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| Fotógrafo: Luana Fischer Ferreira (Banco Imágenes MEC) |
Comisiones Obreras no descarta que esta indignación se exprese con nuevas movilizaciones ante una reforma de la negociación colectiva, muestra de improvisación, insolvencia e incapacidad para gobernar con criterios propios. Combustible para profundizar en el conflicto social.
La reforma de la negociación colectiva aprobada el viernes 9 de junio por el Consejo de Ministros, es una decisión unilateral del Gobierno, que no vincula para nada a las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Sin dialogo social no es posible hacer avanzar el marco de relaciones laborales, y menos ante la gravedad de la situación económica actual, que requiere de confianza y consensos, no desequilibrios entre capital-trabajo.
El Decreto aprobado mantiene la ultractividad de los convenios, pero el contenido de esos convenios se debilita profundamente, al priorizarse la negociación en la empresa, sin garantizar la capacidad de interlocución de los trabajadores en esos ámbitos. En plata, que los empresarios podrán imponer de manera legal, condiciones de trabajo inferior a los convenios sectoriales estatales. Si esto se visualiza mal, qué os parece las nuevas materias a trasladar a las empresas: la distribución irregular de jornada o la movilidad funcional, por ejemplo.
Pero hay más. Este Decreto rompe el equilibrio -"cacareado por el gobierno"- entre las posturas sindicales y patronales. Ni siquiera contempla los puntos en los que había acuerdo entre sindicatos y empresarios en el fallido proceso negociador.
La ultractividad -que se mantenga en vigor todos los artículos del convenio una vez finalizada su vigencia temporal-, es única pieza cobrada parcialmente por los intereses del capital, pues puede limitada de 8 a 14 meses, un importante debilitamiento de la capacidad colectiva de negociación, a los que tenemos que añadir, en un somero análisis los siguientes ejemplos:
- Apuesta decidida por el convenio de empresa, sin articulación con los convenios provinciales o estatales. Se podrán negociar convenios en cada empresa en cualquier momento, sin importar la vigencia del convenio provincial o estatal y sin necesidad de comunicar a las comisiones paritarias de los convenios superiores, la apertura de la dicha negociación. Es decir: la empresa CapitalSA, tendrá menos dificultades para "negociar" retrocesos estructurales en las condiciones de trabajo, con derechos inferiores al convenio superior o sectorial.
- Las competencias de las comisiones paritarias ya no serán vinculantes y su papel tendrá que ser pactado entre las partes. Es decir, que en la empresa se decidirá qué competencias se asigna a la “paritaria”.
- Se dota de poder absoluto a los empresarios en materia de flexibilidad, de jornada, de bolsas de horas a distribuir “en función de las necesidades productivas” y de movilidad funcional de puestos de trabajo.
- El gobierno favorece la implementación del sindicalismo insolidario; el corporativo, al permitir los convenios franja -convenios exclusivos de categorías profesionales-. Recordar lo ocurrido con los controladores aéreos no hace mucho tiempo.
En tiempo de indignación como el presente, no se puede pretender modernizar las relaciones laborales, sin los interlocutores sociales. Todos y todas conocemos la estrategia de la patronal, más liberalismo. El viento sopla a su favor, no hace falta esperar a nuevos comicios electorales para ver satisfechos sus intereses.
El sindicalismo confederal rechaza esta reforma, que debilita la posición de los trabajadores en asuntos básicos de la negociación colectiva, como: legitimación, ámbitos, vigencia, estructura, flexibilidad interna y resolución de conflictos.
