Es inaceptable la nueva
reforma de jubilaciones anticipadas y el recorte en el subsidio de
desempleo que incrementa la desprotección social de los trabajadores de
más edad
El nuevo recorte del Gobierno burla el diálogo social y el Pacto de Toledo, por ello CCOO y UGT denuncian que el
Gobierno, en lugar de hacer valer las fortalezas de nuestro sistema de
pensiones ante la UE, vuelve a utilizar como excusa la situación
coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social (consecuencia
sobre todo de la política económica que se está aplicando), para imponer
un nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo.
El Gobierno en lugar de hacer valer las fortalezas de nuestro sistema de pensiones ante la UE, cede una vez más y apartándose claramente de los modos y procedimientos del Pacto de Toledo, endurece los requisitos de acceso a las distintas formas de jubilación anticipada y parcial.
Supone una grave vulneración del mecanismo consensuado de reformas establecido en el Pacto de Toledo, y utiliza la excusa de la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social, agravada por la política de austeridad y la destrucción de empleo facilitada por las reformas laborales aprobadas en los últimos años, para imponer reformas estructurales.
La reforma impuesta se basa en gran medida en la idea de que esta reforma es necesaria para reducir costes al sistema, ignorando que las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada no son más costosas para el sistema de Seguridad Social, sino al contrario. El Gobierno actúa reduciendo el gasto en pensiones a corto plazo, aún a costa de aumentarlo en el futuro, cuando será más necesario.
La reforma del PP supone un endurecimiento innecesario de todos estos requisitos, en un
momento en que la crisis y las reformas normativas aprobadas han facilitado el despido y
disminuido las redes de protección social.
La presión sostenida desde muchos frentes en los últimos meses, con mayor intensidad desde que en noviembre pasado el Gobierno anunció su propósito de realizar esta reforma con una intensidad mucho mayor, retrasando dos años todas las formas de acceso a la jubilación parcial, acabando con la figura de la jubilación parcial, entre otras cuestiones, ha dado como resultado que el Gobierno ha suavizado parcialmente el alcance de la misma y ha mantenido aspectos esenciales de las vías de acceso a la jubilación anticipada, especialmente en el caso de la derivada de la pérdida involuntaria del empleo, la que es sin duda socialmente más necesaria.
Debemos ver ese movimiento como un resultado del proceso de movilizaciones y presión
sostenida al respecto, pero lamentablemente no ha conseguido un éxito completo, el que se
hubiera derivado de la aceptación de la reforma acordada el pasado 2011 y su entrada en vigor completa.
Si a lo anterior sumamos las modificaciones que generan mayor desprotección del subsidio de
mayores de 55 años, nuestro rechazo es, si cabe, más intenso. Debemos recordar que este
subsidio es el principal recurso de protección social que tienen los trabajadores que han sido
despedidos al final de su vida laboral y que supone en la mayoría de los casos su única fuente de ingresos y cotización hasta la fecha de la jubilación. En el verano pasado ya sufrió un importante recorte pasando de exigirse 52 años de edad a los actuales 55 años, también se redujo la base de cotización del trabajador hasta la base mínima, y se limitó la duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación, cuando antes podía utilizarse hasta la fecha de jubilación ordinaria.
En la reforma publicada hoy, además, se modifica el criterio de ingresos a tener en cuenta para acceder al subsidio pasando de utilizarse exclusivamente los ingresos del trabajador a utilizar ahora los de su unidad familiar, lo que supone un castigo adicional para las familias solidarias que acogen a estos desempleados.
