jueves, septiembre 19, 2013

La reforma de las pensiones RE-CORTA la capacidad económica de los pensionistas presentes y futuros.

"Si hay algo que no tocaré, serán las pensiones, sería algo inhumano", así se manifestaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al calor del debate sobre la actualización de las pensiones en el Parlamento en diciembre de 2012.

Por mucho que el Gobierno trate de "disimular" el impacto que va a tener su reforma del sistema de pensiones con peregrinos argumentos como el de que los datos para la determinación del cálculo de la pensión "dependerán de decisiones anuales del Gobierno", lo cierto es que, de aprobarse tal cual, y sin otras medidas adicionales de mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, el recorte anunciado va a suponer una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14 % y un 28 % durante los próximos 15 años.

O, dicho de otro modo, un pensionista dejará de ingresar una media de 400 euros al año entre 2014 y 2022 por efecto de aplicar el nuevo sistema de revalorización anual y de sostenibilidad cuyo resultado va a provocar que las prestaciones suban menos de lo que lo harían si se mantuvieran las reglas actuales.

Un ahorro para la Seguridad Social de 33 mil millones de euros en la próxima década “gracias” a la reforma que prepara la ministra de Empleo según el informe que ha sido remitido al Consejo Económico y Social. Es decir, un "atraco" de 33 mil millones de euros para los actuales pensionistas pero, sobre todo, para los que comiencen a jubilarse en la próxima década.

Y es que el nuevo método para determinar la pensión introduce un cambio importante en la forma de calcularla: la sustitución del índice de inflación (IPC) como referencia, por un nuevo factor de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema a lo largo de una década. En román paladino: si hay superávit se puede "rascar" algo, si hay déficit la cosa se pone "fea" pero, en todo caso, ya lo verá el Gobierno. A ver si hay suerte, y que dios le conserve la vista.

Comisiones Obreras ha manifestado que la propuesta del gobierno de reforma del sistema, centra exclusivamente su atención en el ajuste del gasto mientras olvida clamorosamente cualquier medida de mejora de ingresos necesaria para hacer el propio sistema sostenible. En una palabra, es un puro ajuste/recorte económico que, en el fondo, lo que persigue es reducir el espacio de las pensiones públicas para dar entrada al negocio de los planes de pensiones privados.

La mutilación del sistema de pensiones no parece ser la vía más adecuada para mejorarlo. La actual coyuntura de crisis, agravada por las políticas de ajuste que se vienen desarrollando en los últimos años, requiere tomar medidas para reducir el desequilibrio actual entre ingresos y gastos y contribuir, junto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a superar una situación que, de no remediarse, aboca a un progresivo empobrecimiento de quienes disponen de menos medios para defenderse.

El sistema de pensiones públicos es de todos y toas, por ello es esencial que los mecanismos la utilización inmediata del llamado diálogo social (donde participan los agentes sociales y económicos) y la convocatoria del Pacto de Toledo (donde participan los grupos políticos del Parlamento español) para, además de expresar su posiciones y plantear medidas alternativas para actuar sobre el sistema a corto, medio y largo plazo con la intención de equipararnos a los países de nuestro entorno en relación al porcentaje del PIB que se destina a sostener nuestro sistema de pensiones, pasando del actual 10,2% al entorno del 13,5% en el que ya se sitúan algunos países.

¿Cómo hacerlo? desde mi sindicato proponemos medidas de aplicación inmediata, progresiva y de carácter estructural orientadas a incrementos temporales de los tipos de cotización mediante un esfuerzo compartido entre empresas, trabajadores con empleo y el propio Estado, políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleos perdidos durante la crisis, persecución del fraude en la economía sumergida y una reforma fiscal capaz de actuar sobre los sistemas de protección social y de los servicios públicos.