Ante el nuevo escenario planteado por el partido de derechas que gobierna en la comunidad Catalana, con el apoyo más o menos explícito del Partido Popular, lo primero que me viene a la cabeza, como persona con una sola bandera (la roja para que no haya dudas, auque tengo que reconocer que me flipa la de Plasencia) es aquello de "si eramos pocos pario la abuela", pero ojo esto tiene más carga de profundidad que merece la pena reflexionar. Y es necesario hacerlo con múltiples perspectivas, la histórica, la antropológica, sociológica, jurídica, etc, también con una mirada de clase, ¡sí de clase!, en este sentido traigo a este foro este artículo de Julián Carretero Castro. Secretario general de CCOO de Extremadura, pues como bien indica Julián, ...La gravedad de las medidas antisociales aplicadas por los gobiernos del Estado -también el de Cataluña y de las demás CCAA-, no puede quedar oculta por los intentos de instrumentalizar el debate sobre el modelo de Estado.
La crisis y sus graves consecuencias en el terreno social y económico están sirviendo de catalizador para reavivar con fuerza el viejo y latente debate identitario sobre el planteamiento territorial del modelo de estado en nuestro país. Nacionalismo, soberanía, independencia, federalismo, financiación autonómica, corresponsabilidad fiscal… son conceptos muy presentes en reuniones políticas y cabeceras de los distintos medios de comunicación.
La configuración territorial y el modelo de estado no son temas menores. No en vano, la mayoría de los conflictos acontecidos en nuestro país a lo largo de los últimos doscientos años han incluido a éstos entre sus diversos ingredientes.
En España, como estado plurinacional que ha convivido históricamente con tensiones internas, al calor de la crisis se están expandiendo diversos polos contradictorios en este sentido. Uno de carácter recentralizador, que intenta desplazar toda la responsabilidad sobre la situación actual hacia las comunidades autónomas. Otro, de signo totalmente contrario, presenta al sistema de financiación autonómico y a los mecanismos de cohesión e interterritorial como responsables de la incidencia de la crisis en sus respectivos territorios.
Esta dinámica no es ajena al uso interesado del debate sobre la configuración del Estado por parte de sectores políticos que, de una parte, han visto en la actual coyuntura la oportunidad de desvincularse del pacto constitucional y, de otra, encuentran en el modelo de Estado la excusa para difuminar su propia actuación antes y durante la crisis.
Tampoco es ajena la pérdida de hegemonía de los valores de la izquierda transformadora y la debilidad de los proyectos políticos, con capacidad para vertebrar el Estado, que deberían representarla.
En estas condiciones se abre una nueva situación que se puede caracterizar porque el debate identitario desplace al debate sobre el modelo social. Hay que evitar la instrumentalización del conflicto territorial para tapar las políticas que se están llevando acabo y que aumentan las diferencias entre las personas y ponen en riesgo la cohesión social.
La descentralización ha contribuido a reducir diferencias de renta per cápita entre las Comunidades Autónomas. Esta reducción de desigualdades territoriales convive con el mantenimiento y en ocasiones empeoramiento, de las diferencias entre personas, tanto en el seno de las distintas CCAA como en el conjunto de España.
Esta reducción de diferencias territoriales no se corresponde con lo sucedido con las desigualdades de carácter social, imputables a las políticas económicas y fiscales seguidas por los diferentes gobiernos autonómicos y central. La distribución de la riqueza, con una caída en la participación de las rentas del trabajo en relación a las del capital, es un indicador.
La descentralización del Estado no es el problema, pero extremar la reivindicación nacional tampoco es la solución. Las virtudes de la descentralización son innegables y lo que procede es avanzar en los niveles de corresponsabilidad entre las administraciones para afrontar la situación actual, en la perspectiva de un estado federal. España está entre los países con más descentralización del gasto público, especialmente en las CCAA, muy escaso en la local y con menor gasto social, frente a otros países descentralizados. Contradictoriamente, mantiene en el aparato central del estado una duplicidad de funciones no justificable desde el reparto competencial marcado constitucionalmente.
El sistema de financiación territorial es susceptible de nuevos consensos, fundamentándose en criterios de equidad, cohesión y solidaridad interterritorial. Un nuevo modelo de financiación ha de garantizar la suficiencia de recursos para vestir las competencias propias del Estado del Bienestar que proporcionan las CCAA y las administraciones locales, en la línea de un modelo federal, y ha de potenciar una mayor corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones.
Los problemas fundamentales para las personas se encuentran en las consecuencias de la Reforma laboral y las políticas presupuestaria y fiscal regresivas, practicadas como instrumentos para conseguir un empobrecimiento de la población que pretende una devaluación competitiva soportada casi en exclusiva en el ámbito del trabajo y de las clases populares. Sin duda hay una coincidencia entre los que quieren desmontar el Estado del Bienestar y los que quieren vaciar de contenido las competencias de las CCAA para dejar que sea el mercado quien asigne los recursos para satisfacer las necesidades sociales.
Reducir el nivel de endeudamiento de familias, empresas y administraciones públicas, incentivando el consumo interno, exige crecimiento y generación de actividad económica, compatible con la reducción del déficit público en un plazo realista.
Para ello habría que reforzar la capacidad de actuación de todas las administraciones del Estado a través de una reforma fiscal profunda cuyos ejes fundamentales, en el contexto inmediato, exigen una mayor recaudación de forma equitativa, impulsar la economía y apostar por unos servicios públicos de cobertura universal, con calidad y gestión eficiente y austera de los recursos. En un marco más amplio, habría que impulsar una mayor armonización fiscal que rompa con la carrera desfiscalizadora hoy existente entre CCAA y entre los distintos países europeos.
La gravedad de las medidas antisociales aplicadas por los gobiernos del Estado y de las distintas CCAA no puede quedar oculta por los intentos de instrumentalizar el debate sobre el modelo de Estado.
Anteponer "modelo de estado" a "modelo social" es una gran trampa a la que algunos interesados, muy poderosos y desde distintos perfiles, nos quieren arrastrar. Haremos mal en no percibir que fundamentalmente estamos inmersos en un conflicto de intereses entre pobres y ricos.
La finalidad última de una revisión del modelo de Estado debe ser promover el bienestar, la justicia y la igualdad entre las personas, lo que requiere necesariamente instrumentos adecuados de cohesión y solidaridad interterritorial.
