común. La nueva PAC del 2013 debe estar enfocada al empleo y a los trabajadores. Mirando a los 65.000 trabajadores por cuenta ajena que tiene Extremadura.

El 2009 ha sido el año de la crisis y del desempleo, por ello las familias, los trabajadores, las empresas y la administración son más pobres y existe más riesgo de exclusión social, al agudizarse las injusticias.

El asunto de las Cajas Extremeñas

Para CCOO, las cajas de ahorro de la región no pueden esperar más del primer trimestre para pronunciarse sobre la fusión de ambas entidades y dar una respuesta a las necesidades de la sociedad y del tejido productivo extremeño. En este sentido es necesario que haya un pronunciamiento ambas cajas en la dirección que lógicamente la Asamblea de Extremadura exigió, dijo Carretero en alusión al documento que los grupos parlamentarios PSOE y PP aprobaron en su día en la cámara regional "favorable a la fusión de las dos cajas de ahorro de la región.

Uno de los problemas que puede añadirse en 2010 es un mayor estrangulamiento del crédito en el país ya sea por el incremento de la morosidad o porque cumplen muchísimos de los créditos que las propias entidades financieras tienen que pagar a los mercados internacionales.