lunes, abril 29, 2013

Manifiesto 1 de mayo 2013.

Las políticas de la Unión Europea, inspiradas por la canciller Merkel, que con probada obediencia aplica en España el Gobierno de Mariano Rajoy, se han saldado con un estrepitoso fracaso: más paro, más desregulación laboral, más privatizaciones, y más crisis social y política. La inmensa mayoría de la sociedad paga las consecuencias.



Este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un contexto caracterizado por la convicción ciudadana sobre el incuestionable fracaso de las políticas económicas desarrolladas por la Unión Europea y por los gobiernos nacionales para hacer frente a la crisis económica, en un escenario de debilitamiento progresivo del clima de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, económicas y sociales, en España y en Europa y de ruptura con el modelo social europeo.
Las respuestas a la crisis que parten de las instituciones financieras internacionales, y se proyectan desde la Unión Europea y desde las instancias nacionales, no tienen otra finalidad que la de dar satisfacción a los intereses de los mercados a costa de la perpetuación de la crisis económica, del incremento de la desigualdad, de la apropiación de la renta y de los recursos por unos pocos, de la desatención de las necesidades sociales básicas de millones de personas con el consiguiente incremento de la pobreza y de la exclusión social, y de poner en entredicho la legitimidad y confianza en la democracia.
Europa pierde sus señas de identidad, en un contexto mundial de aplazamientos e incumplimientos de los objetivos de lucha contra la pobreza, el hambre en el mundo, y el desarrollo justo de las comunidades, particularmente en África y en otros países y regiones del mundo asoladas por la negación de los derechos ciudadanos, sociales, económicos y culturales básicos, y en medio de conflictos y disputas bélicas que permanecen año tras año y que son prueba evidente del olvido y desinterés de los países del primer mundo por impulsar la distribución equitativa de los bienes y recursos.
En el Día Internacional del Trabajo, UGT y CCOO, hacemos un llamamiento a favor del trabajo y del crecimiento económico sustentado en la cohesión y la igualdad, de acuerdo con el movimiento sindical internacional liderado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y con el movimiento sindical europeo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), demandamos la superación de los conflictos a nivel mundial y un desarrollo mundial justo y sostenible.
En el Día del Trabajo exigimos una Europa más democráticay social
La CES viene desarrollando en el conjunto de la Unión Europea movilizaciones contra las equivocadas políticas desarrolladas por la troika (BCE, Comisión y FMI) que están agravando la crisis económica y el estancamiento de la actividad económica, cuando no la recesión en distintas economías, y el sufrimiento de la población en muchos países, especialmente del sur de Europa, que están soportando una profunda degradación económica y social con efectos muy graves sobre la confianza ciudadana en las instituciones de esos países. Ejemplo de esas movilizaciones han sido la Jornada de Acción y Solidaridad Europea de 14 de noviembre de 2012, y las recientemente desarrolladas en marzo de 2013.
Lamentablemente, las actuales crisis políticas en Italia, en Chipre y en Portugal, ponen de manifiesto con crudeza las consecuencias derivadas de unas políticas de ajuste del déficit público diseñadas en un horizonte temporal imposible de cumplir, y sin medidas simultáneas de impulso de la actividad económica. Ello pone en evidencia la incompetencia de las instituciones europeas, el fracaso de las políticas de corte neoliberal y la inutilidad e injusticia de las decisiones que condenan a las sociedades a la pobreza, al desempleo y a la pérdida de confianza en su futuro, que son el caldo de cultivo de políticas populistas y antidemocráticas.
En este sentido, CCOO y UGT demandamos, en confluencia con la CES, el establecimiento de un Tratado sobre la Europa Social, que incorpore un Protocolo de Progreso Social, incluya un Marco Europeo de Negociación Colectiva y de Relaciones Laborales, apueste por un cambio del modelo productivo basado en una “transición justa”; sustentado en la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, y la eliminación de todas las formas de discriminación en razón de género, edad, origen, o convicciones políticas o religiosas; conformado por objetivos racionales en materia de empleo, reducción de la tasa de pobreza, derecho al alojamiento y reducción del analfabetismo funcional, la solidaridad y ayuda al desarrollo.
Asimismo, el sindicalismo europeo defiende que el BCE respalde la deuda pública de los países, la modificación de las políticas de austeridad por otras que promuevan el crecimiento económico sostenible y el empleo, el saneamiento del sistema financiero sin castigar a los contribuyentes de los Estados, la ampliación del mandato del BCE a la estabilidad financiera, la creación de una Unión Bancaria y una Unión Presupuestaria Europea, la dotación suficiente y con recursos propios de un Tesoro europeo, la modificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, el reforzamiento del protagonismo del Parlamento Europeo, la exclusión en el cómputo del déficit de las inversiones públicas de futuro, la mutualización de las deudas públicas a través de los eurobonos, la construcción de una gobernanza económica cooperativa, y el planteamiento de proyectos generales de desarrollo en el seno de la Unión Económica.
El fracaso absoluto de las medidas de recorte del gasto público y de las reformas laborales impuestas por el Gobierno del Partido Popular
Los datos de la Contabilidad Nacional ponen de manifiesto la caída del PIB en 2012 en un 1,4%, y el empeoramiento de los componentes fundamentales: consumo, inversión y exportaciones, y atestigua la acentuación de la devaluación salarial, con caídas de las rentas de los trabajadores y trabajadoras mientras se incrementan los excedentes empresariales y los impuestos. Asimismo, los datos de la EPA ponen de relieve el ritmo intenso de caída del empleo, rozando los 6 millones de personas desempleadas y una tasa de paro que supera el 26%, siendo su incidencia más grave en la población más joven. La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo baja al 63,25%. Las cifras sobre el número de hogares en la que ninguno de sus miembros no tienen empleo y la envergadura del desempleo de gran duración, y el incremento de la desigualdad en todos los ámbitos son otros aspectos muy preocupantes.
La salida obligada de España de muchos profesionales y personas con distintos niveles de formación y cualificación para buscar el empleo y desarrollo profesional que no encuentran aquí compromete el futuro cambio de modelo productivo que la sociedad demanda y necesita.
Estos datos son la prueba del fracaso de las políticas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y que están teniendo continuación en 2013, y obligan a considerar que, de no modificarse, estaremos condenados a tener una mayor recesión económica, más paro y más desigualdad.
La reacción sindical ha sido la de desarrollar un amplio proceso de movilizaciones en confluencia con la Cumbre Social, de la que forman parte. Se han convocado huelgas generales el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012, que han tenido un gran respaldo laboral y social; manifestaciones muy numerosas y sostenidas, producto de los muchos frentes de contestación sectorial y social que están provocando las políticas de recortes generalizados, y múltiples acciones presentadas ante el Defensor del Pueblo, el Parlamento, la Organización Internacional del Trabajo, y los tribunales de Justicia.
UGT y CCOO, en este día de conmemoración del 1 de Mayo, exigimos la reversión de las reformas laborales impuestas, que significan una reducción drástica de los derechos laborales y de la protección social, y el incremento de los poderes empresariales, para hacer y deshacer a su antojo en la empresa, provocando más y más despidos. Por tanto, reclamamos la reversión de las reformas operadas por la Ley 3/2012 en el Estatuto de los Trabajadores, y de las realizadas por el Real Decreto-ley 20/2012, sobre limitación del derecho de negociación colectiva y sobre supresión de derechos y condiciones de trabajo en el sector público, y los recortes en materia de protección por desempleo, que experimentó un retroceso importante con este RD-ley de 2012 y nuevamente con el RD-ley 5/2013 aprobado este año.
La situación actual de la Negociación Colectiva es de “alerta roja” provocada por la inacción empresarial
Las reformas laborales impuestas por el Gobierno del Partido Popular en materia de negociación colectiva dieron al traste con algunos de los importantes contenidos incorporados al II Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva para el período 2012 14, dificultando su aplicación práctica, cuando no impidiendo su desarrollo. Sin embargo, los datos sobre registro de convenios colectivos en 2012 dan la alarma sobre la caída en picado del número de los registrados en comparación con 2010, el último año cuyos datos se han cerrado. Pues bien, si en ese año la negociación colectiva cubrió a 10,8 millones de trabajadores y trabajadoras, en 2012, solo ha alcanzado a poco más de 6,7 millones, por lo que quedan sin actualizar su convenio más de 4 millones.
Las organizaciones empresariales en distintos ámbitos sectoriales y territoriales vienen obstruyendo sistemáticamente los procesos negociadores con la finalidad de rebajar las condiciones de trabajo a lo mínimo, o de alargar los procesos lo suficiente como para que se alcancen los plazos máximos de negociación para la renovación del convenio y de mantenimiento de la ultraactividad impuestos en la reforma laboral y con ello intentar, tras el desacuerdo, imponer discrecionalmente las condiciones de trabajo. Esta situación está provocando que desde el pasado año hayan aumentado exponencialmente el número de conflictos y tensiones laborales en las empresas.
De otra parte, las empresas vienen violentando los acuerdos recogidos en el II AENC en materia de mantenimiento y calidad del empleo, reparto de los sacrificios provocados por la crisis entre las distintas fuentes de renta, y de aplicación de las importantes medidas de flexibilidad interna negociada frente a las de flexibilidad externa. El incremento de los procedimientos de despido colectivo, de las medidas impuestas de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de movilidad, y la proliferación descomunal de las inaplicaciones de los convenios colectivos a iniciativa de las empresas, son pruebas palmarias de que se están utilizando los resortes que la reforma laboral ha otorgado a las empresas, más que aplicar las medidas de carácter negociado que faculta el referido Acuerdo.
CCOO y UGT denuncian este 1 de Mayo este proceder de las organizaciones empresariales y les requieren a que den cumplimiento efectivo a las orientaciones y recomendaciones recogidas en el II AENC, y anuncian el desarrollo de nuevas acciones de movilización en los ámbitos sectoriales y territoriales en los que las patronales vienen bloqueando la negociación de los convenios para proteger a los trabajadores y trabajadoras ante la pretendida perdida de ultraactividad de los convenios. Asimismo, ambas organizaciones analizarán la respuesta que a estas demandas hagan las organizaciones empresariales en orden a la revisión de los compromisos asumidos con la firma del citado Acuerdo.
El Gobierno incumple el Pacto de Toledo e inaplica los acuerdos alcanzados en materia de pensiones
El Acuerdo Social y Económico alcanzado en 2011, adoptado por el Gobierno y los interlocutores sociales y económicos, incluyó un acuerdo en materia de pensiones, que fue tramitado en el Parlamento dando lugar a la reforma pactada en la materia recogida en la Ley 27/2011 de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, cuyas previsiones entrarían en vigor el día 1 de enero de 2013. En congruencia con ello,señalamos nuestra disconformidad con los planteamientos de suspender la vigencia de determinadas prescripciones de aquella ley que produjo la aprobación del RD-ley 29/2012, y con la reforma operada por el RD-ley 5/2013 en las que endurece las condiciones de acceso a las jubilaciones parciales y anticipadas.
En el Día Internacional del Trabajo las organizaciones sindicales mostramos un total rechazo a las reformas unilaterales impuestas fuera del marco de revisión del Pacto de Toledo, que afectan alas jubilaciones parciales, a las jubilaciones anticipadas y que endurecen el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 55 años, conduciendo a muchos trabajadores a la pobreza y la exclusión social, y combatiremos estas reformas hasta la recuperación
de los requisitos y condiciones pactados en 2011.
Las organizaciones UGT y CCOO demandan un gran acuerdo político y social para el empleo y la reactivación de la actividad económica, que promueva el cambio de modelo productivo y el mantenimiento y profundización en los servicios y prestaciones del Estado de Bienestar.
Alentado por la troika, el Gobierno viene aplicando desde los inicios de la legislatura un aluvión de recortes para la reducción drástica del déficit público en un horizonte temporal imposible de cumplir sino es a costa del empobrecimiento general del país y de la parálisis económica.
Se han aplicado recortes presupuestarios y en materia de derechos laborales y sociales sin parangón en la historia de la democracia; llevado a cabo recortes en inversiones en infraestructuras y en I+D+i; recortes en prestaciones sociales básicas, como las que debieran atender a los estados de necesidad en caso de desempleo, o para la atención a las personas dependientes; recortes en los servicios públicos esenciales, principalmente, en la sanidad y la educación; subidas impositivas que no toman en consideración la distinta capacidad económica de los contribuyentes; recortes salariales de las empleadas y empleados públicos y recortes de las pensiones; ruptura del marco legal laboral y de la negociación colectiva; estratosféricas transferencias de recursos públicos al sistema financiero,... Es la historia trágica de la acción gubernamental que hay que denunciar.
En el Día Internacional del Trabajo, las organizaciones sindicales promovemos el cambio de modelo productivo, potenciando las actividades de mayor valor añadido. Apostamos por el desarrollo de políticas de estímulo al crecimiento y a la inversión, coordinando las actuaciones con la UE. Propugnamos una reforma fiscal integral para el reparto más justo de los sacrificios impuestos por la crisis, y para la inyección de recursos para el Erario Público. Demandamos una reforma financiera que restituya el crédito a las familias y a empresas en condiciones aceptables.
CCOO y UGT hacemos una proclamación sobre la necesidad de impulsar un gran acuerdo, que integre a las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales, y que tenga como únicas prioridades el empleo y la reactivación económica basada ésta en la igualdad y la cohesión social, para lo que resulta necesario fortalecer las prestaciones sociales básicas y establecer un suelo de gasto de protección social para garantizar los derechos y los servicios públicos fundamentales.
El 1 de Mayo el movimiento sindical reclama una profundización de la democracia y hace un llamamiento a rechazar las pretensiones involucionistas del poder público.
A caballo de la crisis económica,  la sociedad asiste alarmada a la proliferación de maniobras tendentes a hacer inviable el control del poder público, limitando la capacidad de las instituciones, y de los individuos o de las organizaciones de las que forman parte o se organizan.
El debilitamiento del poder legislativo para otorgar todo el protagonismo de la acción pública al ejecutivo, que utiliza sin cortapisa alguna el vehículo del decreto ley como forma normal de regulación de la vida de los ciudadanos, haciendo que todo parezca extraordinario y de urgente necesidad, con el beneplácito o complacencia de los organismos que deberían controlar la acción de gobierno. El desprecio al diálogo y participación de las organi
zaciones sociales en las decisiones que les afectan, particularmente, de los sindicatos. Las cortapisas al ejercicio de las libertades básicas de reunión, manifestación, huelga, y expresión, a través de la acción policial o mediante las promovidas por el Ministerio de Justicia para limitar el acceso a la tutela judicial, o mediante la modificación de la normativa penal que permita reducir las acciones de protesta contra el poder público. El desprecio a los compromisos de los programas electorales y compromisos asumidos en el proceso electoral por parte de la opción ganadora, que se transmutan tan pronto se alcanza el poder, para desarrollar políticas contrarias a las prometidas, poniendo toda suerte de obstáculos a la viabilidad de las propuestas ciudadanas de iniciativa legislativa popular o de referéndum consultivo. La revisión por la puerta de atrás de la Constitución, elevando a categoría básica fundamental, el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sometiendo a esta categoría el resto de mandatos constitucionales, incluso de los recogidos en su título preliminar, o en su título primero. O la modificación paulatina del Estado de las Autonomías, al margen de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, para la vuelta a la centralización del Estado.
El movimiento sindical saluda el rechazo de las fuerzas políticas parlamentarias que impidieron la aplicación en Chipre de decisiones absurdas de la troika, o las que han colocado en su sitio al Gobierno portugués que no dudó en conculcar su Constitución con tal de dar cobertura a las disposiciones de la Unión Europea para el ajuste desmedido del déficit público. Estos ejemplos permiten congraciarse al electorado con la democracia y deberían servir de señal a la arbitrariedad de las instituciones comunitarias para que respeten los derechos de los pueblos y de los ciudadanos, debiendo empezar, por dar cumplimiento a las obligaciones en materia social de los tratados de la UE.
El Día Internacional del Trabajo, CCOO y UGT hacen un llamamiento a la defensa de la democracia, y a su profundización, y a la exigencia de transparencia en el desarrollo de los poderes públicos, y ratifican su apoyo a la Cumbre Social, y a las reivindicaciones ciudadanas que tienen cabida en este foro.