Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Concentración en Extremadura el 7 de Octubre

Será en Badajoz el 7 de Octubre, a las 19,30 horas en la Plaza de San Francisco, convocada por las organizaciones extremeñas de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores.

La Jornada Mundial de Trabajo Decente, está convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) para el próximo 7 de octubre. En Extremadura, como en el resto de España, los convocantes centrarán sus reivindicaciones en la defensa del empleo y la protección social, así como en la necesidad de recuperar el diálogo social y el desbloqueo de la negociación colectiva.

En la Jornada participarán trabajadores de 122 países, incluido España, donde se celebrarán concentraciones de delegados y manifestaciones, así como asambleas informativas en empresas, en las principales ciudades de todas las comunidades autónomas.

Esta es la segunda ocasión que la Confederación Sindical Internacional (CSI) convoca esta Jornada reivindicativa a nivel mundial para reclamar el trabajo digno. Una celebración marcada este año por las repercusiones de la crisis económica, que puede llevar a la destrucción de más de 50 millones de empleos y arrojar a la precariedad laboral a 200 millones de personas, y las conclusiones de la reciente Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburg.

Para más información: http://www.wddw.org

CCOO quiere organizar una amplia campaña informativa para concluir con un gran acto sindical en Madrid a mediados de diciembre

El Consejo Confederal de CCOO aprueba por unanimidad el informe de Toxo sobre la situación de la economía y la estrategia sindical para el próximo periodo, en el que propone una reforma estructural del IRPF y la recuperación de figuras fiscales como el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, eliminados en anteriores reformas, sin descartar otras figuras impositivas.

El Consejo Confederal de CCOO, máximo órgano de dirección entre congresos, del que forman parte 200 dirigentes de sectores y territorios de todo el país, ha aprobado al final de la mañana de hoy por unanimidad de los 164 asistentes, el informe presentado por el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, en el que analiza la situación de la economía española y la estrategia sindical para el próximo periodo.

En el informe, Toxo propone además de activar de forma decidida la lucha contra el fraude fiscal "para lo que sería necesario voluntad política y más recursos humanos", proceder a una reforma fiscal que busque, desde una mayor progresividad en el reparto de la carga, actuar sobre los factores que de verdad permiten incrementar la capacidad financiera de las Administraciones Públicas "mediante una reforma estructural del IRPF y la recuperación de figuras fiscales como el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, eliminados en anteriores reformas, sin descartar eventualmente otras figuras impositivas".

Las propuestas económicas y fiscales del sindicato y la marcha de la negociación colectiva, entre otros temas, formarán parte de una amplia y sostenida campaña informativa y de movilización sindical -el informe descarta la convocatoria de una huelga general- que concluirá con un gran acto unitario en Madrid a mediados de diciembre, al que se pretenden que asistan decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.

El Informe hace un recorrido a modo de balance por la actividad del sindicato en los últimos meses (afiliación, elecciones sindicales, trabajo en las PYMES, Observatorio Jurídico de Elecciones Sindicales, Pacto por la Economía, el Empleo y la Protección Social, última etapa del diálogo social que se saldó sin acuerdo, situación de la economía, Cumbre del G20 y PGE.2010) y avanza las líneas de trabajo para el próximo periodo, cuyas prioridades pasan por desbloquear la negociación colectiva y recuperar el diálogo social y la capacidad de respuesta del movimiento sindical, en el marco de la defensa del empleo y los derechos laborales y sociales de los trabajadores ante la continuidad de la crisis y las arremetidas empresariales para propiciar una salida a la misma debilitando los citados derechos.

El informe se detiene especialmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, la política fiscal y la política salarial. CCOO considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno sobre fiscalidad y recuerda que la presión fiscal en España es significativamente menor que la de los países de referencia: España 33,5%, Unión Europea de los 27 39,8%, Portugal 37,5%, Alemania 40,2%, Italia 42,8%, Francia 44,1%.

En relación con la política salarial, CCOO está dispuesta a asumir un compromiso sobre los salarios de los trabajadores ocupados, una propuesta que gradúe los incrementos salariales en los tres próximos años y active las cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo, y que incentive la creación de empleo haciéndolo compatible con el objetivo fijado de precios de los bienes y servicios españoles. "Un esfuerzo salarial -dice el informe- que debería estar acompañado por una conducta más acorde de los beneficios empresariales, dado que tal y como recoge la aportación al deflactor del PIB en el 2º trimestre de 2009, es el excedente empresarial el que más sigue presionando sobre los precios (1,2 frente a 0,8 de la remuneración de los asalariados).

Líneas de trabajo

En el actual escenario económico, social y político, el informe avanza cuatro líneas de trabajo para el próximo periodo: impulsar una campaña de información y movilización sindical en el último trimestre de 2009 en la dirección de "acumular fuerzas tanto ante la patronal como ante el Gobierno", y que conocerá el 7 de octubre con la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada como el pasado año por la Confederación Sindical Internacional en un proceso que culminaría con un gran acto unitario para mediados de diciembre en Madrid; articular un discurso sólido frente a la temporalidad injustificada, por el empleo estable y con derechos, haciendo especial hincapié en jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Se trata de vincular temporalidad, salarios y beneficios empresariales; mantener el trabajo sindical en torno a la propuesta de CCOO sobre Pacto de Estado, especialmente los referidos al sistema público de pensiones, la reforma de la negociación colectiva o el cambio de patrón de crecimiento. A propósito del documento sobre la Ley de Economía Sostenible presentado por el Gobierno, el mismo no recoge actuaciones estratégicas imprescindibles para CCOO, como las relativas a sanidad, dependencia, apoyo a la conciliación, infraestructuras, política sectorial activa, Ley de Ciencia o reforma del sistema financiero, y otras las aborda insuficientemente; intervenir junto a la CES ante la próxima presidencia española de la Unión Europea, para aunar estrategias políticas y sociales frente a la crisis.

Toxo concluye su informe defendiendo de la unidad de acción con UGT, "un valor estratégico en cualquier circunstancia, pero aún más en un contexto de profunda crisis económica como el que travesamos".

Imuestos y social democracia

Me parece sorprendente que algunas voces del Gobierno socialista español hayan expresado repetidamente su satisfacción de que España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea.

Vicenç Navarro

Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en un dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. Y lo que todavía entiendo menos es que el motivo de satisfacción no sólo sea el hecho de que la presión fiscal sea de las más bajas de la Unión Europea sino que se enorgullezca de que haya descendido durante el mandato del Gobierno socialista. La causa de mi sorpresa es que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del Estado de Bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y muy en particular la de las clases populares, base tradicional de la socialdemocracia. Los datos son claros y convincentes. A mayor fuerza la socialdemocracia (e incluyo bajo este nombre todos aquellos partidos de centroizquierda e izquierda, llámense como se llamen –socialistas, socialdemócratas, laboristas o eurocomunistas- que están comprometidos en un proyecto de enriquecer la calidad de vida de la población, y muy en particular de las clases populares, a base de políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación y explotación que las sustenta), mayor desarrollo del gasto público, incluyendo el gasto público social, mayor extensión del Estado del Bienestar y menores desigualdades. Partidos socialdemócratas o coaliciones de partidos socialdemócratas han gobernado aquellos países por mucho tiempo durante el periodo 1950-2000. Suecia (45 años), Noruega (39 años), Dinamarca (35 años), Finlandia (32 años) y Austria (31 años). El promedio de gasto público social en este grupo de países es el 30%, y su carga fiscal representa un 52% del PIB. Son los países que tienen menos desigualdades sociales y están entre los que tienen índices de mayor calidad de vida. Y tienen economías altamente eficientes. Sus tasas de desempleo están entre las más bajas de la OCDE y de la UE.

En el otro polo están los países de tradición anglosajona liberal (EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), en los que la socialdemocracia ha sido históricamente débil, habiendo Estado gobernados por la mayoría del tiempo por partidos conservadores de orientación liberal. Su gasto público social, como promedio del grupo, es de los más bajos de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), sólo un 24% del PIB, su carga fiscal es sólo un 36%, y tienen las desigualdades sociales más elevadas, con bajos indicadores de calidad de vida. Los países del Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), son países que han sido gobernados en la mayoría de aquel periodo (en su primera parte del periodo) por regimenes fascistas o fascistoides y que heredaron Estados del Bienestar enormemente subdesarrollados y con enormes desigualdades sociales. Este subdesarrollo fue corrigiéndose durante la última etapa de aquel periodo, consecuencia de haberse establecido sistemas democráticos, aunque todavía tienen un gran retraso, poniéndolos incluso por debajo (o al mismo nivel) que algunos países liberales en su escaso gasto social. Todos ellos tienen grandes desigualdades sociales (ver Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. 2008, y sección Economía política y Neoliberalismo, en www.vnavarro.org). En realidad, España continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15 (que son los países de la UE de semejante desarrollo económico al español). Se mire como se mire, el gasto público social español es de los más bajos de la UE-15. El gasto público social por habitante (4.663 unidades de poder de compra), el gasto público social como porcentaje del PIB (20,3%), el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado de bienestar (escuelas, sanidad, servicios de dependencia, escuelas de infancia, entre otros, 11%) son mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (6.737 upc, 27% y 16%, respectivamente) siendo uno de los más bajos de la UE-15. Estos datos muestran que treinta años en democracia continuamos estando a la cola de la Europa Social. Y un factor muy importante que explica este retraso es la subfinanciación del Estado, incluyendo su Estado de Bienestar, que es a su vez resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estemos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en un socialdemócrata.

IMPUESTOS Y DÉFICIT DEL ESTADO

Los datos que acabo de presentan explican mi sorpresa y preocupación cuando leí que algunas voces del partido socialdemócrata expresaron su orgullo porque teníamos la carga fiscal más baja de la UE-15. Esta preocupación se diluyó algo cuando leí que, por fin, iban a subir los impuestos. Pensé que por fin iban a intentar reducir el déficit social en España (que es nada menos de 70.000 millones de euros), tal como, por cierto, consta en su programa electoral. Pero me equivoqué. Inmediatamente leí que esta subida de impuestos se debía al deseo de reducir el déficit del estado, que llegaría al 10% del PIB. No sólo me entristecí, sino que me alarmé, puesto que lo que no debe nunca hacerse ahora, en una gran recesión, cuando el desempleo llegará al 20%, es disminuir el déficit del estado. Esto lo hizo Franklin D. Roosevelt al inicio de la recuperación económica durante la Gran Depresión, y retrasó enormemente la recuperación económica. España está todavía en una gran recesión, y no saldrá de ella a no ser que haya un gran aumento de la demanda interna, ligada al aumento del gasto público sostenido por un largo déficit. Es ilusorio creerse que este necesario incremento de la demanda interna lo vaya a resolver una bajada de impuestos tal como propone la derecha liberal española (el PP y CIU). La población está enormemente endeudada y la bajada de impuestos la utilizará predominantemente para pagar sus deudas. La evidencia de ello es abrumadora. De ahí que las propuestas de recuperación del PP y CIU reflejadas en sus documentos económicos son profundamente erróneas- Creerse que la crisis enorme que estamos viviendo se puede resolver a base de expandir, todavía más, las políticas liberales, es haber perdido toda conexión con la realidad económica que nos rodea. Pero esta visión liberal aparece también en la Comisión Europea y en su comisariato de Asuntos Económicos, que está presionando a los países a que reduzcan su déficit. En realidad, el déficit debiera aumentar más, a fin de estimular la economía (cuya tasa de crecimiento es negativa) a base de nuevas inversiones públicas (no sólo en infraestructuras y comunicación sino, sobre todo, en servicios públicos y nuevas energías creadoras de empleo) que debieran alcanzar hasta un 5% del PIB tal como ha ocurrido en EE.UU. (el país que saldrá primero de la crisis). Bajar el déficit quiere decir bajar el estímulo económico. Y bajar la carga fiscal quiere decir bajar el gasto público y con ello la inversión y estímulo económico, precisamente lo contrario que debiera hacerse.

¿SON LOS IMPUESTOS IMPOPULARES?

Ya sé que me dirán que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Le aseguro al lector que si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica del país (digamos las tres decilas superiores del país) pague más impuestos para mejorar la sanidad pública (o la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o las pensiones)?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. No se ha hecho tal pregunta en España, pero se ha hecho en EEUU y la gran mayoría ha respondido afirmativamente, mayoría que alcanza niveles por encima del 80% entre las clases populares. Ni que decir tiene que a mayor renta, menos entusiasmo por el incremento de impuestos. Es lógico que el 30% de renta superior del país (que incluye los creadores de opinión) sean reacios a la subida de impuestos. Pero no así la mayoría de la población, que sí la favorecen en caso de que tales impuestos vayan a cubrir tales déficits sociales. Por cierto, este apoyo mayoritario se mantiene cuando el objetivo de subida de impuestos es crear empleo, como ha estado ocurriendo con el programa de estímulo económico de la Administración Obama. No así las rentas más superiores, que son las que proporcionalmente pagan más impuestos y quedan menos afectadas por los déficits de gasto público social al utilizar menos los servicios públicos. De ahí que se opongan, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos a la usanza de las derechas cuando las izquierdas piden que se redistribuyan los recursos.

El aumento de la presión fiscal progresiva es necesario no sólo para reducir el déficit del Estado del Bienestar, sino también para incrementar el gasto público y estimular la economía (objetivos, en sí, necesarios) y también para redistribuir la renta excesivamente polarizada en nuestro país. España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades sociales. La disminución de las rentas del trabajo ha creado un gran problema de insuficiente demanda y excesivo endeudamiento, mientras que las exuberantes plusvalías de las rentas del capital, invertidas en actividades especulativas, han llevado al desastre financiero. De ahí que sea necesario revertir esta enorme polarización social, causa de la Gran Depresión en el siglo XX y de la Gran Recesión ahora. Como bien dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”. Sería de desear que el Gobierno español, que se autodefine como socialdemócrata, actuara consecuentemente y viera que Roosevelt llevaba razón. Vicenç Navarro

La importancia del gasto público y de las políticas sociales en España

Hace unos días se ha celebrado en Cuenca, un encuentro de Comisiones Obreras para debatir sobre el empleo, la protección social, la negociación colectiva y el cambio de modelo productivo, todo referenciado en la actual crisis económica.

En este encuentro han debatido y expuesto sus opiniones, sindicalistas, políticos, catedráticos, profesores y expertos, todos ellos proponiendo y analizando las iniciativas de CCOO para supererar el difícil momento. Para seguir situando al sindicato ante sus afiliados y afiliadas, ante los trabajadores y trabajadoras y ante la sociedad en general, como una organización capaz de ofrecer propuestas sólidas, serias y fiables para salir de la crisis.

Una de las cuestiones debatidas ha sido la importancia de la fiscalidad y las políticas sociales en momentos de desgarrador impacto de la crísis sobre los más débiles, que hace tambalear los sistemas de protección social.

Durante los últimos años los gobiernos del PP y los socialistas han ido rebajando la presión fiscal, pensando que las vacas gordas no terminarían jamás. Pero las vacas flacas han llegado, como también ha llegado el momento de explicar de nuevo, de recordar para qué sirven nuestros impuestos, qué países tienen una mayor presión fiscal, cuales menos y quiénes son los más justos en función de su PIB y quienes son las mis injustos.

Nadie se sorprenderá si digo que los impuestos son un bien que debemos valorar y gestionar adecuadamente para que todos y todas vivamos en una sociedad moderadamente justa. Por ello invito a escuchar la ponencia titulada “Gasto público y políticas sociales en España, ¿qué papel juegan en la situación actual?” de Vicenç Navarro López, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, en la que destaca las carencias de España en el desarrollo del Estado de Bienestar y la necesidad de fortalecer los recursos que se destinan a éste.

Buen provecho.

Acuerdo para la subida salarial de los empleados públicos

CC OO, UGT y CSI-CSIF aceptarán la propuesta del Gobierno para subir un 0,3% el sueldo de los funcionarios en 2010, a cambio de recuperar el poder adquisitivo perdido en enero de 2012. La compensación también cubre al fondo de pensiones. El pacto limita la temporalidad y abre la puerta a la jubilación parcial.

El incremento salarial será del 0,3% en el año 2010. El acuerdo ha sido posible, según se explica desde Comisiones Obreras, "porque el acuerdo incluye un compromiso de revisión salarial". Ésta es la clave del compromiso para los próximos tres años, pacto que marcará el sueldo de los funcionarios y personal laboral al servicio de las administraciones públicas, para el resto de legislatura.

COTENIDO PRINCIPAL DEL ACUERDO:

Retribuciones:

a) Para el año 2010, incremento del 0,3% de las retribuciones. Los incrementos iniciales para los años 2011 y 2012 se fijaran en la oportuna negociación en el seno de la Comisión de Seguimiento.

b) Con respecto a la aportación a Fondos de Pensiones, en el acuerdo se recoge un 0,3% para el año 2010, 0,5% para el año 2011 y 0,7% para el año 2012.

c) Se incorporará el mantenimiento de los compromisos y acuerdos anteriores, con la redacción que aparecía en la propuesta sindical.

CLAUSULA DE REVISIÓN SALARIAL:

a) Establece de manera clara que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 se incorporarán los créditos necesarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo que pudiera haberse producido durante los años 2010 y 2011 por la diferencia entre el incremento aplicado inicialmente en cada uno de los ejercicios y el IPC real de cada ejercicio (o lo que es lo mismo, el importe global de los atrasos por la aplicación de la cláusula de revisión salarial). Además establece que las citadas cuantías se incorporarán a la Masa Salarial del año 2012.

b) Igual criterio operará en los Presupuestos para el año 2013 con relación a la posible desviación en el 2012.

FIRMA DEL ACUERDO

La indisposición de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega -que ha sido intervenida quirúrgicamente por una oclusión intestinal-, retrasará la firma del acuerdo. El momento llegará, en cualquier caso, antes del próximo viernes 25, ya que el Consejo de Ministros de ese día debe tratar los Presupuestos de 2010, que se tramitan en octubre.

Comisiones Obreras se muestra satisfechas con el acuerdo alcanzado, pues recoge algunas de sus reivindicaciones fundamentales, a parte de las económicas, como es el desarrollo -con plazos cerrados- del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante procesos de formación y promoción del personal, que debe consolidar la tramitación electrónica de los procesos administrativos.

JUBILACIÓN PARCIAL

Otra reivindicación histórica que cumplirá será la aprobación "en 12 meses" de la normativa que permitirá a los funcionarios acogerse a la jubilación parcial.

REDUCCIÓN TASA DE TEMPORALIDAD

En cuanto a la reducción de la alta tasa de temporalidad en las administraciones -que ronda el 25%- el compromiso alcanzado es reducirla al 8%. Así mismo, se elimina la tasa de reposición -número de contrataciones por cada salida- en sectores básicos como sanidad, educación, fuerzas de seguridad o servicios sociales, cuyas plantillas podrán seguir creciendo.

APLICACIÓN AL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES

Este acuerdo se suele trasladar de manera casi textual al resto de administraciones públicas del Estado -Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas-. En aquellas, en las que no exista un fondo de pensiones -como desgraciadamente ocurre en la Junta de Extremadura)- las cantidades destinadas al mismo se suele repartir de manera lineal.

Con la situación económica por la que transita nuestra sociedad, creo que es un acuerdo razonable. Las condiciones de trabajo de los empleados públicos, les dota de una forteleza que habían perdido en los últimos 10 años, por tener uno sueldos irrisorios, -que en parte de debe a Rajoy- frente a los de las empres privadas.

Los empleados públicos somos claves en momentos como el presente, donde tenemos en nuestras manos toda la política social, colchón de las injusticas que la crísis provoca.

Prioridades de CCOO de Extremadura para los próximos meses

CCOO de Extremadura centrará su actuación en el impulso del Pacto Político y Social para que se acometan con urgencia las reformas estructurales que necesita la economía extremeña y en desbloquear la negociación colectiva con la patronal.

Así fué manifestado por Julián Carretero, el secretario general de CCOO de Extremadura, quien indicó la profunda preocupación del sindicato por la forma errática que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está mostrando a la hora de afrontar la crisis económica y reclamó recupere el pulso para activar la economía y el empleo "ante la complicadísima situación con la que nos encontramos a la vuelta del verano".

En cuanto a Extremadura, indicó que a juicio de CCOO, el Pacto Político y Social propuesto por el presidente extremeño tiene que incidir necesariamente en una serie de reformas estructurales que eliminen los cuellos de botella de la economía extremeña y permitan encarar el futuro con mejores perspectivas.

Así, señaló que se ha trasladado a la Junta que este proceso debe concretarse con reformas en el sector primario, en el forestal, en el agroganadero, y de una manera especial en el sector industrial, sobre todo en todo lo relativo al el sector agroalimentario.

En ese sentido, Carretero resaltó que para lograr la reactivación económica hay que potenciar aquellos sectores y aquellas empresas que crean empleo de calidad y que sustentan el tejido productivo, y por ello, apostó por hacer del sector industrial el eje fundamental de la economía, y conseguir así ser más competitivos.

Para que esto sea posible, añadió, es necesario que se produzcan avances significativos en la formación del capital humano, en la gestión y dimensión de las empresas y en la acumulación del suficiente músculo financiero que soporte los proyectos empresariales de la suficiente envergadura.

Al respecto, Carretero destacó que el mejor planteamiento de economía sostenible en Extremadura y en España debe pasar por potenciar aquellos sectores y aquellas empresas que crean empleo de calidad y sustentan el tejido productivo, y por eso, apostó por hacer del sector industrial el eje fundamental de la economía.

"Todo esto pasa por que los proyectos industriales en Extremadura que necesitan reforzarse se refuercen, y aquellos que en este momento están todavía pendientes de alguna cuestión administrativa definitivamente empiecen a ver la luz cuanto antes, como el de refinería", aclaró.

Igualmente, apostó por reformas en el sistema administrativo de la región que hagan desaparecer las trabas ilógicas actuales y un apoyo considerable al sistema educativo y universitario, ya que "la formación de las personas es fundamental y hay que hacer una recuperación clara de los valores del esfuerzo y del trabajo".

Para llevar todo esto a cabo, también es fundamental para CCOO, despejar las dudas respecto al sistema financiero extremeño, abordando definitivamente aquellas cuestiones en materia de fusiones que permitan al tejido productivo de la región tener un horizonte claro con el que emprender inversiones de calado.

Carretero considera que las reformas deben alcanzar también a ámbitos como el sector energético, el del agua y el de transporte, donde no sólo hay que exigir la finalización rápida del tren de alta velocidad sino un reforzamiento de la red ferroviaria interior que extienda a toda la comunidad los beneficios de la línea de mercancías y personas.

La segunda gran cuestión en la que se centrará CCOO en las próximas fechas, junto con su Confederación a nivel nacional, será la de desbloquear la negociación colectiva con la patronal, a la que reclamó responsabilidad.

Julián Carreteo anunció que el próximo 7 de octubre CCOO realizará movilizaciones en toda España coincidiendo con la Segunda Jornada Mundial pro el Trabajo Decente, además de plantear, a corto plazo, a UGT acciones conjuntas.

En cuanto al Diálogo Social, explicó que cree que es necesario que se retome, pero advirtió que "Zapatero debe tiene que ir más allá de buscar unas meras fotos".

Para Carretero hace falta un acuerdo global que le imprima seriedad y confianza al conjunto de la economía, para que España vuelva a ser atractiva, y eso pasa por un acuerdo global que toque todos los aspectos fundamentales del proceso económico, fundamentalmente la política fiscal.

En este sentido y en relación a tanto anuncio de subir o no los impuestos indirectos, Carretero exigió al Gobierno central a que "deje de marear la perdiz, y que ponga encima de la mesa lo que va a ser su planteamiento fiscal", en definitiva, que el Ejecutivo estatal lleve a cabo una armonización fiscal, en la que también tienen un papel que jugar las comunidades autónomas.

Por ello, Carretero defendió la recuperación de impuestos que no se deberían haber eliminado; evitar la economía sumergida; y planteamientos que pasen por "darle la vuelta a todo lo que ha sido la cuestión de establecer sociedades fiscales para amparar impuestos".

Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Manifiesto de CCOO y UGT.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), cuyas centrales sindicales suman 170 millones de afiliados y afiliadas en todo el mundo, ha convocado para el próximo 7 de octubre, la 2ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Cuando la crisis económica mundial, provocada por la irresponsabilidad y avaricia de los gestores del sistema financiero internacional y la falta de regulación y control del mismo amparada por los responsables políticos, puede llevar a la destrucción de más de 50 millones de empleos y arrojar a la pobreza severa a 200 millones de personas, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la lucha por la universalización del Trabajo Decente pasa necesariamente por la exigencia de políticas que permitan enfrentarse a la crisis y mantener y crear empleo.

La CSI, UGT y CCOO exigen a los gobiernos del G20, que se han autoencomendado la tarea de coordinar las políticas económicas mundiales, que los planes de estímulo de la demanda -que es necesario mantener, reforzar y coordinar mejor-, pongan a los programas específicos de creación de empleo como la principal prioridad junto con la ampliación de la protección a los desempleados. Por eso reclamamos en esta Jornada de movilización del 7 de octubre la implementación urgente del Pacto Mundial por el Empleo, aprobado el pasado mes de junio, por la OIT, por unanimidad de los gobiernos y los representantes de los trabajadores y los empleadores del mundo.

Una regulación del sistema financiero internacional exigente, que establezca órganos de supervisión y control nacionales y supranacionales, resulta imprescindible para que las causas de la actual crisis no vuelvan a repetirse. El sindicalismo mundial reclama que dicha regulación establezca el fin de los paraísos fiscales, normas que limiten las retribuciones abusivas de los directivos e implante un impuesto universal a las transacciones financieras.

La CSI, CCOO y UGT consideran necesario establecer las bases para que la salida de la crisis implique que nuestro modelo económico sea más justo, eficiente y sostenible tanto social como medioambientalmente. Una condición de partida para dicho cambio es el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU.

Estos son los principales objetivos que el sindicalismo internacional democrático y de clase se plantea en estos momentos de crisis para avanzar en la universalización del Trabajo Decente que, según la OIT, es aquel que se realiza en el respeto a los Derechos Fundamentales del Trabajo (Declaración de 1998 de la OIT), con un salario digno y una protección social básica.

En este llamamiento a la movilización del próximo 7 de octubre a los trabajadores y trabajadoras españoles, UGT y CCOO tenemos que resaltar los objetivos derivados de la difícil situación económica y social española, que atraviesa una situación de recesión que puede agravarse en los últimos meses de 2009.

La continua destrucción de empleo se debe a la mayor presencia de sectores intensivos en mano de obra que ha caracterizado el crecimiento del empleo del anterior periodo de bonanza económica, a lo que hay que sumar el efecto de la profunda crisis internacional en la economía española. Así, en el último año, la ocupación se ha recortado en aproximadamente un millón y medio de empleos, siendo los jóvenes, las mujeres, y los trabajadores y trabajadoras inmigrantes los más afectados por la misma. Por otro lado, la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,2%, y por primera vez hay que destacar que el porcentaje de contratos temporales en el sector público (25,4%) es superior al del sector privado (25,2%).

Entre las repercusiones de la crisis económica es relevante también que el reparto de la renta ha empeorado, mientras que la productividad registra un progresivo incremento, siendo ambos fenómenos consecuencia de la destrucción de empleo registrada en el último año. Además, los salarios negociados se han moderado, y los beneficios empresariales están creciendo por encima de la remuneración de los asalariados.

A este panorama se añade la intransigente y maximalista posición de la patronal CEOE, que ha provocado la ruptura del diálogo social, ha paralizado la negociación colectiva y ha estancado la situación de los más de 1500 convenios que se encuentran en fase de renegociación, o bien que directamente está bloqueando la negociación colectiva correspondiente a sectores enteros de la actividad económica.

Esta situación sin precedentes, que afecta aproximadamente a cuatro millones de trabajadores y trabajadoras, muestra con claridad la escasa voluntad negociadora de la patronal, e indica que las bases para el desarrollo de la negociación colectiva de 2010, y en especial los criterios relativos a la política salarial, están en entredicho, lo cual previsiblemente generará una fuerte conflictividad laboral.

Los sindicatos reiteramos nuestra exigencia de desbloqueo de la negociación de los convenios colectivos de 2009 para no incurrir en mayores pérdidas de poder adquisitivo, así como la voluntad y disposición a incluir en la próxima negociación de 2010 y 2011 medidas que limiten la temporalidad y aumenten la estabilidad en el empleo, la negociación de los Expedientes de Regulación de empleo en las empresas con dificultades, y las medidas para desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres, la formación, y la seguridad y la salud laboral. Asimismo reclamamos al Gobierno una iniciativa decidida de políticas públicas para reactivar la economía, que la Ley de Economía Sostenible no se conciba como un conjunto de medidas aisladas, sino que se configure como un plan global, capaz de reactivar el conjunto de la economía y superar las deficiencias de nuestro tejido productivo, y que se refuercen las políticas sociales para garantizar la protección a los colectivos más desfavorecidos y el fortalecimiento de los sistemas públicos de empleo. Por otra parte, los posibles Pactos en materia educativa y de modelo energético no pueden iniciarse sin el consenso y la intervención de las organizaciones sindicales para ponerse en marcha.

Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a participar activamente en la defensa de estos objetivos, en las acciones y movilizaciones que desarrollen las Organizaciones Confederadas, en las Asambleas en los centros de trabajo, en las concentraciones y manifestaciones en las ciudades. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas y a las organizaciones políticas y sociales que compartan estas reivindicaciones y demandas a sumarse a esta 2ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

CCOO y UGT plantean al Gobierno una subida salarial de los empleados públicos de 1% en 2010

CC.OO. y UGT han hecho llegar la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un documento titulado "Declaración para el dialogo social en las administraciones públicas" en el que recogen sus demandas para el diálogo social en la Función Pública y en el que reclaman una subida general del 1% en 2010 para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos y del IPC previsto (2%) para los ejercicios 2011 y 2012, "a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas" (Ver documento completo).

Además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios durante el trienio 2010-2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.

CCOO y UGT argumentan en la propuesta que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial, en la que en ningún caso piden una congelación.

En la declaración conjunta de CCOO y UGT, se señala que estas subidas retributivas, sestarán al margen de las mejoras salariales conseguidas en los pactos o acuerdos firmados previamente por las diferentes administraciones públicas en el marco de sus competencias, entre ellas la dirigida a incluir la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias.

Ambos sindicatos reclaman, además, el establecimiento de un acuerdo entre las distintas administraciones públicas para coordinar y "homogeneizar" las retribuciones de los empleados públicos, con independencia de la administración donde desarrollen su trabajo. También abogan por seguir impulsando los fondos de pensiones en las distintas administraciones, algo a lo que FSP-UGT de Extremadura ha rechazado en el ambito de la Junta de Extremadura.

El documento elaborado por los sindicatos pivota en torno a un acuerdo a tres años, lo que resta de legislatura, en el que no sólo se tratan cuestiones salariales, sino también de mejora de las condiciones de trabajo y de la negociación colectiva, entre otros aspectos.

Ambos sindicatos y la CSIF- que mantiene posiciones similares-, se reunirán el próximo jueves con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para retomar el diálogo social en la Función Pública y tratar de alcanzar un acuerdo.

Según ha manifestado el Ministerio de la Presidencia, este acuerdo debería impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos, "y todo ello incardinado en el nuevo modelo de economía sostenible auspiciado por el Gobierno".

CC.OO. y UGT insisten en su documento en la necesidad de modernizar las administraciones públicas y de desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública (EBEP). En este sentido, reclaman que se adopten las medidas precisas para impulsar el desarrollo del EBEP en cada administración y sector.

La propuesta sindical también destaca la necesidad de hacer un diagnóstico sobre los recursos humanos del sector público a fin de "redimensionar y racionalizar" las plantillas existentes, eliminando la tasa de reposición de efectivos, al tiempo que demandan que se impulsen las medidas contenidas en el Estatuto Basico del Empleado Público, dirigidas fomentar el empleo estable y la reducción de las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%.

CC.OO. y UGT demandan además que a los empleados públicos les sea de aplicación la regulación sobre jubilación flexible y parcial contenida en la Ley General de la Seguridad Social, así como que se estudien los criterios necesarios para establecer un plan de jubilación anticipada dirigido a colectivos específicos y que tenga en cuenta tanto las necesidades de las administraciones públicas como los derechos de los empleados públicos.

Otro asunto pendiente y al que piden solución es el de desarrollar la estructura de la negociación colectiva surgida del Estatuto de la Función Pública y la fijación de criterios generales comunes y básicos con respecto a la evaluación del desempeño prevista en esta ley para avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional de los empleados públicos.

En el ámbito propio de la Administración General del Estado, además del desarrollo del Estatuto, CC.OO. y UGT reclaman una reducción ordinaria de la jornada ordinaria de los empleados de esta administración, desde las 37,5 horas actuales hasta un mínimo de 35 horas semanales, cuantificando la creación de empleo necesario para ello.

8 de Septiembre día de Extremadura

Un año más estuvimos en la celebración del día de Extremadura, en Mérida y van 24 años de presencia más o menos continuada.

En Guadalupe, en el año 85, se celebra por primera vez el día de Extremadura, de aquella ocasión recuerdo la emoción, casi adolescente, de ver la fachada del monasterio repleta de banderas de Extremadura. Este era un sentimiento nuevo, de pertenencia a algo abstracto pero que me emocionaba como la primera escucha del himno extremeño. También rememoro la imagen de los paisanos, uno tras otro para degustar la comida comunitaria.

Estaba naciendo una nueva identidad y creo un acierto hacer coincidir esta celebración con el día de la Virgen de Guadalupe. Festividad que era una de las pocas cosas que nos unían en aquellos momentos a los que viviamos en los límites de los territorios denominados Cáceres y Badajoz.

Pronto Guadalupe quedó pequeña y escasa la comida comunitaria, en el año 87 la celebración se traslada a Trujillo. Su enorme Plaza fue testigo de momentos inolvidables con cien mil almas clamando, celebrando, viviendo, sintiendo Extremadura. Siempre recordaré la imagen de una gata que reivindicaba el pueblo de Gata o lo fuegos artificiales con música, era espectacular.

Las Celebraciones de Trujillo finalizaron, creo que de manera comprensible, con el traslado de la celebración al Teatro Romano de Mérida, donde también se han vivido noches inolvidables y estrenos de alguna que otra televisión a legal como la fenecida Canal Sur Extremadura.

El Día de Extremadura es un día de identidad, de fiesta, de religiosidad, de reivindicación. Es un día de los extremeños y extremeñas. ¡Qué Novedad¡

Un poquito de historia.

El primer Día de Extremadura se celebró en 1985 y los actos principales tuvieron lugar en la localidad de Guadalupe, donde se ubica el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, que es uno de los símbolos de la identidad extremeña, por ser el santuario de la Virgen de Guadalupe, cuya coronación como patrona canónica de Extremadura, fue una de las primeras manifestaciones de exaltación regionalista el 20 de marzo de 1907 y por las implicaciones históricas y culturales que a través de Guadalupe unen al pueblo extremeño con Iberoamérica.

A partir de 1987 se celebra en la localidad cacereña de Trujillo, donde llegaron a reunirse unas 100.000 personas cada año para participar en los actos culturales, folklóricos, deportivos y políticos. En 1993 dejan de celebrarse los actos multitudinarios en Trujillo.

Actualmente los actos institucionales principales se suelen celebrar en el Teatro Romano de Mérida en el que tiene lugar el izado de banderas al son de los himnos oficiales, el acto de entrega de las Medallas de Extremadura y el Discurso del Presidente de la Junta de Extremadura, en la víspera del Día de Extremadura, el 7 de septiembre.

El 8 de septiembre tienen lugar actos de caracter religioso y festivo, con motivo del patronazgo regional de la Virgen de Guadalupe, en la localidad del mismo nombre. Cada ayuntamiento organiza actos institucionales, culturales y deportivos en su municipio para conmemorar la fiesta regional.

La ampliación de los 420 euros desde el 1 de enero entrará en vigor en noviembre

Nuevamente nos incorporamos para celebrar la ampliación de los 420 euros y de subsidio de desempleo a 700.000 personas desempleadas, que habían perdido su prestación desde el mes de enero de 2009.

Desde Comisiones Obreras se valora el acuerdo como muy positivo, destacando que, de acuerdo con los cálculos del sindicato, retrasar la retroactividad de esta medida al 1 de enero permitirá incluir entre los beneficiarios a más de 500.000 parados que, de otra manera, no habrían podido cobrar esta ayuda temporal.

Aunque para CCOO lo deseable es que esta ayuda extraordinaria se hubiera universalizado, pudiendo percibirla todo aquel parado que hubiera agotado la protección y no contara con ingresos, el hecho de que el umbral de acceso a la misma se vaya a situar en el 1 de enero hará que sólo un pequeño porcentaje se quede fuera, quedando protegidos la mayoría de los parados que no cobran prestaciones.

Comisiones reivindicaba que la medida fuera un derecho subjetivo, a través de mecanismos como la Renta Activa de Inserción, pareciendo positivo que se haya retrasado ese plazo al 1 de enero, sobre todo porque es una decisión que cuenta con un amplio consenso parlamentario y porque pone en el centro a las personas, por encima de otras consideraciones. En una reunión celebrada la noche del pasado lunes, los sindicatos plantearon al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que si no universalizaba la ayuda, lo menos que podía hacerse era establecer el plazo a contar para acceder a esta subvención en el 1 de enero, frente al 1 de agosto que establecía el decreto ley que la regula.

Corbacho ofreció, en cambio, retrasar la retroactividad de la medida hasta el 1 de junio, oferta que fue considerada insuficiente tanto por los sindicatos como por la mayor parte de la oposición, que exigieron la fecha de 1 de enero como mínimo.

El conste de la medida será de 700 millones adicionales, según explicó la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

Rojo recordó que cada mes que se amplíe la retroactividad de la medida tiene un coste de 100 millones de euros, por lo que a los 642 millones de euros iniciales que calculaba el Ejecutivo (aplicando la ayuda desde el 1 de agosto) hay que añadir ahora los 700 millones correspondientes al periodo enero-julio, lo que arroja un total de 1.342 millones de euros.

En cuanto a los beneficiarios potenciales de la ayuda de 420 euros, Rojo adelantó que la ampliación de la retroactividad al 1 de enero supondría ampliar esta cifra en 250.000 o 300.000 desempleados, lo que, unido a los 340.000 que preveía inicialmente el Gobierno, hace que la cifra final supere los 600.000 beneficiarios.

Rojo recordó además que el principal requisito para acceder a esta ayuda es tener voluntad de reinserción en el mercado laboral y que además hay que haber agotado todas las prestaciones sociales y contar con rentas que no superen el 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Poe su parte el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció que el acuerdo con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para la ampliación de las ayudas de los 420 euros a los parados sin subsidio a aquellos que se encuentran en esta situación desde enero de 2009 se materializará de la manera "más urgente posible", para que entren en vigor "a principios de noviembre".

Poe su parte el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho está "absolutamente de acuerdo" con el aumento de estas prestaciones que beneficiará a 700.000 personas, quien explicó que la voluntad del Gobierno es que se beneficien "todos aquellos que lo necesiten".

El portavoz parlamentario del PSOE no explicó los motivos del cambio del umbral para ampliación de las ayuda, fijado por Trabajo el lunes en el 1 de junio, si bien destacó el papel activo que han tenido en la negociación los sindicatos, a los que agradeció su "esfuerzo y racionalidad".

El acuerdo es fruto del pacto alcanzado con las formaciones de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai), se han sumando los nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria.

Por este acuerdo, estos grupos se comprometen a no presentar otras enmiendas al texto más allá de las pactadas sobre ampliación de las ayudas, un extremo que confirmó posteriormente el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

La medida tardará en entrar en vigor, pues los parados y paradas tendrán que esperar un mínimo de dos meses para empezar a cobrar las ayudas, siempre que no se pongan problemas en el trámite parlamentario la aplicación de la medida se puede retrasar un mes más.

Otro de los cambios que sufrirá la medida aprobada por el Gobierno en agosto, es la eliminación del artículo que condiciona el mantenimiento de estas ayudas a la existencia de una tasa de paro del 17%.