El sindicalismo confederal exige a Zapatero que rectifique el plan de recorte del gasto. En todo caso se ha producido un enorme "cambio de escenario” que tendrá una respuesta ajustada a la gravedad de las medidas anunciadas.
Los recortes anunciados han provocado un enorme impacto entre las organizaciones sindicales, que advirtieron sobre el “conflicto social” que se cierne sobre España dos años después del inicio de la crisis. El recorte de un 5 por ciento de los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y de los sueldos públicos ha causado la indignación sindical.
El conflicto está servido, solo cabe modular su visualización, que para CCOO merecen la “máxima sanción” por parte de trabajadoras y trabajadores.
Un tercio del recorte de 15.000 millones de euros anunciado por Zapatero recaerá sobre los trabajadores públicos, explicó Toxo S.G. de CCOO, quien recordó los “salarios exiguos” por debajo de 1.000 euros al mes en muchos casos, que cobran los funcionarios españoles, quienes además “ya habían hecho un esfuerzo” de contención salarial en el Acuerdo sobre la Función Pública, firmado el pasado mes de septiembre, y convertido ahora en papel mojado tras el anuncio del Presidente.
Por otro lado, los recortes en el gasto público llegan en un momento clave para el Diálogo Social, mesa donde Gobierno, empresarios y sindicatos negocian una reforma laboral, que necesitará de financiación para echar a andar.
Toxo defiende una “alternativa” al plan de ajuste del Gobierno, y basó su propuesta en una reforma del sistema financiero, junto a modificaciones en el sistema impositivo que doten de financiación a las arcas públicas, procedente de quienes más tienen, de acuerdo al principio de “progresividad”.
CCOO no descarta que el recorte salarial de los empleados públicos acabe en los tribunales, además de otras medidas que decidirá esta tarde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO) y las correspondientes ramas de Enseñanza y sanidad de CCOO decidirán qué tipo de respuesta darán a la situación creada entre sus representado.
El plan de ajuste incluye la eliminación del’ cheque bebé", un recorte en la inversión de más de 6.000 millones de euros de la Administración General del Estado, junto a otros 1.200 millones de euros por parte de las administraciones locales y autonómicas. Destacar igualmente la supresión de la retroactividad de los pagos previstos en la Ley de Dependencia y un recorte de 600 millones de euros en la partida de Ayuda al Desarrollo.
Estas medidas suponen el mayor fracaso de un gobierno en los últimos 30 años de democracia. Un gobierno incapaz de diagnosticar la situación financiera en los momentos adecuado, que ha sido incapaz de liderar los cambios estructurales que las cuentas públicas anunciaban desde el año 2008, lo que ha provocado un endeudamiento insoportable que ha debilitado nuestra credibilidad financiera internacional y que ha supuesto que quienes nos prestan el dinero nos digan lo que tenemos que hacer. España con estas medidas pasa a estar "TUTELADA" económicamente por Alemania, Francia y los EEUU. La tutela supone que tú no decides donde ni cuando, sino que te lo dicen. Cuando esto ocurre la lejanía es insensible, siempre pierden los mismos.
Esta situación por gravísima tiene que situar las prioridades del país en su sitio justo, el empleo y el sistema de bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia) servicios que para su funcionamiento tienen que estar sustentados en una política fiscal progresiva y equitativa.
Es tiempo de valores, el del trabajo y la dignidad tienen que triunfar frente a los estafadores y manipuladores del sistema financiero internacional.
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