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Concentración el 20 de Mayo de 2014 en el centro Penitenciario de Cáceres: Por el Servicio Público, eliminación de la tasa de reposición y contra la privatización |
Vigilantes de seguridad privada sustituirán a Guardias Civiles en Cáceres y Policía Nacional en Badajoz, en sus respectivos centros penitenciarios.
Asumirán la vigilancia exterior, el control de la sala de monitores y los accesos a los recintos, una labor exclusiva de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
CCOO ya se manifestó radicalmente en contra de este proceso de privatización hace un año, pero el Ministerio del Interior ha continuado con su política neoliberal de privatizar todo, pasando de la fase experimental inicial (en 21 centros penitenciarios, donde vigilantes privados de determinadas empresas ligadas a altos cargos del Partido Popular, asumieron las competencias de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). Así, a lo largo del mes de julio de 2014 el Gobierno central pone en marcha la segunda fase del plan, extendiéndose al resto de los Centros Penitenciarios del Estado, entre las que se encuentran las extremeñas.
Es evidente que las ansias neoliberales del PP abren las puertas, de par en par, para continuar con la sustitución del resto de funcionarios y funcionarias de carrera de los centros penitenciarios, adoptando un modelo AMERICANISTA de gestión de los servicios públicos, encareciendo los costes y debilitando la calidad del servicio (COMO TAMBIÉN ESTÁN HACIENDO EN EL SEPE, antiguo INEM).
La previsión es que se eliminen en esta fase unos 1000 puestos, que actualmente son ocupados por Guardias Civiles y Policías Nacionales, para ser sustituidos por 600 vigilantes que se sumarán a los 210 que están trabajando en los 21 centros donde se inició el proceso de privatización.
Con esta medida, el Ministerio del Interior incumpliría el Reglamento Penitenciario, que señala que “la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y el Estatuto Básico del Empleado Público que señala: “al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas".
El Ministerio del Interior miente cuando asegura que las plazas de Guardias Civiles, Policías Nacionales no se amortizarán. MIENTEN pues desde el inicio de esta legislatura, las tablas de reposición de efectivos no se sustituyen, lo que implica que el empleo público esta siendo sustituido por empleo privado, cuyas condiciones de trabajo se precarizan, con mayor coste económico para la administración, para incluir los beneficios empresariales de los amigos del Gobierno del Partido Popular.
